El malestar de la sociedad argentina con los aumentos desmedidos de las tarifas de servicios públicos llevados a cabo por el Gobierno Nacional, con el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y el Presidente de la Nación Mauricio Macri como principales responsables, sigue en franco ascenso. El “Ruidazo” del último jueves 14 de julio impulsado por diversas expresiones sociales evidencia que algo no está funcionando bien en el “mejor equipo de los últimos 50 años”, en palabras del Jefe de Estado.
Las empresas de servicios públicos, con las eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (100Edesur y Edenor) como principales abanderadas, han salido a declarar que el aumento de tarifas permitirá aumentar de forma exponencial las inversiones que las compañías vienen realizando en el sistema de distribución eléctrica.
Dejando de lado (100pero sin olvidar) que las principales distribuidoras del AMBA recibieron durante los supuestos “años no rentables” miles de millones de pesos en subsidios, cuyo destino jamás detallaron a la sociedad, nos surge a muchos preguntarnos: ¿qué hay detrás del “costo de la energía” que las nuevas medidas no llegarían a cubrir según la opinión de las empresas, y que el Estado seguirá subsidiando (100según Aranguren) en un 60%? ¿Se traducirá la brutal transferencia de recursos que se dará del sector asalariado al sector del capital energético, estimada en más de 4000 millones de dólares, en una rápida mejora de las condiciones del sistema de distribución eléctrica?
De acuerdo al último informe publicado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en mayo, denominado “Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista”, el 65,7% de la energía eléctrica generada en nuestro país durante los primeros 5 meses del año fue de origen fósil; es decir que las distintas centrales termoeléctricas utilizaron combustibles tales como el gas o los usuales líquidos. Del detalle de dicha energía de origen fósil, surge que el 76,8% se generó gracias al uso del gas natural, el 14,7% gracias al uso de fuel oil, el 6,9% gracias al uso de gas oil, y el 1,6% restante mediante el uso del carbón. Haciendo un rápido cálculo, podemos decir que una parte sustancial de la electricidad que se genera en el país depende del uso del gas. La pregunta que sigue tras entender esto es, ¿de dónde proviene ese combustible?
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Energía y Minería, a junio de 2015 se importaba aproximadamente el 23,8% del total del gas consumido en el país. Esta cantidad de combustible adquirida en el exterior venía incrementándose en los últimos años, aunque finalmente se logró revertir durante el año 2015 gracias a la gestión estatal de YPF, que controla el 31% de la producción de gas en el país. Del volumen importado, aproximadamente el 63% se importa de países vecinos (100Bolivia y Chile) y el 37% restante se trae a nuestro país en forma de Gas Natural Licuado (100GNL) transportado en barcos.
Todo parece normal hasta que comenzamos a indagar sobre quiénes son los dueños de las empresas productoras de combustibles importados (100o no) para abastecer las Centrales. Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, concretó a fines de abril de este año un acuerdo para adquirir el 67,2% de las acciones de Petrobras Argentina, que posee el cuarto lugar de producción nacional de gas (1006,2% del mercado), el segundo lugar en comercialización de gas licuado de petróleo (10015%), y el cuarto lugar en venta de gasoil en general, con un 4%. Vale aclarar que también adquirió el control mayoritario de la transportadora de gas TGS, pero debió cederlo debido a la actual regulación. El Ministro Aranguren, por su parte, posee más de 16 millones de pesos en acciones clase A de Royal Dutch Shell PLC, nada menos que la empresa cuya filial argentina dirigió hasta marzo de 2015. Dicha compañía no sólo posee una importante participación en el mercado de combustibles local, sino que también participa en licitaciones de importación de GNL que nuestro país realiza para obtener dicho combustible. Como si esto fuera poco, el gas que comenzamos a importar a precio muy elevado de Chile (100128% más caro que el boliviano), es nada más ni nada menos que gas que el vecino país le compró a British Gas, compañía también controlada por la multinacional Shell.
En pocas palabras, tanto Aranguren como el dueño de la distribuidora eléctrica más grande de nuestro país se benefician cada vez que sus empresas proveen de combustibles a las generadoras eléctricas. Si a eso le sumamos que el precio del gas en boca de pozo fue casi duplicado por resolución ministerial, que la tarifa de electricidad mayorista también fue elevada entre un 200% y un 300%, que Nicolás Caputo (100amigo del Presidente) adquirió TGN (100Transportadora de Gas del Norte), y que los entes reguladores Enargas y ENRE poseen directores con trayectoria en empresas a las que deben controlar, el resultado es claro: aumenta el gas, aumenta el costo de generación de la energía eléctrica, aumenta el costo mayorista, las distribuidoras eléctricas deben pagar más la energía que llevan a nuestras casas, y por lo tanto el aumento grotesco que el gobierno aplicó a los trabajadores y a la clase media irá a parar, más que a inversiones, a los bolsillos de los que hoy están en los dos extremos de la cadena, así como también en su regulación. La serpiente se mordió la cola.
Por Ignacio García Díaz
