A esta altura no sorprende, que ninguna de las grandilocuentes promesas de campaña de la Alianza Cambiemos, no se hayan cumplido, ni se cumplan en el futuro. Poco tiempo antes de las elecciones, en un acto de campaña, Macri junto con Prat-Gay, Sturzenegger y Frigerio anunciaba que se otorgarían un millón de créditos hipotecarios con cuotas similares a las de un alquiler. En esa ocasión también se precisó lo siguiente: “Se finalizarán 208.379 viviendas prometidas pero no terminadas por el gobierno actual y se construirán 100.000 viviendas nuevas por año. También se terminarán las 127.018 remodelaciones y mejoras en proceso y se lanzará un nuevo programa de mejoras para brindar soluciones en el lapso de un mandato”.
A menos de un año de haber asumido, la promesa de otorgar un promedio de 250.000 soluciones habitacionales por año, ha quedado entre la lejanía y el olvido. En el presupuesto 2017 se prevé la edificación de 120 mil viviendas nuevas y la distribución de 175 mil créditos subsidiados, esto es tan solo una quinta parte de lo anunciado por Macri en campaña. La noticia causó preocupación en la Cámara Argentina de la Construcción y en el gremio de la construcción (100UOCRA), por el impacto negativo que eso supone para la actividad, que viene cayendo a tasas interanuales de 15 a 20% hasta agosto.
No es una novedad que el PRO mienta en campaña electoral con grandes anuncios que luego quedan en la nada, empezando por los diez kilómetros de subte por año que anticipaba Macri antes de ser jefe de Gobierno porteño en 2007. Mientras que en materia de política habitacional, en sus ocho años de gestión, el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires pudo dar solo 6.121 soluciones habitacionales, es decir, menos del 5 por ciento de lo requerido, así lo informó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (100IVC), mientras que según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (100ACIJ), en 2014 la ejecución presupuestaria dejó sin utilizar unos 3.500 millones de pesos.
Aquí el inconveniente es que además de incumplir la promesa de campaña, Cambiemos está destruyendo una política pública virtuosa en materia de viviendas, de empleo y de impulso a la economía como era el plan Procrear.
El nuevo plan lanzado por la administración macrista, es más restrictivo que las versiones anteriores que se brindaban con Procrear. Según el Gobierno el nuevo sistema es superador, ya que el Estado tiene una participación importante al principio pero luego se desarrolla como un contrato privado entre la familia y el banco, debido a que se trata de un acuerdo entre privados, es decir que como en la mayoría de las políticas públicas del PRO, se relega el papel del Estado y se priorizan las ambiciones económicas del Mercado.
Los préstamos solo serán para compra de vivienda usada o a estrenar, con lo cual se pierde todo estímulo a la construcción y al empleo directo e indirecto asociado a ello. En su lugar, existe el riesgo de que se generen burbujas inmobiliarias especulativas por el aumento de demanda de casas y departamentos ya edificados.
Otro dato no menor, es que el acceso al programa es por medio de un sistema de puntaje, bajo criterios de la Secretaría de la Vivienda que, según el Gobierno, priorizará a las familias que más lo necesiten. De esta manera, se elimina el sorteo, una modalidad que había demostrado una gran transparencia.
En conclusión, la transformación del Procrear, perjudica a la clase media que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda sin la ayuda del Estado, al sector de la construcción y a los trabajadores. Los que si resultan favorecidos, son los bancos y especuladores inmobiliarios.
