La asunción de Macri en diciembre de 2015 trajo una noticia positiva para el ámbito científico: la continuidad del ministro Lino Barañao en la cartera del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde su asunción en 2007, pudo elaborar una estrategia de mediano y largo plazo que obtuvo algunos resultados relevantes: lanzamiento del Plan “Argentina Innovadora 2020”, repatriación de más de mil científicos al país, Ley de Promoción de la industria del Software, inversión en becas CONICET, Lanzamiento del satélite ARSAT 1 y 2, construcción de radares, desarrollo de los reactores nucleares CAREM, centros de procesamiento de datos generados por los satélites, desarrollo del cohete de transporte TRONADOR, entre tantos otros.
Pero, rápidamente se comenzó a notar un estancamiento en las iniciativas del ministro y del ministerio. No alcanzó con una figura, y lo que podría haber sido la continuidad de un proyecto de largo plazo solo quedó en las promesas de campaña.
En el marco de la discusión por el Presupuesto 2017, -que el pasado miércoles contó con la aprobación en Diputados-, científicos, investigadores, docentes y estudiantes se movilizaron al Congreso en rechazo al ajuste que propone el gobierno en el área de Ciencia y Tecnología, que pone en riesgo principalmente la investigación pública y la continuidad de los subsidios a la investigación, el ingreso de nuevos científicos al CONICET y la financiación de becas doctorales y post doctorales.
Tras la convocatoria masiva de la semana pasada, el gobierno de Macri buscó "instalar que se habría revertido el recorte planteado inicialmente", con el anuncio de una partida extra de $1.280 millones. Dicho monto se distribuiría del siguiente modo: $700 millones para el ministerio de C y T, $150 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, $300 millones para el INTA, $100 millones para el CONICET, y $30 millones para la Fundación Miguel Lillo.
Sin embargo, este aumento es muy inferior al necesario para evitar un recorte que perjudicará a infinidad de proyectos y desarrollos científicos y tecnológicos. Se estima que faltarían aproximadamente 3.200 millones de pesos más, teniendo en cuenta el porcentaje de aumento global del Presupuesto 2017 y la inflación producida durante el 2016.
En este sentido, el actual presupuesto implicaría un recorte brutal a la investigación pública. Desde la comunidad científica advierten que los fondos propuestos no alcanzarían ni siquiera para igualar el monto otorgado durante 2016, sino que estaría $190 millones por debajo, sin tener en cuenta la devaluación de diciembre ni la inflación acumulada.
Entre otros datos alarmantes, sostienen que de sancionarse la ley existen grandes posibilidades de cierre de la carrera en el CONICET, un gravísimo recorte en las becas otorgadas y, en definitiva, un Estado que deja a sus investigadores en muy malas condiciones salariales y de infraestructura e inversión, promoviendo una nueva fuga de científicos.
Para organismos como el INTA se reduciría el presupuesto en un 25%, siendo una pieza fundamental en la búsqueda de soberanía en tecnologías. También habría una significativa reducción para organismos como Citedef (100Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) y Fabricaciones Militares y otras instituciones como el Instituto Nacional del Agua y la Comisión de Energía Atómica.
En cuanto a la participación en el presupuesto total, mientras que, en el período 2009-2016 el porcentual del presupuesto nacional dedicado al Ministerio de C y T osciló entre 0,7% y 0,8 por ciento, el presupuesto 2017 apunta a reducir este porcentaje a un mínimo histórico de 0,59%.
Con este tipo de medidas, la gestión de Cambiemos pone en evidencia el intento por repetir recetas que han fracasado, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo y que frenan su desarrollo: achicar la participación del Estado, importar tecnología y desfinanciar la producción de conocimiento local, destruyendo puestos de trabajo y comprometiendo la independencia y soberanía argentina.
Lejos de fomentar nuestras usinas de inteligencia, ayudar a su crecimiento y vincularlas con los sectores productivos y muy lejos de entender que la Ciencia y la Tecnología deben estar al servicio del bienestar de cada argentino, el Gobierno reduce el papel impulsor del Estado, genera un mayor sometimiento al mercado, y fomenta una nuevo éxodo de jóvenes investigadores por falta de políticas que promuevan el rol central de la Ciencia.
Recordemos que el último éxodo de científicos e investigadores tuvo lugar durante la crisis del 2001. No resulta extraño que, repitiendo viejas recetas de corte neoliberal, perdamos nuevamente a nuestro científicos y al aporte que, desde distintas especialidades, hacen al desarrollo del país.
Cuando Macri era candidato sostenía que iba a elevar al 1,5 por ciento del PBI la inversión en Ciencia. Sin embargo, parece una costumbre de este Gobierno olvidar las promesas, “cometer un error” y corregir sobre la marcha. Parece una costumbre, volver siempre sobre el mismo engaño, sobre el mismo artilugio.
Durante los 11 meses de gestión, sistemáticamente, el Gobierno aplicó un ajuste brutal para que todo reclamo partiera de un piso muy bajo. Y no solo eso, sino que, luego de las presiones, se mostró flexible cediendo un poco y saliendo a decir que es un gobierno abierto al diálogo, que negocia y escucha.
A diferencia de lo propuesto por el Gobierno, nosotros entendemos que dar sustento científico y técnico a la independencia económica en un marco de soberanía política es uno de los pilares del modelo peronista para la organización de la sociedad Argentina. Así, el propio Perón manifestó:
Si bien la importancia de la ciencia y el desarrollo tecnológico normalmente se asocian con los países rectores en el mundo, es imperioso señalar que la ciencia y la tecnología tienen una función primordial que cumplir en los países de menor desarrollo relativo en busca de una mayor autodeterminación y solución de sus problemas particulares. (1001974)
Los procesos de desarrollo económico no pueden estar separados de los procesos de generación de conocimiento. El capital económico requiere de la formación de capital social y humano que permita generar las condiciones materiales y simbólicas para formular políticas públicas de largo plazo, que tengan como fin último la integración social y el beneficio de las mayorías. Sin Ciencia y Tecnología no hay desarrollo soberano e independiente posible. La pregunta que nos queda es: con este tipo de políticas, ¿hacia qué proyecto de país vamos?
