La irregular destitución de Dilma Rousseff fue un golpe duro para la democracia brasileña. Apenas 3 meses después, el gobierno de Michel Temer atraviesa su peor momento. El rechazo a su administración llega al 70%, según un estudio de Ipsos. Desde su asunción en mayo, seis ministros dejaron sus cargos. Multitudinarias manifestaciones exigen un freno a la corrupción y rechazan las políticas de ajuste. Mientras tanto, la situación económica del país es mala y no muestra signos de mejora. Entre enero y septiembre, la economía se contrajo un 4% en relación a igual período del 2015 y ya lleva siete trimestres seguidos de caída, de acuerdo al IBGE (100el equivalente a nuestro INDEC). Según la estimación del propio gobierno, este año la caída del PBI rondará el 3,5%, generando un marcado deterioro del nivel de vida de la población, especialmente de los sectores populares.
En ese contexto desfavorable, el gobierno de Temer mantiene un rumbo claro: ajuste fiscal, simulacro de lucha contra la corrupción y cambios en la inserción internacional de Brasil. Una propuesta que implica limitaciones y retrocesos en las conquistas sociales de la etapa del PT, sin dar respuesta a nuevas demandas de la sociedad brasileña.
A pesar de las dificultades y de los errores – el gigantesco esquema de corrupción en Petrobras, los desajustes macroeconómicos, la debilidad en la construcción política de Dilma- los logros del gobierno del PT (1002003-2015) fueron enormes: durante ese período 36 millones de brasileños salieron de la pobreza y otros 40 millones se incorporaron a la clase media. Entre 2001 y 2013 la pobreza extrema se redujo del 10% al 4%, según un informe del Banco Mundial. Traducido: por primera vez en su vida amplios sectores de la sociedad brasileña pudieron comer cuatro veces al día y acceder a modestas posibilidades de consumo. Y en gran medida ello fue producto de políticas –como Bolsa Familia- dirigidas a los sectores más vulnerables, acompañadas por un contexto económico internacional favorable.
A pesar de haber sido el vicepresidente de Dilma, Temer se comporta como si nada de eso hubiera sucedido; o peor, como si esos avances significaran obstáculos que hay que remover. La composición de su gabinete y la orientación de sus políticas hablan de un presidente que viene a revertir los logros de la larga década petista.
En cuanto al gabinete, en una ruptura clara con el gobierno del PT el actual presidente -quien continuará el mandato de Dilma hasta 2018- incorporó a su gobierno a algunos de los más furiosos opositores a Lula y a Dilma, como el canciller José Serra, dos veces candidato presidencial por el PSDB (100el partido de Fernando Henrique Cardoso, principal fuerza política de oposición al PT). En lo referente a las políticas públicas, el proyecto estrella del gobierno de Temer es una propuesta de enmienda constitucional (100conocida como PEC 55) que busca poner un techo al gasto público por 20 años. El proyecto obtuvo votaciones positivas en las Cámaras de Diputados y en el Senado; para convertirse en enmienda, todavía debe superar una votación en el Senado. Se trata de una amenaza clara a los programas sociales implementados durante las presidencias de Lula y de Dilma, que muy probablemente signifique recortes en salud, educación y lucha contra la pobreza. La medida ha generado la movilización de sindicatos, movimientos sociales y de ciudadanos que entienden que las conquistas sociales alcanzadas están en peligro.
Mientras avanza en su propuesta de ajuste fiscal prolongado, el gobierno de Temer dice combatir la corrupción. Está claro que los escándalos de corrupción minaron la legitimidad del PT y contribuyeron a la caída del gobierno de Dilma. También resulta claro que el gobierno de Temer, más allá de la retórica, no representa una alternativa en este terreno. En las últimas semanas, dos ministros dimitieron, involucrados en un caso de tráfico de influencias: el de Cultura, Marcelo Calero, y el de Relaciones con el Congreso, Geddel Vieira Lima. A ello se suma la detención de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y actor fundamental en la destitución de Dilma, vinculado al esquema de sobornos en Petrobras; y el procesamiento de Renan Calheiros, el actual presidente del Senado y aliado clave de Temer, acusado de peculado.
Pero la mayor muestra del escaso compromiso del gobierno y sus aliados en este tema se dio en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a un paquete de medidas de lucha contra la corrupción propuesto por los fiscales del caso Petrobras, que había recibido el apoyo de más de dos millones de firmas. Las modificaciones votadas implican limitar las atribuciones del poder judicial en las investigaciones de corrupción, a contramano de la demanda de la mayoría de la sociedad.
El gobierno de Temer, por último, abre un signo de interrogación en cuanto al Mercosur. Fue el actual canciller Serra quien afirmó, siendo senador, que “el Mercosur fue un delirio megalo maníaco”. Apenas asumido, propuso modificar las reglas del acuerdo, para que cada socio pueda realizar acuerdos comerciales por su cuenta. Por el momento, Temer y su ministro no han dado muestras de fortalecer el acuerdo, sino más bien lo contrario.
En resumen, por lo visto hasta el momento el gobierno de Temer representa una amenaza a las conquistas sociales de los últimos años, la continuidad de prácticas de corrupción y un retroceso para el proyecto de integración regional. Desde el Justicialismo es necesario desarrollar un análisis crítico y hacer nuestro aporte para evitar que el proceso de inclusión social e integración sudamericana impulsado durante los gobiernos del PT sufra un retroceso. Ello es parte de nuestra tarea como militantes políticos y como protagonistas de un proceso histórico que –tal como nos enseñara Perón- trasciende nuestras fronteras.
