Sin independencia económica
no hay posibilidad de justicia social.
J. D. Perón
Hace 70 años, un 9 de julio en Tucumán, el General Perón, en su primer gobierno, declaraba la “Independencia Económica”. Pero, ¿cuál es el alcance y el significado actual de este concepto tan amplio?
Síntesis de los acontecimientos producidos el 9 de julio de 1947 en la Casa de Tucumán.
En un mundo cada vez más interconectado, con la trascendencia y el peso específico que tienen las corporaciones y los bancos trasnacionales en la economía mundial, el aumento constante del comercio y la alta ponderación de las cadenas globales de valor en el comercio internacional; el crecimiento exponencial de los activos financieros, prácticamente sin reglas reconocidas mundialmente; el auge de la construcción de áreas económicas de libre comercio, en donde el intercambio de mercaderías pierde peso y aumenta el del capital intelectual y de patentes, los servicios, las compras estatales, la cesión de soberanía para resolver disputas jurídicas y económicas, parecería ser que hablar de “independencia económica” es retroceder a la prehistoria y remitirse al nacionalismo económico o la idea de autarquía económica, con toda la carga negativa que eso implica para el liberalismo económico hegemónico.
Sin embargo, el Estado-Nación continúa siendo no solo la entidad base de cualquier acuerdo jurídico, político o económico internacional en el mundo actual sino también, y más importante aún, la referencia identitaria, en términos sociales, de la mayor parte de los habitantes del mundo.
No obstante, el concepto de “independencia económica” no necesariamente debe quedar reducido al Estado nacional, sino que puede abarcar esquemas políticos de integración o unión regional para hacer frente a actores de mayor poder político y peso económico.
En la actualidad, el concepto ya no significa necesariamente ser autárquico en todos los sectores económicos relevantes fomentando la sustitución de importaciones de casi todo el nomenclador aduanero ni significa contar con amplias reservas de hidrocarburos ni contar con grandes corporaciones privadas o públicas (100algunas de ellas trasnacionales) ni estar desligado de organismos multilaterales de comercio o crédito por sus pasados o presentes ignominiosos, ni tampoco que la mayor parte del comercio exterior se realice de forma administrada o diplomática centralizadamente, ni que los servicios públicos sean gestionados estatalmente.
Ejemplar del periódico peronista La Época del 8 de julio de 1947 anunciando la declaración de la Independencia Económica que anunciaría el general Perón al día siguiente.
En este marco, entonces, la resignificación del concepto de “independencia económica” se torna imprescindible.
En primer lugar, para entender la independencia económica hoy, se vuelve necesario pensar el rol central y el relacionamiento del Estado y del sector privado respecto del sistema financiero trasnacional y el consecuente peso y condiciones del endeudamiento. A nadie escapa el gigantesco nivel de endeudamiento público y privado (100en términos absolutos en USD o en % de PBI nacional) de los países desarrollados y de la mayoría de países emergentes o en desarrollo. Nuestro país poseía un endeudamiento del sector público que era de alrededor de 50% del PBI a fines de 2015, hoy ese endeudamiento es sustancialmente mayor y se encuentra en alza dramáticamente. Para comparar, y tener en cuenta, en 2015, Chile poseía un endeudamiento público de solo 16,7% de su PBI, Ecuador del 30,5%, Suecia del 43,2%, Australia del 44,2%, Corea del Sur del 44,8%, Brasil del 66,5%. El endeudamiento externo total de nuestro país (100público y privado) a fines de 2015 era de 136 mil millones de USD, ubicándose en el puesto 41 a nivel mundial, lo cual es un nivel bajo para el tamaño de la economía Argentina (100podría duplicar ese nivel en la medida en que creciera constantemente su economía); pero, generalmente, la mayor parte de ese endeudamiento externo en los países bien gestionados, es privado y no del sector público. Sin embargo, también puede ser peligroso dejar subir exponencialmente el endeudamiento externo privado en países emergentes, debido a que cualquier crisis interna o externa de gravedad produce amplias presiones para realizar estatizaciones de deuda privada externa (100algo que ha sucedido en la historia argentina reciente en 1981/83, por ejemplo, y en más oportunidades, estatizaciones de deuda privada interna, que indirectamente alivia la situación de empresas para afrontar compromisos externos).
Otro eje significativo para medir el grado de independencia económica es la capacidad de innovación científica y tecnológica, más importante aún que la capacidad industrial masiva o en escala. Se estima que Argentina posee un nivel de inversión pública y privada de I+D (100investigación y desarrollo científico tecnológico) de alrededor del 0,6% del PBI. Un nivel aceptable para un país subdesarrollado, pero bajo para un país que aspira a abandonar su nivel de atraso tecnológico y aspira a producir y exportar bienes de mayor valor en relación al volumen o cantidad de bienes. Para comparar, actualmente Australia o Francia poseen un nivel de I+D de alrededor de 2% del PBI, EEUU y Alemania de alrededor del 3% del PBI y Noruega y Reino Unido de 1,5% del PBI. Los países que se han desarrollado más rápidamente, lo han hecho con un fuerte apoyo estatal a la investigación tecnológica y en estrecha cooperación con las empresas privadas, principalmente de capital nacional.
Por otro lado, continúa siendo relevante la propiedad o la capacidad de gestión y decisión nacional sobre los recursos naturales, especialmente minerales (100hidrocarburos, yacimientos metalíferos); pero también la tierra, el agua, el patrimonio forestal o vegetal, la fauna autóctona y el ambiente natural libre de contaminación. Resulta de vital importancia custodiar y defender este capital natural para usufructo sustentable no solo de la Nación sino de la Humanidad en su conjunto.
Otro punto a tener en cuenta es la capacidad de negociación diplomática y la capacidad de acumulación de poder político y cohesión interna para elaborar y poner en práctica políticas de Estado de largo plazo, con el fin de evitar cesiones de soberanía que, en el corto plazo, puede redundar en importantes transferencias de ingresos a actores trasnacionales o estatales extranjeros, o bien a pérdida de diversos intereses nacionales. Actualmente, esta capacidad de negociación nacional implica no solo la obtención de divisas a través de la apertura de mercados para productos y servicios nacionales, sino especialmente la creación y consolidación de puestos de trabajo de calidad que permitan sustentar a los precarizados sectores medios de economías desarrolladas o emergentes. En este sentido, la posición de debilidad en la que se encuentra habitualmente un país subdesarrollado y las concesiones que debe realizar frente a negociaciones con organismos multilaterales dirigidos por países desarrollados como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio son ampliamente conocidas. Casos emblemáticos para Argentina han sido las concesiones y ajustes económicos sufridos por los acuerdos “stand by” con el FMI desde Frondizi en adelante, o las eternas negociaciones con pocos y arduos resultados en el capítulo agrícola del GATT primero y luego en el marco de la OMC; o el haber entrado en el tribunal internacional para inversiones dependiente del Banco Mundial, el CIADI (100Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), en el cual el país ha sufrido varios reveses por la salida de la convertibilidad y los acuerdos en condiciones muy desventajosas para Argentina, que el Estado firmó durante la década de los noventa con las multinacionales de países desarrollados. Se debe tener en cuenta que el basamento jurídico del CIADI favorece a las empresas multinacionales y las demandas legales pueden ser iniciadas solo por las empresas contra los Estados y no viceversa, sus decisiones son inapelables. Todo esto, más la posibilidad de litigar en tribunales de países desarrollados (100Nueva York y Londres, por ejemplo) que poseen las empresas multinacionales financieras, de servicios y mineras principalmente, ante la posibilidad de conflictos por inversiones reales o financieras, configura una extraordinaria cesión de soberanía política, jurídica y económica, con repercusiones negativas tangibles en la posibilidad de capitalización de la economía y en el desarrollo social de la comunidad nacional.
La defensa del trabajo nacional, por su parte, ha vuelto estar sobre el tapete a partir de las prolongadas crisis económicas de varios países desarrolladas y el malestar de las clases medias pauperizadas que descargan su desencanto con el sistema político y económico en las elecciones de países democráticos. En Argentina, el Justicialismo ha defendido en varias ocasiones, con diversas leyes y normas, el trabajo de sectores productivos frente a la competencia externa o ha contribuido a fomentar nuevos sectores en el proceso de sustitución de importaciones, no solo desde la óptica de la estrategia de la industria naciente, sino principalmente por la convicción de que el trabajo humano es un articulador social y familiar irremplazable, un derecho y un deber social, como también un fundamento concreto de la dignidad intrínseca del ser humano. El capital humano, el Pueblo, es el mayor activo para lograr y mantener grados de libertad e independencia de intereses extranjeros; el capital humano formado no solamente en aptitudes técnicas o científicas, que son fundamentales para el desarrollo económico, sino también en valores humanos y culturales, en la conservación de las tradiciones; un pueblo que privilegie el desarrollo humano de los sectores más vulnerables (100como los niños y niñas, los ancianos, las personas con capacidades diferentes) y que posea cultura política para lograr cohesión nacional y alcanzar objetivos comunes ambiciosos.
Acta de declaración de la Independencia Económica de la Argentina proclamada por Juan Domingo Perón en un gesto de enorme importancia real y simbólica para la época.
A esta altura de la convulsionada historia nacional poco vale descargar culpas en Estados, organismos o empresas extranjeras. Las culpas de haber perdido altos grados de soberanía económica hay que buscarlas fronteras adentro: al haber negociado de forma irresponsable o débil en momentos clave de la reconfiguración de la institucionalidad global; al apostar en demasía por la inversión extranjera en sectores estratégicos, algunos de los cuales anteriormente tenían una fuerte presencia estatal; al endeudar constantemente al Estado para solventar déficits fiscales abultados (100no para financiar inversiones sino gasto corriente, la mayoría de las veces) y generar una transferencia permanente de divisas al sector financiero internacional; al atrasar permanentemente el tipo de cambio para favorecer a sectores importadores, el pago de deuda externa y el consumo suntuario de sectores medios y altos; al favorecer con legislación ad-hoc los intereses de multinacionales que invierten poco y giran demasiadas utilidades de diferentes formas; al no apoyar de forma decidida y creciente la educación y la investigación científica y tecnológica, como también a la industria nacional y sus diferentes eslabonamientos; al no promover con mayor ímpetu las exportaciones argentinas y mejorar la competitividad sistémica nacional.
Por todo esto, hoy más que nunca, creemos imprescindible cuestionar al Gobierno, que sigue promocionando políticas de socavamiento del interés nacional, y alentar la modificación de las situaciones o normas desventajosas para lograr una mayor soberanía económica que posibilite una crecimiento constante de la capitalización del país, con aumentos significativos de la producción, las exportaciones y la productividad, con cuentas públicas equilibradas para dejar de depender de préstamos externos, el manejo a través de empresas nacionales de los recursos naturales y estratégicos de la Nación.
Solo a través de una mayor independencia económica se podrá multiplicar la riqueza, lo que derivará, en consecuencia, en poder distribuirla más y mejor, generando menos conflictos sectoriales, mayores grados de bienestar para el pueblo, eliminar la pobreza estructural que tanto nos duele y brindar al Estado y a la Nación mayor poder político y económico en el concierto de las naciones, en esta nueva etapa de cambios que es la multipolaridad mundial.
