La pobreza es sin dudas la gran cuenta pendiente de la democracia desde su retorno en 1983. Pero el proceso de su crecimiento descontrolado comienza a partir de mediados de la década del 70. Tras la muerte del general Perón, la política de concertación de precios fue jaqueada tanto por los empresarios como por los sindicatos. Durante la presidencia de Isabel Martínez, su ministro de Economía, Celestino Rodrigo, implementó un programa económico basado en la liberación de precios y tarifas que provocó una fenomenal recesión cuyos efectos se hicieron sentir durante muchos años. La inflación trepó a los tres dígitos; se licuaron las deudas de las grandes empresas, lo que motivó la desaparición del crédito a largo plazo, especialmente el hipotecario; comenzó el uso del dólar como moneda de referencia para transacciones de todo tipo de activos, especialmente inmuebles y sobre todo, aumentó la pobreza estructural, que hasta 1974 estaba en un 4,5%, el nivel histórico más bajo al que nunca se pudo volver. Con el inicio de la dictadura cívico-militar en marzo de 1976 comenzó una etapa de liberalización económica–financiera, en conjunto con una reducción del Estado como nunca antes se había visto. Como si ello no fuera suficiente, la avalancha de importaciones de productos manufacturados destruyó el tejido productivo que, con sus vaivenes, había logrado mantenerse desde los primeros gobiernos peronistas.
En el siguiente gráfico, elaborado por el Doctor en Sociología Económica Daniel Schteingart del CONICET, se observa la evolución de la pobreza desde el retorno de la democracia utilizando la metodología actualizada en 2016 por el INDEC.
Gráfico 1
Del mismo se desprenden algunas conclusiones: en primer lugar, el deterioro socio económico que elevó los niveles de pobreza durante las crisis de 1989 (100hiperinflación) y 2001 (100corralito-recesión) con los gobiernos encabezados por la Unión Cívica Radical, en segundo lugar, que la aplicación de políticas neoliberales (100desregulación económica, privatizaciones y desindustrialización) llevaron los niveles de pobreza a su máximo histórico, además de sembrar las semillas de la mayor crisis socio-económica que estalló en nuestro país a comienzos del siglo XXI.
El modelo vigente durante el periodo 2003-2015 permitió un descenso de la pobreza e indigencia, que se encuentran detalladas en el gráfico 2 elaborado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de la Plata (100CEDLAS) para su informe “La Pobreza en Argentina: recuperando la comparabilidad” (1002017). Si bien se produjo un descenso de la pobreza y de la indigencia, lo cierto es que en los últimos años de la etapa, la pobreza se estancó alrededor el “estructural” 30%. Las causas del estancamiento fueron las limitaciones provocadas por la restricción externa de divisas, la ralentización de la generación de empleo y la imposibilidad de reconvertir profundamente la matriz productiva. Estas contingencias fueron paulatinamente delineando una situación macroeconómica que, si bien no catastrófica claro está, generó condiciones para que las urnas no fuesen favorables en las elecciones presidenciales de 2015.
Gráfico 2
El CEDLAS, a su vez, en su documento “La Pobreza en Argentina: el contexto regional” (1002017) también menciona algo interesante: si bien un 30% de pobres es una cifra que debería avergonzar a todo dirigente político que se jacte de defender los intereses de los más humildes, si se estandariza la vara del INDEC actual para medir la pobreza en el resto de la región veremos que el relato neoliberal no tiene asidero.
Gráfico 3
Gráfico 4
Como se observa, nuestro país está entre los de menores índices de pobreza e indigencia. Lamentablemente, las políticas aplicadas a partir de enero de 2016 por el Gobierno de la Alianza Cambiemos en términos de desindustrialización, apertura de importaciones y suba de tarifas descontrolada llevan a repetir experiencias del pasado. Así, las Pymes que agregan valor a productos primarios para fabricar manufacturas están en serio peligro (100las estadísticas laborales de 2016 así lo indican), lo cual genera un “huevo de la serpiente” tendiente a volver al modelo de servicios y exportación de productos primarios que, como está hartamente estudiado, no tiene la capacidad de absorber toda la mano de obra existente en nuestra población económicamente activa (100PEA). Por su parte, políticas como la extensión de la Asignación Universal por Hijo a monotributistas o el Plan Empalme (100que, si bien no ha tenido éxito hasta ahora pretende transformar prestaciones sociales en empleo registrado), son políticas que ayudan pero que no cambian un rumbo a todas luces perjudicial para la reducción de la pobreza. Tras quince meses consecutivos de caída de la industria entre 2016 y mediados de 2017, y una depresión abrumadora en el consumo de bienes y servicios que parece no tener fin, se creó una bola de nieve que afecta seriamente lo que el Gobierno denomina generación de empleo “de calidad”, que en consecuencia impactará en el tercio de la economía que se encuentra en la informalidad y que por ende es el sector social más vulnerable.
En vista del actual cuadro de situación, es necesario retrotraer la liberalización no planificada del comercio exterior y generar eslabones que generen competitividad. Las políticas sociales ayudan a cruzar el río hacía un nivel de vida digno, pero de ninguna manera permitirán eliminar la pobreza si (100como ocurrió en 2016) un vendaval recesivo azota nuestra economía. Hoy más que nunca cobra vigencia la concepción elaborada por Juan Domingo Perón hace décadas: “en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo” pues la realidad indica claramente que el único camino para lograr la erradicación de la pobreza es la generación de empleo en el marco de un desarrollo sustentable y planificado que permita estabilizar una matriz productiva por varias décadas, siempre con un Estado acompañando y coordinando la articulación con los distintos sectores de nuestra sociedad en pos del bienestar colectivo.
