A temprana edad solemos aprender que
nuestro Estado se divide en tres poderes: Poder Ejecutivo (100encargado de las
relaciones exteriores, la seguridad interior y exterior, ejecutar políticas
producto de leyes sancionadas, etc.), un Poder Legislativo (100creador de leyes y
modificador de la legislación existente), y un Poder Judicial (100que dirime
conflictos y castiga delitos aplicando la normativa vigente). Esta forma de
organizar el estado denominada división
de poderes tiene diversos orígenes e influencias (100John Locke o Aristóteles,
por mencionar algunas), pero sin dudas quien es considerado “el padre de la
división de poderes” fue Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu. El mismo solía
distinguir entre gobiernos republicanos (100donde el pueblo ejerce la soberanía) y
gobiernos monárquicos. Cabe aclarar que Montesquieu no era partidario de
ninguna de las dos formas de gobierno, sino que prefería una síntesis de ambas:
las monarquías parlamentarias, que a su criterio reunían las mejores
características de cada forma de gobierno. El modelo de monarquía parlamentaria
de Montesquieu era Inglaterra, en donde el Rey ejercía el Poder Ejecutivo, el
Parlamento el Legislativo y el Judicial era llevado a cabo por la Corte
Inglesa. A pesar de ello, la división de poderes de Montesquieu fue la base de
la Forma Republicana de Gobierno, que nuestra constitución acuña para nuestro
país, siendo además Representativa y Federal.
Esta breve introducción a la división de
poderes no es simplemente un repaso de las materias Educación Cívica e Historia
Contemporánea que vemos durante nuestros años de educación primaria y
secundaria. Durante años, con especial énfasis en la campaña presidencial de
2015 y ya una vez en el Gobierno, la alianza Cambiemos ha declamado el
republicanismo para terminar con el supuesto despotismo, populismo, desprecio
por la división de poderes e injerencia presidencial en la Justicia ocurrida
según sus dirigentes en el período 2003-2015. Una vez más, a las palabras se
las llevó el viento. Veamos, poder por poder, cómo el gobierno de Mauricio
Macri fue llevándose por delante las leyes, los reglamentos parlamentarios y la
Constitución Nacional.
Una de las banderas republicanas
esgrimidas por Elisa Carrió y otros dirigentes de Cambiemos era la no
injerencia en los asuntos de la Justicia y el respeto por la autonomía de este
poder del Estado. A cinco días de asumir su mandato, en diciembre de 2015, nos
enteramos que Mauricio Macri nombró a dos Jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por decreto, bajo el rotulo de “en comisión”. Esta decisión, cuestionada por todo el arco
político (100por ejemplo Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos de la UCR, o Margarita
Stolbizer, de más que buena relación con el Gobierno), fue un claro
avasallamiento al supuesto Republicanismo que Cambiemos dice profesar. En esa
línea también se inscribieron las constantes presiones que recibió la ex
Procuradora General de la Nación, Alejandra GilsCarbó, quien debió renunciar en
diciembre de 2017 ante los reiterados pedidos del Poder Ejecutivo de dar un
paso al costado. Más allá de sus posturas ideológicas en cuanto a lo judicial y
de una denuncia en su contra que se encuentra en proceso, la ex Procuradora
había sido votada en 2012 por la enorme mayoría de los Senadores (100incluso
representantes de Cambiemos), evidenciando las contradicciones en la alianza gobernante
y su obsesión por removerla por motivos ideológicos. Por este motivo, hace ya
más de un año que la Procuración General de la Nación está a cargo de un
Procurador Interino (100Eduardo Casal), y la candidata de Mauricio Macri a ocupar
el cargo (100Inés Weimbergde Roca “amiga personal del gimnasio” del Presidente) no
consigue conformar a los Senadores para aprobar su pliego. De esta manera,
cambiar una Procuradora “no propia” por una amiga personal presidencial (100a la
cual según Macri conoció en un gimnasio en Barrio Parque) es otra maniobra con
escasos rasgos republicanos. Otra para anotar en los “anales del
republicanismo” es el traslado del juez de la Cámara de Casación Porteña con
competencia en lo criminal y correccional, Carlos Alberto Mahiques, a la Cámara
Federal de Casación Penal por decreto presidencial. Al ser distintas
jurisdicciones y distintas competencias, correspondía que el Dr. Mahiques se
someta a un Concurso de Oposición y Antecedentes con la subsiguiente aprobación
del Senado. Cabe recordar que, además de haber sido Ministro de Justicia de la
Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Mahiques tiene la ventaja de contar
con un hijo ocupando el Cargo de Viceministro de Justicia (100Juan Bautista
Mahiques), siendo éste también representante del Poder Ejecutivo ante el
Consejo de la Magistratura. Si bien Mahiques hijo se abstuvo en la resolución
favorable del Consejo por el traslado de su padre, la mayoría simple de la que
Cambiemos gozaba en ese momento en el Consejo de la Magistratura permitió
aprobar la recomendación del traslado ante el Poder Ejecutivo. Finalmente,
Macri coronó la maniobra de nulo republicanismo con el Decreto que decidió el
cuestionado traslado.
En lo Legislativo, Cambiemos tampoco
se queda atrás en el desapego a las instituciones. A poco de asumir el Poder
Ejecutivo y cambiar las autoridades de la Cámara de Diputados, el interbloque
oficialista forzó el reglamento para designar miembros del Consejo de la
Magistratura de la Nación en representación de la Cámara Baja. La normativa
interna del cuerpo legislativo señala claramente que el bloque mayoritario
tendrá 2 lugares en el Consejo, mientras que el segundo bloque en cantidad de
miembros tendrá uno. En una jugada más que cuestionable, Cambiemos adujo en la
votación parlamentaria que los dos lugares por la mayoría correspondían al
interbloque mayoritario (100cuando el reglamento habla de bloque). De esta manera,
en conjunción con la UCR y la Coalición Cívica el oficialismo impuso a Pablo
Tonelli para ocupar la banca en el CMN que había dejado vacante Anabel
Fernández Sagasti del bloque FPV-PJ (100bloque mayoritario de Diputados al que le
correspondía la banca). Este hecho no es aislado en la Cámara Baja: en
otra maniobra poco reglamentaria, el oficialismo sentó dos diputados que aún no
habían jurado su mandato para dar quórum en la sesión del 16 de diciembre de
2017. Finalmente, ante la queja de la oposición por tan burdocomportamiento, el
Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó dio por abortado el intento.
Otro aspecto en el que el Poder
Ejecutivo embiste contra las atribuciones del Poder Legislativo es el de los
Decretos de Necesidad y Urgencia (100DNU). Un ejemplo burdo de ello fue el caso
del blanqueo de capitales, en el que esta ley sancionada por el Congreso
prohibía explícitamente la incorporación al mismo de los familiares de
funcionarios. Unas semanas después, Mauricio Macri decidió mediante un DNU
modificar la ley sancionada para permitir a los familiares de la alta función
pública entrar en el blanqueo. Mediante esta turbia maniobra el hermano del
Presidente, Gianfranco Macri (100entre otros miembros de la familia) pudo
blanquear cientos de millones de pesos. Un verdadero negocio familiar.
El
traslado de la Oficina de escuchas telefónicas (100Departamento de Intercepción y
Captación de las Comunicaciones, DICOM) desde el Ministerio Público Fiscal a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación también fue una maniobra “poco
republicana”. ¿Qué urgencia había de modificar una ley tan sensible como la Ley
de Inteligencia Nacional nº 25.520 y su modificatoria nº 27.126 (100que creó la
Agencia Federal de Inteligencia reemplazando a la ex SIDE)? Otro ejemplo más
que cuestionable fue la utilización del Ente Nacional de Comunicaciones para
perdonarle prácticamente toda la deuda que la familia Macri mantiene con el Estado
Nacional por el vaciamiento del hoy Correo Argentino (100hoy estatizado). Según la
Fiscal del fuero Comercial Gabriela Boquín, quien por oponerse al acuerdo entre
el ENACOM y el Grupo Macri fue víctima de un intento de separación de la causa
por parte de los Abogados del holding presidencial, la condonación de deuda
implicaba que el Estado dejaría de percibir alrededor de 70.000 millones de
pesos. Una verdadera estafa al pueblo argentino tras la mala administración de su
empresa postal bajo la administración privada del Grupo Macri.
Se ve a
las claras, con sólo repasar algunos ejemplos, que la alianza Cambiemos dice lo
que se debe hacer en términos de republicanismo, pero hace todo lo contrario
mediante irregularidades y atajos político-judiciales. Ni su “abanderada de la
República” Elisa Carrió suele ya esgrimir defensas de dichas maniobras,
prefiriendo el silencio sepulcral. Laura Alonso, nombrada en la Oficina
Anticorrupción gracias a un DNU de Macri debido a que no cumplía el requisito
de ser abogada, se ha hecho famosa por utilizar la frase “técnicamente no es
delito” en los medios de Comunicación para defender este tipo de “mamarrachos”
jurídicos y políticos. Así, llegando ya al final de su mandato, el Gobierno
Nacional deja mucho que desear en términos de republicanismo. La cuestión
social y la cuestión económica no necesitan ni ser mencionadas, ya que los
resultados están a la vista, pero bien vale haber realizado este recorrido por
algunos hechos poco claros para demostrar que Mauricio Macri y los suyos ni
siquiera han tenido resultados satisfactorios en uno de sus principales
“caballitos de batalla”. Sin dudas, la
coalición gobernante se lleva la asignatura Republicanismo “a marzo”, como se suele
decir en la escuela.
