A dicho acto fueron invitados funcionarios nacionales, funcionarios del Poder Judicial, y miembros de la oposición, entre otros. Acompañando a la Presidenta en el escenario se encontraba el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y el Ministro Julio Alak. Muchos representantes del poder judicial también se hicieron presente.
El único miembro de la oposición que estuvo presente fue el senador por la UCR Eugenio Artaza.
La ausencia de miembros de la oposición fue justificada a través de distintas declaraciones. Ricardo Gil Lavedra adujo que era "innecesaria la presencia de los representantes del partido", Federico Pinedo expresó "no vamos a ir a aplaudir algo que no sabemos de que se trata". Jaime Linares del FAP-GEN dijo que "es un mensaje para La Corte Suprema, apunta a disciplinar la justicia y condicionar a los jueces". En el mismo sentido De Narváez dijo "no acompañar el intento de limitar la independencia de la justicia" y Elisa Carrió "No puedo avalar proyectos cuya intención, entiendo, es la destrucción de la poca justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial"
Las medidas anunciadas fueron 6 tendientes a lograr no solo una democratización de uno de los poderes del estado sino también para lograr revertir la creciente deslegitimación que tiene actualmente por diferentes comportamientos y sentencias.
1) Ley de reforma del Consejo de la Magistratura: implica la elección a través del voto popular de los jueces, abogados y académicos/científicos, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Nacional. El número de integrantes pasaría de 13 a 19. Será necesaria la mayoría absoluta (100la mitad más uno) para las grandes decisiones y quedaría conformado de la siguiente forma: 4 académicos por la mayoría y 2 por la minoría; 2 abogados por la mayoría y uno por la minoría; 2 jueces por la mayoría y uno por la minoría. El nuevo esquema estaría compuesto por un total de 5 académicos y 3 abogados.
2) Ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa: se eliminan los privilegios. El ingreso será por exámen y una vez aprobado, quedarán en una nómina de ingresantes. Y a través de un concurso público se cubrirán las vacantes.
3) Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial: implica la publicación obligatoria de todas las causas existentes en el Poder Judicial mejorando el acceso a la información.
4) Ley de creación de Cámaras de Casación: el objetivo es unificar la jurisprudencia y agilizar el trabajo de la Corte Suprema. Se crearán en los ámbitos: Contencioso Administrativo Federal, Nacional y Federal del Trabajo, Nacional y Federal de la Seguridad Social y Nacional y Federal en lo Civil y Comercial.
5) Ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado: las declaraciones serán de carácter público, igualando los requisitos exigidos para los otros dos poderes.
6) Ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados: para éste fin se establece un período máximo de 6 meses y luego de dicho plazo, el juez deberá resolver la cuestión de fondo, acortando los tiempos. Se busca proteger el interés público. El Estado deberá ser notificado ante cualquier cautelar en su contra
Quizás el más importante de éstos proyectos es el que se refiere a las medidas cautelares. Es de público conocimiento, que la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales sirvió como disparador para lo que la Presidenta llamó "una nueva rama del derecho: el derecho cautelar".
Gracias a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín frenando así por 3 años la plena implementación de la ley. Con el transcurso del tiempo, se conocieron también otras medidas cautelares que mantienen causas y fallos frenados como la cautelar presentada por el Diario La Nación que lleva ya 10 años. La medida cautelar más reciente que frena un decreto del Poder Ejecutivo es la que se refiere a la expropiación del Predio de La Rural.
Uno de los fundamentos para frenar éste tipo de maniobras, es evitar desvirtuar el carácter de una medida cautelar. No tiene sentido la aplicación cautelar de efecto patrimonial contra el Estado, ya que el Estado siempre es solvente.
Con la aprobación de éste proyecto, se van a destrabar muchas causas y se agilizarán los tiempos para llegar a las correspondientes sentencias.
Martín Sabbatella se expresó al respecto: "Las cautelares suelen ser usadas para cajonear la Justicia y suspender por largos períodos que las leyes puedan aplicarse. Y lo más grave de eso es cuando con ellas se protege a grupos de enorme poder económico y capacidad de lobby".
Tomando las palabras del Titular del Afsca, se podría concluir que con éstas reformas se le pone un freno al poder de las corporaciones, los vínculos por parte de algunos miembros del Poder Judicial con éstos grupos de poder, y cortando con los lazos todavía existentes con la dictadura militar, ya que ningún cargo podrá ser ocupado por alguien que haya formado parte del Poder Judicial durante esa época.
Allí radica la importancia de ésta democratización. La reforma judicial es sumamente necesaria para lograr una justicia más equitativa, más ciudadana, más representativa y menos corporativa.
Soledad Sganga, Politóloga. UBA
