Sin embargo, más allá de este aspecto coyuntural, lo que pareciera estar por detrás en la campaña contra el Organismo es un intento por lesionar de legitimidad la amplísima cobertura que desempeña la ANSeS, siendo uno de los pilares del modelo productivo con inclusión social que se sostiene desde el 2003.
En efecto, la estrategia económica para la recuperación argentina desde entonces ha sido sostener el crecimiento con un tipo de cambio competitivo, los llamados superávits gemelos (100fiscal y comercial) y un conjunto de mecanismos de transferencias intrasectoriales de recursos, como las asignaciones universales, más otras políticas de mejora de distribución del ingreso donde la movilidad jubilatoria y el crecimiento de prestaciones desempeñan un rol imprescindible.
En ese sentido, la revitalización que ha tenido ANSeS en los últimos años para trabajar a favor de la ampliación de la seguridad social es notoria. Reducir, por lo tanto, los recursos que maneja el Organismo a “la plata de los jubilados” y la supuesta discrecionalidad con que se la estaría utilizando para fines políticos o proselitistas, revela no solamente falta de rigurosidad conceptual para entender de qué hablamos cuando nos referimos a la seguridad social, sino, además, un manifiesto prejuicio ideológico de quienes se dicen portavoces de enunciados objetivos y desinteresados.
La seguridad social, entendida como el conjunto de instituciones que tienen como finalidad la protección de las personas frente a determinadas contingencias (100vejez, enfermedad, invalidez, desempleo, manutención familiar, etc.), es un sistema solidario donde el Estado asume un papel protagónico como administrador y garante. A estas atribuciones tradicionales desde hace un tiempo también se le han sumado las asignaciones por hijo y embarazadas.
Como señalan Demian Panigo, Nicolás Dvoskin y Florencia Medici en la revista Voces en el Fénix (100“La Seguridad Social en la postconvertibilidad”), la evolución histórica de la seguridad social sufrió los embates de la inestabilidad institucional y económica que caracterizó al país durante el siglo XX. Sus comienzos se ubican en la posguerra, donde al calor de las influencias del Estado de Bienestar predominante, la noción de redistribución de la riqueza comenzó a concebirse como meta a alcanzar. Naturalmente que, con diferentes niveles de empleo y un mercado laboral más homogéneo que el actual, se preveía que los activos podrían financiar a los pasivos sin otros ingresos corrientes que los de la propia fuerza laboral.
Sin embargo, a partir del golpe del ’76 y la pauperización del mercado de trabajo, los ingresos del sistema previsional por aportes y contribuciones se redujeron considerablemente, circunstancia que alentó el cambio de sistema a partir de la creación del régimen de capitalización. Los principales argumentos del consenso neoliberal para justificar la reforma se basaban en la idea de que el nuevo sistema permitiría resolver el déficit crónico del régimen previsional, en tanto que sus problemas financieros se atribuían a la utilización discrecional de los aportes previsionales por parte del Estado, precisamente los mismos argumentos que hoy se escuchan por parte de quienes se oponen a la actual política previsional. La materialización del nuevo sistema de capitalización se concretó con la reforma de 1994 (100Ley 24.241) que creó las AFJP, donde se abandonó el concepto de solidaridad intergeneracional preexistente, para que pasen a ser los activos quienes financiaran su propio retiro el día de mañana. De esa manera, consecuente con la premisa individualista y de mercado que consagró el neoliberalismo, cada trabajador resultaba responsable de su propia cuenta de capitalización, donde solamente se beneficiaba a todo aquel que tenía la suerte de conservar su empleo en momentos donde se perdían puestos de trabajo y se desarticulaba el mercado laboral, conforme el desmantelamiento industrial y la apertura económica característica de esos años. Por lo tanto, el sistema previsional, que durante el peronismo tendía a la inclusión, se transformaba así en un esquema que privilegiaba a los más ricos en desmedro de los que menos tenían.
Todas estas asignaciones nuevas a partir de los recursos ahora administrados por el Estado registran efectos permanentes en términos de inclusión social, además de haber permitido incorporar 2.700.000 nuevos jubilados y un aumento de la jubilación mínima en un 700% desde el 2003. Al mismo tiempo, por efecto de la AUH se mejoraron los índices de escolaridad y, gracias a la ejecución del Programa Conectar Igualdad, se incrementó un 20% la matrícula secundaria, además de democratizar el uso de nuevas tecnologías entre los sectores de menores recursos. De esta manera, no sólo se fortalece la educación, sino que se consigue en parte neutralizar lo excluyente que muchas veces se presenta el sistema educativo por aquello que el sociólogo francés François Dubet denomina la “competencia escolar de tradición republicana”, eterna reproductora de desigualdades en la sociedad capitalista.
En consecuencia, es evidente que no estamos hablando solamente de la plata de los jubilados cuando nos referimos a los fondos que administra la ANSeS. Se trata, por el contrario, de un volumen de recursos que han permitido la financiación de políticas revitalizadoras de la seguridad social en la Argentina, cuya ejecución y puesta en funcionamiento van en sintonía con un país que pretende saldar viejas deudas del pasado, en especial con los postergados de siempre. De cara al año electoral en curso, sostener estas iniciativas y ponerlas al resguardo de un proyecto político que las potencie y asegure resulta fundamental.
Arturo H. Trinelli y Matías Rohmer
