¿Cómo funciona el régimen?
En 1972 se estableció un régimen especial fiscal y aduanero para el territorio de Tierra del Fuego con el objetivo estratégico de estimular la afluencia de población a la isla en el contexto de un conflicto territorial con Chile. En ese momento, comenzaba a regir un estatuto de área aduanera especial y el pleno apoyo a la exportación y beneficios adicionales para las transacciones con el continente.
El sistema del área aduanera especial funciona de este modo: al «exportar» desde la isla hacia el continente, el productor retiene el IVA, y al «importar» desde el Tierra del Fuego, se beneficia con los reintegros a las exportaciones. Esto permitió la construcción de un tejido industrial que revirtió la preeminencia del sector primario en la economía de la isla y la posibilidad de vender al continente permitió alcanzar niveles de economías de escala antes impensados.
La crisis como oportunidad
En el año 2008, el aumento de los precios del petróleo, los minerales industriales y los alimentos comenzaron a generar tensiones en distintos países. Asimismo, la quiebra de entidades financieras en los Estados Unidos hacia octubre impactó de lleno en el sistema financiero internacional, generando recesiones en distintas economías desarrolladas. Ante este escenario, el gobierno argentino actuó rápida e inteligentemente, creando un Ministerio de Producción y anunciando un paquete de medidas de tipo fiscal destinadas a estimular la producción. Entre ellas podemos mencionar: moratoria tributaria y reducción de retenciones en algunos productos; blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes; plan de blanqueo y repatriación de capitales. Además se otorgaron créditos públicos de fomento a la producción y al consumo y se anunció un plan de obras públicas.
Pese a las medidas anunciadas, algunas economías provinciales como la de Tierra del Fuego, empezaron a experimentar problemas. En ese momento, se resolvió tomar medidas de mayor alcance: se sancionaron dos normas en 2009, a través de las cuales se dio nueva vida al esquema industrial de la isla.
El impacto de las decisiones
A raíz de las medidas adoptadas, distintas empresas han anunciado la producción de electrodomésticos, celulares, calzado, equipos de DVD, LCDs, decodificadores para televisión digital, cámaras fotográficas, notebooks y netbooks. Un ejemplo es Brightstar, el mayor productor de celulares, que pasó de tener 58 personas empleadas en 2009 y actualmente está cerca de alcanzar los 800. Asimismo, los anuncios de una empresa china sobre la inversión de 1.000 millones de dólares para la construcción de una planta de agroquímicos, una central eléctrica y un puerto principal prometen modificar la vida económica y social de la isla.
Otro indicador del crecimiento en la isla es el empleo del sector industrial. En la primera década del siglo XXI promedió las 5.665 personas ocupadas, creciendo marcadamente desde 2003 a 2007. La reducción experimentada con la crisis internacional de 2008-2009 ubicó en este último año la cifra de ocupados en 7.769. Luego de la sanción de la ley 26.539, se contabilizaban 11.251 empleados en el último trimestre de 2010.
Si bien a nivel agregado es difícil llegar a conclusiones debido al escaso tiempo transcurrido, es claro el impacto de una decidida política de fomento a la promoción industrial, con el valor agregado del contexto en crisis internacional. En otros momentos, la respuesta hubiera sido “laissez faire, laissez passer”.
Asimismo, se presentan otras ventajas que representan una esperanza a futuro: el fortalecimiento de las capacidades industriales, la generación de un clima de inversión, el aumento del valor agregado de nuestra producción, el surgimiento de nuevas pymes proveedoras de bienes y servicios, la posibilidad de estimular la innovación tecnológica.
Consolidar el camino del aprendizaje y la mejora en las capacidades industriales es la tarea actual que exige nuestro pleno compromiso.
Debemos recordar que fue el gobierno nacional, en 1945 y bajo la influencia del General Perón, quien primeramente estimuló la producción al sur del paralelo 42º, a través del Decreto Nº 3.824. La declaración del territorio nacional de Tierra del Fuego como zona franca, establecida por el decreto 7.101 de 1956, fue derogado en 1970 por la Ley 18.588.
El Decreto 252/2009 estableció que la alícuota correspondiente a Impuestos Internos para los productos eléctricos y/o electrónicos fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la Ley Nº 19.640 fuera el 38,53% de la alícuota general, reduciendo, de este modo, el costo de producción. El mismo año, el Poder Ejecutivo propuso la que luego sería la Ley Nº 26.539, mediante la cual se gravó con el 17% la importación de ciertos productos electrónicos, excluyéndoselos de tasa diferencial que tenían en el IVA y llevándolos la tasa general del 21 por ciento. Los productos alcanzados fueron aires acondicionados desde 6.000 frigorías, teléfonos y teléfonos celulares, micrófonos, reproductoras de video y DVD, cámaras digitales, videocámaras, radios, monitores y proyectores.
Hernan Aruj
