A través del decreto 1249 publicado el pasado 7 de diciembre en el Boletín Oficial, Mauricio Macri dispuso la emergencia nacional en materia de adicciones con el objetivo de "atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática". La emergencia social en adicciones había sido solicitada por la Pastoral Social de la Iglesia, con el padre Pepe Di Paola a la cabeza, para quien las acciones llevadas a cabo por este gobierno, tendientes a la exclusión social, afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
El estado de emergencia encuentra entre sus fundamentos el artículo 12 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, que establece que los Estados Partes del mismo reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, retoma la decisión del Estado Nacional de combatir el narcotráfico con el máximo rigor, y sus consecuencias gravosas en relación a la salud de los ciudadanos, con la disposición del Decreto N° 228/2016.
Sin embargo, resulta evidente, desde este enfoque, que la complejidad del problema de las adicciones en nuestro país no ha sido tomada en cuenta. La perspectiva de la salud y del narcotráfico no es suficiente para combatir a una de las principales problemáticas que más afectan a las comunidades sociales en los últimos tiempos. La mirada fragmentaria, pese a los esfuerzos, atiende solo sus síntomas finales y esto no alcanza para poder enfrentarla.
La exclusión social, junto con la desarticulación familiar, colocan a un grueso de la población, fundamentalmente al sector de la juventud, en situación de riesgo ante la falta de respuestas en las políticas públicas, fomentando las adicciones y el crimen organizado. No tener acceso a la educación, a una alimentación saludable, a la vivienda digna, a la salud, a la seguridad social, a la protección familiar y no tener posibilidades de trabajo son algunos de los factores que inciden en esta problemática.
A un año de gobierno, el 32,2% de la población económicamente activa se encuentra en la pobreza, mientras que el 6,3% está en la indigencia (100Indec, 3er. trimestre 2016); el desempleo aumentó al 9,3% (100Indec, 2do. trimestre); y, la actividad económica tuvo una variación negativa del 3,7% (100Indec, datos de septiembre 2016). Si miramos con detenimiento las medidas más relevantes en materia de educación y salud, el panorama empeora. Desde enero de este año asistimos a un verdadero desarme de políticas públicas. Desde el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad y del plan FINES, hasta el anuncio del recorte para 2017 de fondos asignados al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En materia de salud pública, la derogación del decreto reglamentario de la Ley 26.657 de Salud Mental, la avanzada de la epidemia del dengue, que en octubre alcanzó un máximo de 76.803 casos y 11 víctimas fatales, según el último Boletín de Vigilancia Epidemiológica; y el anuncio de planes asistencialistas como la Cobertura Universal en Salud (100CUS), sumado al fin de programas como el plan “Argentina sonríe” o el “Qunita” evidencian no solo un recorte y un desmantelamiento en el área sino además una clara falta de planificación estratégica. En materia de narcotráfico, la tendencia es similar: mucho discurso y poca acción. Las declaraciones de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, rozan el ridículo: “Queremos darle al narcotráfico donde más le duele: el negocio de la droga”. Un informe reciente del CELS (100Centro de Estudios Legales y Sociales) sostiene, al respecto, que ciertos argumentos no dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas. Y que la falta de precisión de los diagnósticos y el uso de la “lucha contra el narcotráfico” como un fetiche discursivo tienen efectos más allá de lo retórico y consecuencias sociales que luego son difíciles o imposibles de reparar.
De esta manera, nuevamente nos encontramos atrapados en una paradoja. La emergencia nacional en materia de adicciones es un hecho que implica por un lado, el reconocimiento y el estado público de una problemática social de envergadura; y por el otro, la responsabilidad del Estado a través de la Secretaría de programación para la prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico de elaborar, poner en vigencia e implementar acciones destinadas a hacer frente a la emergencia. No obstante, los derechos humanos y sociales, fundamentales para un verdadero abordaje integral de la problemática de las adicciones no figuran en la agenda nacional. El decreto de emergencia parece responder más a la sistemática espectacularización, oportunista, de políticas públicas – recordemos que la declaración de la emergencia en adicciones viene siendo un reclamo histórico de diferentes sectores sociales y, últimamente ha sido uno de los temas instalados por el Papa Francisco- que una toma de conciencia real por parte del gobierno nacional.
