Soberanía
Política, Independencia Económica y Justicia Social. Las tres banderas que
quienes abrazamos la doctrina justicialista tenemos siempre presentes en el día
a día, y que todo gobierno a nivel nacional, provincial, o municipal debería
considerar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por supuesto que,
como es de esperarse, el gobierno de Mauricio Macri no las toma en cuenta ni
siquiera en los discursos a la hora de explicar sus medidas. Sin embargo, hubo
una decisión política en particular que literalmente pisoteó los tres
estandartes peronistas de un plumazo.
El
8 de mayo de 2018 el Presidente de la Nación informó que el gobierno acudiría
al Fondo Monetario Internacional de manera “preventiva” para obtener un
préstamo de miles de millones de dólares a fin de solidificar la aplicación del
programa fiscal y monetario que la administración Cambiemos estaba llevando a
cabo. En sólo 2 minutos, Mauricio Macri esgrimió un tendal de motivos que lo
llevaron a tomar la decisión, tales como la suba de la tasa de interés en
Estados Unidos, la suba del precio del petróleo, etc. Lo que no explicitó fue
qué implicaba volver a recurrir después de 16 años a este viejo conocido de los
argentinos que es el FMI. Para ponerle un poco de “calma” a la cuestión, tras
el mensaje presidencial el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne no tuvo mejor
idea que decir que «este
Fondo es un Fondo distinto al de antes, todos hemos aprendido la lección»,
tratando de borrar de nuestra memoria las nefastas consecuencias que tuvieron las
recetas del Fondo sobre la economía doméstica. Nunca más vigente el famoso lema no aclares que oscurece.
¿Porqué un acuerdo con el FMI atenta
contra la soberanía política de nuestro país? Pues es bastante simple: el
acuerdo, que tuvo que ser renegociado y aprobado nuevamente por el FMI en
octubre de 2018, implica una pérdida absoluta de autonomía nacional sobre las medidas de
política económica del país, subordinándola a la supervisión del organismo
multilateral de crédito a fin de que éste desembolse los sucesivos montos del
préstamo. De esta manera, el plan de ajuste fiscal salvaje, el congelamiento de
la obra pública, y la restricción monetaria del Banco Central, entre otras
condiciones, configuran un callejón sin salida para una economía que en 2018
cayó 2,6%. ¿Qué tipo de soberanía existe si el Poder Ejecutivo no puede usar las
distintas herramientas de política económica para intentar revertir este
círculo vicioso de recesión, endeudamiento y pérdida de empleos?
La independencia económica también
brillará por su ausencia, al menos hasta que el próximo gobierno renegocie el
acuerdo con el FMI. El acuerdo implica un endeudamiento de 56.300 millones de
dólares, un verdadero salvavidas de plomo para el Estado Argentino en términos
de pago de intereses y engrosamiento de la deuda pública, que actualmente llega
a un alarmante 95% del Producto Bruto Interno. Cabe destacar que en 2015 la
deuda pública total bruta alcanzaba el 52,6%. Así, el gobierno de Mauricio
Macri configuró el proceso de endeudamiento más brutal de la historia
argentina, casi duplicando la deuda pública en términos de porcentaje del PBI.
Otro dato alarmante es que el pago de intereses de deuda para 2019 será un
17,7% del presupuesto total aprobado por el Congreso de la Nación (100en 2015 esta
cifra era del 7,5%, según datos del Ministerio de Hacienda). Lo que se dice un
Estado atado de pies y manos.
La Justicia Social, ya ausente desde
diciembre de 2015 de manera permanente, quedará aún más diluida en esta
dinámica de recesión, caída del salario y endeudamiento estatal masivo. Para el
presupuesto 2019, en el que el Gobierno proyecto una inflación del 34,8%, el gasto
nominal en Educación y Cultura sólo aumenta un 13,7%, lo cual genera una caída
en términos reales de más de 20 puntos porcentuales. Lo mismo sucede con la
Salud, con un aumento del gasto nominal del 31,8% (1003 puntos menos que la
inflación proyectada por el presupuesto). De esta manera la Salud y la
Educación Pública, verdaderos pilares de nuestro Estado de Bienestar que busca
brindar servicios esenciales a toda la población (100sobre todo a los más
vulnerables), quedan cercenados nuevamente por las decisiones políticas de
Poder Ejecutivo. El poder adquisitivo fue por la misma senda -o peor-: mientras
que la inflación de 2018 fue del 47,6% según el INDEC, el índice de salarios
que publica el organismo de estadísticas aumentó solo un 29,7%. Queda en
evidencia como el plan de ajuste diseñado por el Gobierno y el Fondo Monetario
Internacional impactan de lleno en el día a día de los argentinos, generando
una máquina imparable de crear desigualdad e inflación (100con especial énfasis en
los alimentos de la canasta básica alimentaria).
Los préstamos con organismos
multilaterales de crédito suelen utilizarse para financiar obras de
infraestructura, programas sociales e inversión en bienes de capital. Lamentablemente
-y como en las épocas más difíciles para nuestra economía hacia final del siglo
XX- la alianza Cambiemos ha utilizado el préstamo del FMI para financiar la
fuga de capitales y cubrir el cada vez
más abultado déficit fiscal producto del crecimiento descontrolado del pago de
intereses del endeudamiento y de la caída de la recaudación producto de la
brutal recesión que estamos atravesando. Mauricio Macri y la alianza Cambiemos parecen
no tener intenciones de modificar el rumbo, el cual quedó ratificado sin
concesiones durante el último discurso presidencial de apertura de sesiones
legislativas el pasado viernes 1 de marzo. De esta forma, el próximo gobierno
deberá renegociar el programa económico impuesto por el FMI si se quiere
“resucitar” a la macroeconomía e iniciar un ciclo de
crecimiento económico y desendeudamiento. Solo con decisión política soberana
podrá revertirse esta etapa de destrucción del empleo y aumento de las
desigualdades socioeconómicas. Necesitamos un gobierno soberano, y no un grupo
de empleados de una entidad de crédito extranjera.
