por Eric Calcagno*
Diputado nacional FpV-P.J.
La pertinencia de un pensamiento político, así como su vigencia y longevidad, está dada por la capacidad que tienen sus categorías de análisis para rendir cuenta de la realidad.
Esta cuestión no es menor, ya que conocemos las consecuencias gravosas que tienen las elaboraciones teóricas cuyas premisas son erradas. Suelen incurrir en la confusión entre lo esencial y lo accesorio, las causas y las consecuencias, los objetivos y los instrumentos. Así lo demuestra la corriente liberal, que siempre renegó de la esencia continental de la patria para privilegiar los accesorios europeos; atribuyó a resentidas causas psicológicas la consecuente búsqueda de justicia social por el pueblo; y confundió los objetivos de desarrollo para la sociedad en su conjunto con meros instrumentos de política económica. De allí que toda construcción político-ideológica liberal prefiera determinados aspectos que “naturalizan” la cuestión social y propone considerar como absolutas e impolutas las soluciones que más benefician sus intereses económicos. Qué casualidad.
Lejos estamos, pues, del pensamiento peronista, que sostiene desde La comunidad organizada que la justicia es del orden de la persuasión. La democracia como sistema se estructura entonces sobre verdades relativas que dan lugar a la argumentación, cuando no a la polémica y siempre a la discusión, que de eso está hecha la dinámica política. Esa política que es civilizatoria, cuando en la lucha por el poder no se trata de eliminar al otro a través de la violencia, sino de ganarle las elecciones. La soberanía, que es la suprema potestad de Estado, reside en el pueblo, y no en la fuerza que como sabemos es “la razón de las bestias”.
De allí el convite, en estas líneas, para pensar desde el justicialismo el actual problema de la deuda externa como factor de poder interno, el rol que ocupan los buitres en esta etapa económica mundial, así como las estrategias desarrolladas por la Argentina.
Deuda y buitres: el contexto
Muchas veces suele suceder que, atrapados en la vorágine de los acontecimientos relatados sin cesar por los medios de comunicación, se pierde la perspectiva a la hora de distinguir los hechos importantes de las anécdotas. Pensamientos simples (100y simplificadores) como el liberal tratarán de esconder las tramas de poder real atrás de frases hechas y lugares comunes. A modo de ejemplo, un conocido matutino mitrista ubica la cuestión de los buitres bajo el rótulo “pelea con los holdouts”, como si se tratase de una riña entre individuos. Por ello, creemos importante situar el problema en su contexto, o como decía Sampay, “poner el debate en su quicio”. Allá vamos.
Un análisis económico de la Argentina no puede omitir la consideración de su deuda externa. La larga historia del endeudamiento comienza en 1826, y desde entonces forma parte de la política económica global. Su importancia está dada porque la cuestión de la deuda y el modo en que se encare desde cada gobierno también establece los beneficiarios y los perjudicados por la política económica interna, tanto como consolida o cambia la estructura del poder económico local. Nada menos.
Desde 2003, durante el modelo de desarrollo con justicia social que reemplazó al esquema basado en la renta y las finanzas, asistimos a la progresiva normalización de las relaciones financieras internacionales de la Argentina, deterioradas desde el default de 2001. En esa perspectiva se inscriben la reestructuración de la deuda externa, el pago de toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la regularización de la situación con el CIADI, con el Club de París y con Repsol. Encontramos aquí la marca de los mejores gobiernos peronistas: tanto con Perón como con Néstor y Cristina, el endeudamiento externo fue considerado como un condicionante para el desarrollo pleno de la Argentina en lo económico, como un factor de empobrecimiento en lo social, y una pérdida injustificable e insostenible de soberanía desde lo político. Como ninguno de ellos dejó sus principios en la puerta de la Casa Rosada, la Argentina no tenía deuda con Perón y Néstor inició la reestructuración en 2005, que continuó Cristina en 2010.
Estos acuerdos de reestructuración de la deuda externa de 2005 y 2010 se cumplieron con normalidad, hasta que sobrevino el ataque de los fondos buitre y el sistema judicial de Estados Unidos terminó por convalidarlos. Para que se advierta la magnitud de la extorsión que intentan los fondos buitre, veamos los hechos. En 2008, varios fondos buitre compraron bonos depreciados de la Argentina por 48,7 millones de dólares (100que habían sido emitidos en 2001) y ahora pretenden que se les pague su valor nominal de 1.800 millones de dólares, ignorando la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010. En esa negociación se había establecido una quita del 65% y plazos de pago de hasta 30 años, fue aprobada por el 92,4% de los bonistas y se estaba cumpliendo estrictamente.
Ahora, los bonistas buitre, que poseen el 1,5% de los bonos, reclaman que el gobierno argentino, antes de pagarle al 92,4% de los bonistas −como se hace desde 2005 y 2010−, debe pagarles a ellos sin ninguna quita y de inmediato; y que mientras eso no suceda, el 92,4% de los bonistas no puedan cobrar lo que les corresponde.
Lo que es peor es que los fondos buitre obtuvieron una sentencia favorable del Poder Judicial de Estados Unidos, con una interpretación absurda de la cláusula pari passu aceptada en el acuerdo de 2005 y 2010 que obliga a dar un tratamiento análogo a todos los bonistas. Se interpretó que debía pagarse todo a todos, sin quitas ni plazos, en cambio de la explicación racional que consiste en que a todos se les dé un trato equitativo e imparcial, que está en la misma etimología: pari passu quiere decir “el mismo paso”, lo que no implica que deba ser igual el largo de los pasos de un niño que el de un atleta (100en este caso debe diferenciarse a los que aceptaron o rechazaron el canje). Además, la validez de un bono solo depende del Estado soberano que lo emite, que puede disponer su canje por otro; en ese caso, el bono anterior pierde todo su valor. Lo mismo ocurre con la moneda.
Otras violaciones legales son la prohibición de cobro al 92,4% de los bonistas, que no son parte de ese juicio y que en su mayoría están fuera de la jurisdicción del juez de Nueva York; y la tentativa de delito de usura por los fondos buitre. El resultado práctico de esta tesis es que en lo sucesivo nadie va a reestructurar deuda si la voluntad de un solo bonista puede hacer caer toda la operación.
Por otra parte, el fallo judicial en contra de la Argentina es incumplible porque en el acuerdo de reestructuración existe una cláusula por la que habría que concederle ese mismo trato al resto de los bonistas, lo cual implicaría un costo del orden de los 300.000 a 500.000 millones de dólares, que es imposible de pagar. Además de este problema financiero insoluble, se estaría violando la ley argentina, tanto en lo que respecta a su orden público como a las leyes que autorizaron la reestructuración de la deuda y el prospecto de condiciones suscripto con los bonistas. Los funcionarios que lo autorizaran serían castigados por el Código Penal y sus decisiones serían nulas. La Argentina propone pagarles a todos los bonistas en los mismos términos que aceptó el 92,4% de ellos.
Existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en una causa anterior sobre el mismo tema que prohibió la aplicación de un fallo análogo del mismo juez estadounidense, porque entendió que era violatoria del orden público argentino y que en consecuencia no podía ejecutarse (100Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Claren Corporation c/ Estado Nacional, arts. 517/518 CPCC exequátur s/ varios”, 6 de marzo de 2014).
Frente a esta contradicción, ¿cuál sentencia debe prevalecer? Para estos casos, el derecho internacional establece el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero los países involucrados deben dar su consentimiento; en este caso, la Argentina pidió ese arbitraje y Estados Unidos aún no contestó.
En el plano moral y práctico, para la Argentina la alternativa hoy se plantea entre violar el orden público nacional y contraer una deuda imposible de pagar; o rebajar una tasa de beneficios para los fondos buitre (1001% de los bonistas), del 1608% al 300% en 5 años.
Desde el punto de vista estadounidense, tal vez la disyuntiva planteada sea entre la defensa de su interés nacional, al que le conviene facilitar la reestructuración de la deuda externa de otros países, y cuidar la credibilidad de la plaza financiera de Nueva York. O satisfacer la avidez de los fondos buitre, grandes financiadores de campañas electorales.
Las consecuencias políticas de una eventual caída de las reestructuraciones de 2005 y 2010 son graves. Implica volver a la situación de 2001, desandar en poco tiempo, si no de inmediato, el resurgimiento argentino que comienza en 2003, con las relaciones sociales y condiciones económicas imperantes por entonces. Sería la destrucción de la política como instrumento de transformación y volver a una democracia de baja intensidad, apenas gerente de los intereses económicos más concentrados.
La estrategia nacional: politizar y globalizar el conflicto
Cuando un problema no tiene solución a un nivel, cuando las relaciones de poder son desfavorables, es preciso buscar un nivel más alto donde las relaciones de poder sean favorables a los intereses nacionales y puedan construirse soluciones políticas. El eje reside en no pelear sobre el terreno elegido por el adversario: es preciso salir de los estrechos márgenes del juzgado del juez Griesa, apenas mero apéndice judicial de los fondos buitre y donde no existe ninguna otra posibilidad que rendirse, para incorporar nuevos actores y nuevos espacios a la disputa. En lo conceptual, implica salir del esquema “técnico-jurídico” naturalizado por los intereses de los buitres y sus habituales aliados locales para jugar a pleno en el plano político.
Desde que se inició la crisis, nuevas voces han respaldado la posición nacional. Citemos el Grupo de los 77 más China (100133 naciones en total), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, más conocida como UNCTAD; la Organización de Estados Americanos, además de la iniciativa, ya mencionada, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Otros actores, insospechables de ser peronistas, han señalado la peligrosidad del accionar de los buitres, mucho más por conveniencia corporativa que por afiliación política. Citemos el Council of Foreing Relations de Estados Unidos, que califica a su propia Corte Suprema de “fundamentalista”; y el Financial Times, que habla de “defender a la Argentina de los buitres”. Por cierto, ya se habían pronunciado otros países, entre ellos Francia, México, Brasil, así como un centenar de diputados británicos en apoyo de la posición argentina. Hasta el Fondo Monetario Internacional denosta a los fondos buitres. Es comprensible, ya que de triunfar la doctrina Singer-Griesa no quedarán muchas reestructuraciones de deudas soberanas en las que pueda intervenir.
Ese apoyo internacional a la posición de la Argentina tuvo su coronación en la resolución de las Naciones Unidas que condena la rapiña financiera. Esto es lo que ha comenzado a ocurrir con la reglamentación de las reestructuraciones de las deudas externas soberanas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2014. De allí la importancia de esa declaración. Con esta iniciativa no se soluciona el problema financiero internacional pero se avanza de modo sustancial en su regulación a partir de las reestructuraciones de deuda externa.
Ante todo implica una afirmación de las soberanías nacionales. La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce “el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas adoptadas por otro Estado”.
Con respecto a los fondos buitre, afirma que obstaculizan las reestructuraciones porque “adquieren deudas de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para tratar de obtener el reembolso de la totalidad del valor”. Observa también el carácter altamente especulativo de las actividades de los fondos buitre, que constituyen un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados.
La declaración concluye con una parte dispositiva: “Decide elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario, en su 69° período de sesiones (100en 2015), un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”. En favor de esta decisión votaron 124 países, 11 lo hicieron en contra y 41 se abstuvieron.
Conclusiones
Como vemos, la cuestión de los fondos buitre conlleva diferentes niveles políticos, económicos y sociales, con varios grados de complejidad y un abanico de escenarios posibles. En ese contexto, lo primero es no confundir asuntos esenciales con accesorios, ni causas con consecuencias, ni objetivos con instrumentos, como mencionamos al principio. Lo primordial es mantener la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, que nos da la libertad para diseñar e instrumentar nuestro proyecto nacional. La consecuencia de voltear la reestructuración es volver a la injusticia social del modelo liberal basado en el endeudamiento perpetuo, con los habituales ganadores y perdedores. El objetivo es afianzar la soberanía nacional, lo que se logra a través de la política. Como siempre, lo que defendemos es la patria justa, libre y soberana.
El carácter global de la cuestión buitre revela las relaciones de poder realmente existentes, en el país como en el mundo, así como los intereses que defiende cada grupo político o sector económico, más allá de tecnicismos jurídicos de gravosas consecuencias. Decíamos en la introducción que la validez de las categorías de pensamiento se refleja en su capacidad para rendir cuenta de los acontecimientos: nada más práctico que una buena teoría, así como pocas cosas son tan simbólicas como los logros concretos alcanzados: “La única verdad es la realidad”. Creemos haber dado cuenta de algunos aspectos sobre deuda, buitres y poder desde una perspectiva justicialista.
A ese respecto, en el momento de las conclusiones, siempre provisorias, podemos buscar inspiración para nuestra tarea militante sobre la cuestión económica que nos ocupa en la exhortación apostólica Evangelli gaudium.
Allí, el papa Francisco afirma que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta” (100acápite 56).
* Licenciado y magíster en Sociología por la Université de Paris V. Periodista de Le Monde Diplomatique.
