por Diego Bossio
Director General de Gestar
Ningún proyecto político que trace como uno de sus objetivos principales combatir integralmente la pobreza, la marginalidad y la desigualdad puede ignorar la problemática del déficit habitacional. Más aún, en muchas ocasiones las políticas de mejoramiento del hábitat popular son condicionantes del éxito de las demás políticas. Las desigualdades sociales en materia de acceso a terrenos y viviendas se reflejan en desequilibrios que vulneran el principio de igualdad de oportunidades y comprometen el crecimiento armónico y ambientalmente sustentable de la sociedad.
El déficit habitacional es un problema histórico y de gran magnitud en la Argentina. En 1944 el general Juan Domingo Perón dijo que “la vivienda no es un privilegio del hombre que puede, sino uno de los derechos del hombre de pueblo”. Esto se vio materializado en los hechos cuando le llegó el momento de gobernar. Fue durante su gestión cuando se produjeron las mayores transformaciones en cuanto al acceso a la vivienda en la Argentina. Más allá del crecimiento económico, la mejora en la distribución del ingreso y la ampliación de los derechos de los trabajadores, estos progresos se lograron con políticas activas y medidas concretas: construcción de viviendas por parte del Estado, congelamiento de alquileres, otorgamiento de créditos para la construcción a través del Banco Hipotecario, loteos populares (100sobre todo en el conurbano bonaerense) y estatización de los más importantes servicios públicos que facilitó un mayor acceso a ellos. El porcentaje de propietarios era de apenas el 37% en 1947, cifra que ascendió al 58% para 1960 y continuó con tendencia creciente, aunque a menor ritmo, hasta la dictadura militar que comenzó en 1976.
A partir de entonces, durante tres décadas las políticas económicas neoliberales dejaron en manos del sector privado cuestiones socialmente sensibles, entre ellas el acceso a la vivienda propia. Se empezó a recorrer un camino inverso al que nos había marcado con tanta claridad el general Perón. El porcentaje de propietarios fue decreciendo, aumentaron considerablemente los asentamientos precarios, se privatizó el Banco Hipotecario y también casi todos los servicios públicos.
Sin embargo, a partir de 2003 los argentinos volvimos a creer. Encontramos un proyecto nacional, popular y democrático, que de las manos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández corrigió el rumbo y volvió a transitar los caminos del peronismo. En materia de vivienda no fue la excepción. Se reestatizaron servicios públicos esenciales y se regularon otros tantos, el Estado recuperó el rol protagónico con políticas como el Programa Federal de Construcción de Viviendas o el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Vivir Mejor”. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre 2003 y 2012 se llevaron adelante más de 900.000 soluciones habitacionales que beneficiaron a más de 4 millones de compatriotas. De todos modos, reconociendo el largo camino que aún quedaba por recorrer, en junio de 2012 se anunció la política pública de vivienda más ambiciosa de las últimas cuatro décadas, el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (100Pro.Cre.Ar). Este programa tiene como objetivo primero atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional, contemplando las diferentes condiciones socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones familiares con líneas de crédito para la construcción de viviendas particulares y desarrollos urbanísticos de alta calidad.
Pro.Cre.Ar cuenta con una amplia variedad de líneas de crédito atendiendo a las distintas demandas de la población. Posee una línea para financiar la construcción de la vivienda en caso de que se posea un terreno, otra para ampliación, terminación y/o refacción de viviendas, y recientemente se han incorporado dos líneas adicionales: una para la compra del terreno y la construcción de la vivienda y otra para la compra de una vivienda terminada. Además, el programa incluye desarrollos urbanísticos que prevén la construcción de edificios, casas, cocheras y locales en una gran cantidad de ciudades del país dándole el mejor de los usos posibles a las tierras fiscales, que es el de contribuir al desarrollo social de las familias combatiendo el déficit habitacional.
Mediante las distintas líneas de Pro.Cre.Ar se inician entre 300 y 350 viviendas por día lo cual, además de abordar la problemática habitacional, significa un enorme impulso para el sector de la construcción. A diferencia de los créditos hipotecarios convencionales otorgados por el sector privado en el que solo se ofrecen créditos al sector de la población de mayores ingresos, Pro.Cre.Ar ofrece créditos con tasas que dependen del nivel de ingresos, más bajas para aquellos grupos familiares con menores ingresos. En los ocho sorteos realizados desde su implementación hasta la actualidad, han participado 649.261 familias, de las cuales 309.616 ya han sido seleccionadas y se encuentran con su crédito aprobado o en condiciones de solicitarlo.
Merece la pena destacar que todos los sorteos son realizados por Lotería Nacional y se trasmiten en vivo y en directo, sin cortes, por la televisión pública, lo cual garantiza una absoluta transparencia y confiabilidad y la eliminación de gestores o intermediarios innecesarios. Se terminaron los tiempos en que las cuestiones sociales se hacían “a dedo”, ahora existen derechos para todos y todas, sin excepciones.
Tal como subrayó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ”estamos recuperando algo muy importante para los argentinos, que es el esfuerzo para hacer nuestra casa, pero además tener alguien que nos ayuda, que es el Estado”. El camino que se empezó a transitar en 2003 propone recuperar la articulación entre el Estado y la familia, una cultura que habíamos perdido y estamos recuperando en muchos frentes. El acceso a una vivienda digna es uno de ellos.
