Muchas veces se dice que, cuando asume un Gobierno con clara impronta neoliberal, el Estado se achica o desaparece cerrando áreas “innecesarias” o “ineficientes”. En el caso del Gobierno de Mauricio Macri, no sólo se han desmantelado programas educativos, programas ministeriales, etc., sino que se ha recurrido a una metodología singular de comportamiento estatal: esconderse. ¿Cómo se esconde al Estado? Muy simple: donde existe un conflicto o problemática social y/o entre actores de la sociedad (100empresarios, sindicatos u ONG, por ejemplo) el Estado se “esfuma”. Y ya conocemos la frase de Raúl Scalabrini Ortiz: "Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte”. Es por ello que creemos necesario puntualizar algunos casos en los que se precisa una rectificación de este comportamiento claramente nocivo.
El área más sensible es, sin dudas, el trabajo. No sólo porque es el gran ordenador social, sino porque fue una de las principales víctimas de la política económica del Gobierno de la Alianza Cambiemos. Con la economía en plena recesión, el Congreso de la Nación aprobó en mayo de 2016 una ley cuyo objetivo general consistía en frenar los despidos durante 180 días tanto en el ámbito público como en el privado, sin dudas un plazo prudencial a fin de que la economía del país pudiese al menos comenzar a salir del pozo en el que se encontraba (100y del que aún no termina de salir). El consenso fue realmente amplio: la iniciativa consiguió mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado la votación fue a favor de la positiva por 48 votos contra 17. En términos constitucionales, más de la mitad más uno de los representantes del pueblo y dos tercios de los representantes de las Provincias avalaron el contenido de la ley. La respuesta del Poder Ejecutivo fue tajante: “en esta no me meto”, son las palabras que tácitamente surgen del decreto 701/2016 firmado por el Presidente el 20 de mayo de 2016, en lo que significó el veto total de la ley “anti-despidos”.
Otro aspecto en el cual el Gobierno se hace el distraído es en el control real de la inflación. Para contener los precios de la economía, que a decir de Mauricio Macri en campaña sería “la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente", el Estado sólo asomó la cabeza para lanzar en mayo de 2016 un plan de “Precios Claros” que simplemente comparaba precios de productos en comercios (100mientras estos subían desenfrenadamente), en conjunto con otro plan de “Precios Transparentes” en enero de este año que pretendía explicitar el costo financiero incluido en cada compra en cuotas sin interés pero que en los hechos tuvo un efecto altamente nocivo: el costo de muchos productos a pagar en cuotas tales como celulares o electrodomésticos aumentó en algunos casos en más del 70%. No solo ello: la cantidad de cuotas sin interés se redujo de 12 y 18 a 3 o 6 cuotas, salvo excepciones puntuales, lo que en conjunto con los aumentos del costo financiero generó una profunda baja en el consumo. Así, bien entrados los 18 meses de Gobierno la suba de precios apenas se asimila a la que había antes de asumir la alianza Cambiemos -habiendo llegado a picos del 41% en 2016-, pero con una caída de la actividad en casi todas las ramas de la economía. De este modo, las señales disímiles del sector productivo en conjunto con un consumo que no repunta continúan evidenciando un estancamiento, con una suba de precios en niveles elevados (10024% interanual en mayo de 2017 según el INDEC). ¿El Estado? Bien, gracias.
Podríamos suponer, por otra parte, que el cuidado de la producción en general y de la industria en particular debería ser un aspecto clave a atender por cualquier gobernante. Lamentablemente, el flamante Ministerio de Producción parece ser una “Casa de los Espíritus” para la mayoría de los industriales argentinos. Fáciles de rastrear son los discursos de los funcionarios de Cambiemos durante la campaña de 2015: se sostenía que había que administrar de manera inteligente el comercio sin que ello signifique ser una economía cerrada, permitiendo la importación de insumos estratégicos para la industria nacional incentivando de esta forma la producción local. El Ministro Francisco Cabrera informó a poco de asumir la eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación que regían durante el gobierno anterior como permisos para importar, cambiando a las mismas por un nuevo sistema de licencias automáticas. La realidad a un año y medio de gestión de gobierno es que, según un informe de la CAME en base al INDEC, la importación indiscriminada de bienes de consumo está perjudicando fuertemente a nuestras PYMES. La publicación, que compara el flujo comercial de enero 2017 con el del mismo mes del año anterior, indica que durante el primer mes de 2017 se importaron un 22,5% más de bienes de consumo y un 13,6% más de vehículos. El impacto en términos de puestos de trabajo en el sector industrial se hizo sentir: se verificaron 45.315 despidos en los principales sectores industriales durante el mencionado período, destacándose por ejemplo los 9160 despedidos en el sector automotriz o los 8000 despedidos en el metalúrgico. En alimentos, electrónica y electrodomésticos también hubo un fuerte impacto de lo que parece ser la vuelta al libre comercio con 7402 y 4923 despedidos respectivamente. El mismo INDEC señala que los últimos datos publicados en mayo de este año mantienen la tendencia de lo informado por la entidad que agrupa a las PYMES. Las exportaciones en general aumentaron en mayo de 2017 sólo un 0,8% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones totales hicieron lo propio en un abrumador 24%. Esto no sólo significó un déficit en la balanza comercial de 642 millones de dólares, sino que se continuó con la tendencia de un fuerte aumento en importación de bienes de consumo (10013,6%) y de vehículos automotores (10052,7%). La política del Ministerio Producción para cuidar a la industria argentina es claramente identificable: brillar por su ausencia.
De esta manera, como hemos podido observar en estos ejemplos, el Gobierno de la Alianza Cambiemos utiliza una nueva estrategia política para llevar a cabo su política económica. Además de transferir recursos a los sectores más concentrados cuando quita retenciones a la minería o a exportaciones agrícolas, o de recortar recursos a los más desprotegidos como en el caso de las pensiones por discapacidad, en otras ocasiones elige hacerse el desentendido en las diferentes disputas para que siempre gane el sector más poderoso. De este modo, las patronales empresarias en el caso de los despidos, los sectores importadores en el caso de la apertura comercial indiscriminada, o las grandes cadenas comerciales y entidades financieras en el caso de la escalada de precios, son los grandes ganadores ante la pasividad intencional del Poder Ejecutivo que elije ocultarse para no pagar el costo político de intervenir contra quienes fueron los principales impulsores de la llegada de Cambiemos al poder. Es necesario que el Estado actúe en favor de los más postergados en la agenda política, que no tienen la posibilidad de soportar las consecuencias de la política económica de Mauricio Macri que por el contrario sí tienen los sectores económicos a los que constantemente se beneficia. Cuando se gobierna para los más de 40 millones de argentinos un Presidente no puede equivocarse siempre para el mismo lado.
