El 25 de agosto el pueblo de la ciudad de Rosario se movilizó masiva y espontáneamente contra la inseguridad: "Rosario Sangra" y " Rosario Quema" fueron las consignas. El 8 de setiembre se realizó una nueva marcha a la que, además, se sumó la ciudad de Santa Fe. Entre ambas ciudades sumaban, sólo hasta la fecha de la marcha, alrededor de 230 homicidios, prácticamente un promedio de uno por día. La estadística fría indica que en cada una de las ciudades se duplica la media nacional.
La crisis de inseguridad y violencia vinculada al narcotráfico en las dos ciudades principales de la provincia de Santa Fe -pero que se extiende al resto de las comunidades- lleva ya varios años y coincide con el gobierno socialista. Guerra de bandas narcos, jefes de policía presos, el homicidio de cada día en la tapa de los diarios locales, y la sospecha de connivencia entre delincuentes y funcionarios provinciales se llevaron la paz, la tranquilidad y la vida de muchos santafesinos. Debido a la estigmatización y al rechazo que el gobierno socialista ejerció sobre los referentes sociales y políticos, en su mayoría peronistas, los barrios fueron liberados a los punteros criminales.
El socialismo no tuvo una sola respuesta, ni un atisbo, ni un intento. Sea por impericia, por negligencia, por no reconocer el problema hasta su estallido o por complicidad, lo cierto es que sólo atinaron a disfrazar con metáforas la violencia, a pedir refuerzos federales por no querer o no poder ponerle el cascabel a la policía local, y a echar culpas a la administración nacional, tanto a la que estuvo hasta el 10 de diciembre de 2015 como a la actual.
El gobierno de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un primer momento retiraron las fuerzas federales y luego, ante la nueva solicitud del gobierno provincial, comenzó un tira y afloje con el pueblo de las ciudades santafesinas como rehén. El gobierno nacional apretó sin tapujos al provincial con una virtual intervención de la policía de Santa Fe y de la política de seguridad de la provincia, jugando cartas meramente electoralistas en un distrito clave para el oficialismo nacional de cara a las elecciones de 2017. Así, durante prácticamente un mes, el gobierno nacional jugaba un partido chiquito de miras cortas, con el único objetivo de dejar mal parado al gobierno provincial. Finalmente, anunciaron la llegada de fuerzas federales que se concretó un mes después, con muchas dudas respecto de la cantidad de efectivos y de su presencia en las calles.
A sabiendas de que el gobierno macrista juega un partido difícil, electoralmente hablando, los medios nacionales que lo respaldan, cubrieron la situación en la provincia y, por primera vez después de muchos años, le dieron un gran espacio al problema. Manipulando información (100llegaron incluso a resucitar personajes asesinados hace años) mostraron la dura realidad santafesina, pero con una diferencia: ahora culpaban al gobierno socialista de la situación cuando hasta el 10 de diciembre del año pasado el responsable era el gobierno nacional anterior.
Ante la angustiante situación y la crisis y desconfianza en la policía provincial, los ciudadanos reciben a la Gendarmería con alivio y un poco de esperanza. Sin embargo, se sabe, el aumento de efectivos es un pequeñísimo porcentaje en la construcción de una política seria de seguridad. Ambos gobiernos (100provincial y nacional) no tienen más respuestas que ésta al problema y lo llevan a cabo con un estilo que comparten: de forma marketinera, con declaraciones vacías, efectistas e insustanciales.
Al margen de lo descripto, otros dos ejemplos evidencian la inoperancia de ambos gobiernos: apenas antes de la nueva crisis de inseguridad, el gobierno provincial anunciaba un proyecto de reforma constitucional (100necesaria, pero extémporanea) resistida incluso dentro del mismo Partido Socialista demostrando que sus prioridades están en cualquier lado menos en los problemas urgentes. Por otro lado, en el medio de la crisis se supo que el Gran Rosario encabezaba los índices nacionales de desocupación con el 11.7%. La política económica macrista hace estragos en una región caracterizada por su entramado industrial y, seguramente, estas cifras agravarán la situación en la cuestión vinculada a la seguridad.
La provincia de Santa Fe y sus dos ciudades principales se encuentran entrampadas en una violencia que se volvió crónica. Cuando los gobiernos no gobiernan, no se hacen cargo y se privilegia un modelo económico que beneficia sólo a los de arriba, esa violencia queda relegada a tapa de diarios, informes periodísticos amarillistas, y números en la estadística. Mientras tanto, el pueblo sufre, aguanta y espera.
