Si la dictadura militar desapareció físicamente a miles de compañeros jóvenes y adolescentes que militaron con convicción por el país que querían, la década de los noventa marcó la desaparición simbólica de la participación juvenil en política.
Analizando que las iniciativas legislativas fueron presentadas hace dos meses, el tema toma volumen en tanto volvemos a discutir sobre una cuestión central: el rol del Estado en la ampliación de los derechos.
En 2005, Néstor Kirchner impulsó la sanción de la Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cambiando definitivamente el paradigma legal que los suponía objetos de tutelaje, de decisión de adultos e instituciones, padres, escuela, Estado.
Los adolescentes de entre 16 y 18 años suman aproximadamente un total de 1.400.000 potenciales votantes. Potenciales, en tanto lo que habilitaría la medida (100si no tiene modificación en los debates del Congreso) sería la opción de votar, no su obligación. Lo importante aquí no es ese valor, sino lo que la medida pone en valor: reconocerlos como sujetos de derechos, recuperar la “voz de los jóvenes” en tanto sujetos “capaces” de decidir, de participar e involucrarse como ciudadanos.
Hablamos de una medida que lejos de buscar fines electorales, continúa el camino histórico que este gobierno ha mantenido respecto de políticas de inclusión e igualdad, cuya cristalización hoy día es una Argentina líder en materia de legislación civil en América Latina. Resulta un insulto a la inteligencia de los jóvenes y a la sociedad en general pensar cómo votarán dentro del cuarto oscuro.
Es el desarrollo de políticas innovadoras, con sesgo inclusivo, nacional y popular, lo que terminó de convencer a la nueva militancia. Se trata del caudal cultural que supone el peronismo por historia, un proyecto que convoca a los jóvenes desde los hechos y cumple con la palabra. La juventud deja de ser una cuestión de futuro para colocarse como protagonista del presente, un sujeto con la misma rebeldía que marcaban los grandes referentes.
Recuperar la convicción y la participación es un requisito indispensable para la construcción de ciudadanía con el redescubrimiento de los espacios de discusión y debate en los que pueda coincidirse en un proyecto común de sociedad, más inclusivo y justo.
El desafío es aceptar las diferencias, ampliar los espacios de decisión, de diálogo y de construcción colectiva en la que los adolescentes encuentren su lugar desde sus particularidades y anhelos. Pensar en la ampliación de derechos de los adolescentes a partir de los 16 años los incluye en un rol activo de la dinámica y sostenimiento de la vida democrática en la sociedad actual, a partir de su participación no sólo como invitado o espectador, sino como protagonista activo con voz y voto.
Perla Torales
@perlatorales
