En el año 2009 se sancionó la Ley nº 26.522, “de Servicios de Comunicación Audiovisual”, una ley que implicó un cambio histórico en la regulación de los medios de comunicación y que tuvo un fuerte carácter inclusivo, que promovió la pluralidad y diversidad de las emisoras y que posibilitó, entre otras cosas, la producción y circulación de contenidos locales e independientes. La Ley de Medios, contemplaba en el artículo 77 del capítulo VII el derecho al acceso a los contenidos de interés relevante: “Se garantiza el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.
En este marco, en septiembre del mismo año, la Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino (100AFA) acuerdan la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita en todo el territorio de la República, principalmente mediante la creación del programa “Fútbol para todos”. De esta manera, luego de 20 años, la AFA se desvinculaba de Televisación Satelital Codificada (100TSC) por la televisación del fútbol de primera división y se asociaba con el Estado Nacional.
A fines de diciembre de 2015, recién asumida la presidencia, Macri ordenó por decreto de necesidad y urgencia (100Decreto 267/2015) la modificación de la Ley de Medios en aspectos clave. Los principales beneficiarios de los cambios en la Ley fueron los grandes monopolios y las empresas privadas de cable.
En este contexto, luego de varias idas y venidas, y lejos de la promesa de campaña por darle continuidad a “Fútbol para todos”, llegó el final del acuerdo de la televisación del fútbol. Los partidos ya no serán transmitidos abiertamente y pasarán a manos privadas, por lo que habrá que pagar por acceder a ver los encuentros en vivo. Cuando finalice el campeonato en curso, a partir de agosto, habrá fútbol solo para aquellos que puedan abonar el cable, siendo Fox-Turner (100dos compañías estadounidenses) las dueñas de los derechos televisivos del fútbol argentino. Otros beneficiarios del gran negocio serán Torneos, que hará la producción integral, y Cablevisión y DirecTV (100dos empresas que concentran el 75% del mercado de cable), que pondrán los encuentros en sus grillas de programación.
La decisión de no continuar con la política inclusiva de televisar uno de los deportes más masivos y populares de nuestro país viene a suceder en un contexto en donde los derechos sociales conquistados poco importan frente a la posibilidad de garantizar el apoyo de grandes grupos de poder frente a un negocio millonario.
Si bien la premisa del Estado en esta postura había sido la de no “sostener” al fútbol, poco ha dicho del negocio privado de la televisación por cable, y mucho menos ha hablado del retroceso en los derechos de acceso a los contenidos de interés cultural por parte de la ciudadanía. Con la excusa de la “politización” del fútbol, Macri toma la decisión de que el Estado se desligue de la AFA y delega un derecho universal a manos de empresas privadas extranjeras, algo que no llama la atención en el marco de las políticas que viene tomando el Gobierno. Solo con el abono básico del cable, estimativo en $169, el fútbol recaudaría aproximadamente $5.171 millones anuales para repartir entre las dos máximas distribuidoras.
A poco más de un año de gestión, las promesas de campaña de Mauricio Macri se fueron desplomando una tras otra. Las medidas políticas, económicas y sociales que implementó “el mejor equipo técnico de los últimos 50 años” indican un panorama muy alejado a la tan mencionada “Revolución de la alegría” o a “la felicidad” de la que habla el Presidente en cada nuevo discurso, casi como una realidad paralela a la que miles de argentinos no podemos acceder. En este sentido, el fútbol no ha sido la excepción y pasa a ser ahora fútbol para ricos, es decir, fútbol para pocos.
