Estos argumentos, que en otras circunstancias no merecerían ninguna seriedad, han tomado cierto vuelo dado el clima electoral que se acelera, las serias dificultades de la oposición para encontrar un rumbo y presentar un programa alternativo de gobierno, así como la desesperación de los medios opositores al ver que las elecciones se aproximan y el proyecto nacional liderado por la Presidenta se afirma en las encuestas. En tales condiciones, nada mejor que buscar impacto mediático a través de una movida alarmista que suena a triste remake de la Unión Democrática del ’45. Si el Embajador de los EE.UU., Spruille Braden, era el director en las sombras de aquella alianza antiperonista, un alto directivo de algún medio opositor podría ocupar hoy ese insólito lugar.
Lo cierto es que estas afirmaciones no sólo carecen de toda rigurosidad histórica sino que distorsionan de manera inadmisible la realidad. Así, cuando Macri afirma que vivimos “el peor momento de la democracia desde 1983” parece olvidar pequeños hechos del pasado reciente como los cuatro alzamientos “carapintadas” (100Pascuas del ’87, Monte Caseros en enero del ’88, diciembre del ’88 y octubre del ’89) que buscaron clausurar los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura, la hiperinflación de los años ’89 y ’90, la hiperdesocupación y el hiperendeudamiento de la convertibilidad, los indultos del menemismo, el “diputrucho” para privatizar Gas del Estado, el asesinato de J. L. Cabezas, la “Corte adicta”, los asesinatos y el Estado de sitio del 19 y 20 de diciembre de 2001, Kosteki y Santillán, el corralito, y tantos otros hechos de gravedad económica, social e institucional que sería largo exponer en este breve análisis. O Macri estuvo ausente del país en esos años, o ciertos problemas que afectan la vida y las condiciones sociales de millones de personas parecen importarle menos que los intereses de un matutino. En el caso de la UCR, o de actuales miembros de la CC que fueron funcionarios de la Alianza, es paradójico que quienes fueron responsables, o no supieron evitar, la represión y los asesinatos del 2001, redujeron las jubilaciones el 13% para pagar deuda y abandonaron el gobierno con el país en llamas, se presenten ahora como abanderados de la paz social, la institucionalidad y el consenso.
En otro pasaje, el polémico documento afirma que “la democracia argentina debe ser cuidada y protegida de acciones de intolerancia”. Es curioso que esto lo firmen líderes políticos que no tuvieron empacho en declarar que había que “tirar a Kirchner por la ventana” o que la “la gente en la calle pide que los maten (100a Néstor y Cristina)”. Tan paradójico como que se acuse de intolerante a un gobierno que no reprimió el corte de una ruta internacional durante unos tres años, o que soportó con calma el tenaz lockout agropecuario que cortó decenas de rutas nacionales durante al menos dos meses. En el primer caso, la oposición pedía la represión para liberar la ruta, en el segundo aplaudía a mano alzada el desmesurado bloqueo de los patrones rurales. Curiosa contracción de los adalides de la tolerancia y el consenso.
También sostiene el documento que “la democracia argentina debe ser cuidada y protegida de (100…) persecuciones, señalamientos, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee”. Sería bueno que tamaña acusación fuera acompañada por algún caso concreto de un dirigente político, empresario, sindical o periodista que haya sufrido una cabal privación de sus derechos por parte del gobierno. ¿Qué periodista fue censurado? ¿Qué político fue privado de decir todo en cuanto quiso acerca de la actual gestión de gobierno, o se vio impedido de ejercer su cargo? ¿Dónde están los exiliados políticos? ¿Dónde están los empresarios expropiados por la fuerza? Si nada de esto tiene un asidero real, el documento no sólo pierde toda seriedad y relevancia sino que manifiestamente tergiversa y distorsiona la realidad política. Ante semejante distorsión del relato político, nuestro Gobierno puede demostrar su concreta vocación por la libertad de expresión al haber impulsado y logrado en el Parlamento la eliminación del delito de calumnias e injurias. Ello permite que cualquier periodista o dirigente político pueda expresar su opinión sobre un funcionario sin ser acusado de cometer aquel delito.
Por lo tanto, el documento no es más que otro vago e insustancial llamado al consenso y la defensa de las instituciones por parte de aquellos que han mostrado una permanente intolerancia y tentaciones represivas hacia aquellos sectores más humildes, están realmente acusados por la justicia de utilizar los poderes del Estado para intrometerse en la vida privada de otros ciudadanos, o que, habiendo sido gobierno, sólo supieron dejar como mayor “aporte” a nuestra democracia decenas de víctimas, deudas impagables, millones de desempleados, gobiernos inconclusos y un país peor que el que habían recibido.
Matías Rohmer y Arturo Trinelli
Politólogos UBA
