La provisión eficiente de servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo. La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen un fuerte obstáculo para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de altas tasas de crecimiento económico. Este es el principal motivo por el que la Argentina requiere ampliar y modernizar su infraestructura básica, lograr niveles máximos de cobertura del territorio nacional y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes económicos y de los ciudadanos. Por otra parte, la implementación adecuada y sostenida de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios conexos, contribuirán a que nuestro país y sus diferentes regiones puedan desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la integración del sistema económico y territorial del país, haciendo posible las transacciones dentro nuestro espacio geográfico/económico, y con el exterior.
En este sentido, tales redes constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica del país y de su mercado, así como de los mecanismos concretos de articulación de la economía nacional con la economía mundial. Hay una relación entre inversión en infraestructura, productividad, competitividad y crecimiento.
Es por ello que para el peronismo la infraestructura social y económica siempre fue una inversión y una política de Estado. Por el contrario los gobiernos conservadores o de derecha siempre han considerado que la infraestructura social es tan solo un gasto público demostrando su miopía política o su dependencia de otro interés que no es el nacional.
La obra pública y privada en infraestructura es un motor del crecimiento económico genuino. Las inversiones en rutas y autopistas, hospitales, agua potable, cloacas, gas o energía eléctrica son esenciales para además generar las condiciones básicas que con políticas de inclusión y educativas permitan erradicar de nuestro país un mal endémico como es la pobreza estructural.
El desarrollo económico solo puede sostenerse en el tiempo y ser consistente si las inversiones en infraestructura se mantienen como política de Estado a lo largo de décadas, lo cual nos introduce en la cuestión de donde debe provenir la financiación. Necesariamente las fuentes deben ser diversas, desde los préstamos blandos de organismos financieros internaciones como la Corporación Andina de Fomento hasta fondos estatales. Un ejemplo de esta última puede ser ilustrativo. El programa ProCreAr (100distorsionado por el actual gobierno hasta casi paralizarlo) para la construcción de viviendas que evitó la intermediación y cuya adjudicación fue por sorteo evitando así cualquier tipo de digitación de los beneficiarios, fue posible luego de que el Estado recuperara los fondos de los jubilados en manos de las AFJP. La estatización de los fondos previsionales, bueno es recordarlo, tuvo una feroz oposición del macrismo, pero en definitiva permitió que la construcción de viviendas populares tuviera un arranque auspicioso. Está claro que es insuficiente en tanto el déficit habitacional del país es enorme, pero vale como ejemplo de que son muchas las formas en que el Estado puede fondearse para obtener los recursos necesarios para invertir en infraestructura.
Y ya que hablamos de recursos, ¿se imaginan el impresionante avance que se podría hacer si los créditos tomados por este gobierno en el exterior (100cien mil millones de dólares) se derivaran para infraestructura en vez de usarse para pagar sueldos, proveedores o venderle dólares a las grandes empresas para que giren dividendos a sus casas matrices?
Claro está que la principal fuente de financiación del Estado proviene del cobro de impuestos. Todas las sociedades desarrolladas tienen una alta carga tributaria que luego se traslada a obras de las que goza toda la comunidad y en ese sentido un sistema tributario progresivo y equitativo reparte el pago de los impuestos equitativamente de manera que pagan más los que más tienen. El gobierno de Cambiemos ha decidido seguir el camino inverso bajando impuestos al complejo sojero, a las mineras, a los bienes personales, etc. Su objetivo claramente es desfinanciar al Estado hasta transformarlo en un actor pasivo, sin los recursos para llevar adelante estas políticas de inversión que, o se harán a precios exorbitantes por medio de empresas privadas amigas del gobierno, o no se harán.
Cuando sostenemos que se precisa planificar políticas de Estado que doten a la Argentina de la infraestructura social y económica que necesita se deben fijar metas a largo plazo. Un objetivo razonable sería invertir de aquí a veinte años un 9% o 10% del PBI. No es fácil, pero de ninguna manera imposible si media una planificación sostenida por los sucesivos gobiernos durante ese lapso de tiempo. Prueba de que todo es posible cuando existen políticas coherentes y firmes es el proyecto de Ar-sat. Cuando se comenzó, el país no tenía ninguna experiencia, pero en relativamente poco tiempo se logró poner en órbita dos satélites construidos por el INVAP y se comenzó a construir un tercer satélite. Ahora bien, el gobierno de Cambiemos abandonó a su suerte el proyecto durante el 2016 quitándole financiación y ahora pretende privatizarlo en manos de una multinacional norteamericana entregando así un área estratégica como es la de las comunicaciones a intereses privados, al tiempo que desarticula una exitosa política de Estado.
Cuando se inicia una obra que es para todos los argentinos es imprescindible que tenga continuidad en los sucesivos gobiernos. Cambiemos sostuvo durante la campaña presidencial de 2015 que mantendría las políticas públicas pero la realidad es que una a una las fue desactivando hasta tornarlas inviables con lo cual el cambio cultural que pregonaba fue una falsedad más. Lo cierto es que un verdadero cambio de la cultura política hubiera sido la continuidad de las obras proyectadas o en ejecución. Por el contrario lo que hizo esta administración fue parar toda la obra pública, desactivar proyectos estratégicos como el nuclear, la inversión en ferrocarriles, la construcción de represas o el bluf del plan Belgrano que según Macri invertiría 16 mil millones de dólares y a la fecha solo inauguró un par de obras que venían de la gestión anterior.
