“A nadie le interesaba la suerte de nadie, salvo su propia suerte, aun cuando esto representara la desgracia de los demás.”
Juan D. Perón
El Departamento Nacional del Trabajo era un organismo creado por el presidente José Figueroa Alcorta el 14 de marzo de 1907 mediante un decreto que establecía sus funciones: “recoger, coordinar y publicar todos los datos relativos al trabajo de la República, especialmente en lo que concierne a las relaciones del trabajo y del capital y a las reformas legislativas y administrativas capaces de mejorar la situación material, social, intelectual y moral de los trabajadores”. Más tarde, el 30 de septiembre de 1912 y recogiendo los proyectos de José L. Cantilo y Alfredo L. Palacios, se amplió su esfera de acción al sancionarse la ley 8.999 que estableció que eran de su incumbencia: la inspección y vigilancia de las leyes, la incorporación de un registro de colocaciones para trabajadores sin empleo, y la facultad de mediar en los conflictos entre el capital y el trabajo, a través de un Consejo del Trabajo.
Esta concesión de la oligarquía de principios de siglo XIX sobre la problemática laboral, fue solo eso, una concesión, vacía de contenido, sin la menor intención de proteger los derechos laborales, porque ninguna de las funciones del departamento fue cumplida cabalmente de modo que sirviese a los intereses de los trabajadores.
Los conflictos laborales eran inexorablemente resueltos a favor de las patronales. La baja esperanza de vida de los trabajadores y las ollas populares para dar de comer a los desocupados, son el mejor testimonio de esta situación.
Durante tres décadas, el Departamento Nacional del Trabajo, fue apenas una oficina de estadísticas y una agencia de colocaciones en plena oleada inmigratoria europea. Dar alguna e ínfima salida laboral a los inmigrantes recién llegados a esta tierra, pareciera ser que fue la verdadera intención de su creación. Ninguna de las otras funciones fueron puestas en práctica y las relaciones entre el trabajo y el capital siguieron su curso de explotados y explotadores, sin control alguno, ni atisbo de justicia social.
Lo cierto es que Perón ya había comenzado una acción política decidida desde la Secretaría de Guerra con un objetivo claro: instalar como centralidad política la cuestión social y laboral. Pero esto era insuficiente, hacía falta un espacio específico para la tarea emprendida.
Ese lugar fue el Departamento Nacional del Trabajo. Inicialmente, hasta sus hombres de confianza se sorprendieron por lo irrelevante que significaba, en términos de poder, ese organismo. Muy pocos en realidad conocían la táctica que desarrollaba Perón y muchos menos todavía se podían imaginar cuál era su proyecto.
Como fuera, el 27 de octubre de 1943 habiendo sido designado mediante un decreto presidencial, se hace cargo de la presidencia del Departamento. Perón se pone al frente de las reivindicaciones obreras rumbo a la justicia social.
Desde el inicio de su gestión, Perón se relaciona con el estadígrafo español José Figuerola, quien es también un especialista en planificación laboral y sindical que ya trabajaba en el Departamento.
El propio Figuerola dio testimonio del primer encuentro que tuvo con el coronel Perón: “Tras saludar al personal pasamos a mi oficina, alrededor de la siete de la tarde, prolongando la entrevista hasta las dos y media de la mañana del día siguiente, 28 de octubre. Con su coche del Ministerio de Guerra, sin escolta (100sólo con chofer), me condujo hasta mi domicilio. A las tres de la madrugada, recibía el primer abrazo del coronel Perón. Con el nuevo día, además de una estrecha colaboración, nacía una amistad sincera, a prueba de los avatares políticos que después se han sucedido… La colaboración personal que sostengo con él es absorbente. Desde la revisación de la clasificación de actividades profesionales, para conocer metódicamente la situación de las empresas y de los trabajadores en ellas ocupados, pasando por la reestructuración de los servicios de estadísticas, la definición de los principios y objetivos de la política social argentina, el esquema de la labor a realizar en materia laboral propiamente dicha, la proyección hacia el campo económico social mediante la implantación de un sistema coordinador de las dispersas funciones que incumben al Estado, fueron jalonando una serie de estudios y medidas”.
Hubo otros dos hombres que fueron clave en esta pequeña estructura del Departamento Nacional del Trabajo, el socialista Juan Atilio Bramuglia, futuro ministro en el gobierno de Perón y el doctor Eduardo Stafforini, experto en derecho laboral y creador de la palabra Justicialismo, según testimonio del propio Perón.
Muy poco tardará Perón en dar un paso trascendental. El 27 de noviembre de 1943, a solo un mes de haber asumido funciones en el Departamento Nacional del Trabajo, por decreto ley Nº 15074, consigue que sea creada la Secretaría de Trabajo y Previsión, separada del Ministerio del Interior y con rango de ministerio. Al día siguiente asume interinamente a cargo y el 1º de diciembre es designado titular de la misma.
Su primer discurso como secretario el día 2 de diciembre de 1943 es revelador y deja perfectamente en claro el rumbo de su accionar político: “…El Estado se mantenía alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber. Solo tomaba contacto en forma aislada, cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle, le obligaba a descender de la torre de marfil de su abstencionismo suicida. No advertían los gobernantes que la indiferencia adoptada antes las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, porque era precisamente el olvido de los deberes patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia…”. Agregando “…Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. De ahora en adelante, las empresas podrán trazar sus previsiones para el futuro desarrollo de sus actividades, tendrán la garantía de que, si las retribuciones y el trato que otorgan a su personal concuerdan con las sanas reglas de convivencia humana, no habrán de encontrar por parte del Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo en pro del mejoramiento y de la economía general y por consiguiente del engrandecimiento del país. Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se establezcan, enumerando los derechos y deberes de cada cual, habrán de ser exigidas por las autoridades del trabajo con el mayor celo, y sancionando con inflexibilidad su incumplimiento. Unos y otros deberán persuadirse de que ni bajo la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque una voluntad inquebrantable exigirá por igual el disfrute de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones”.
