Todos somos conscientes de la importancia fundamental que la educación tiene para el desarrollo de cualquier sociedad. Es un tema que nos importa en muchos aspectos: nos preocupa el estado de las escuelas, la calidad de la enseñanza, la deserción escolar, la conducta de los alumnos, el vínculo con el mundo del trabajo, entre otros tantos. Sin embargo, y con todo esto, lo que tenemos es una realidad educativa preocupante que se muestra como la contracara del enorme esfuerzo que hacemos por mejorarla.
El tema coyuntural de la paritaria docente funciona como un reflejo de una serie de temas y problemas estructurales que deben ser atendidos por los distintos actores del sector, pero sobre todo por el Estado, que tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación digna y de calidad.
La discusión salarial, fundamental dentro de un debate más abarcador, renueva nuestras preocupaciones y deseos “de siempre” con respecto a la educación, y trae, a su vez, la pregunta que ya desvela a alumnos, padres y madres, directivos y funcionarios: ¿comenzarán normalmente las clases?
Por el momento, algunos indicios sugieren que no empezarán: en primer lugar, la publicación en el BORA del 17 de enero del Decreto 52/18, que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo. Básicamente, lo que esta decisión del Ejecutivo impone es una condición de negociación al ya vapuleado sueldo docente, estableciendo un incremento estricto del 20% – ni más, ni menos – por encima del valor del salario mínimo, vital y móvil (100variable entre $11 mil y $12 mil). A partir de allí, la discusión se desplaza de manera fragmentada a las jurisdicciones (100donde el salario bruto promedia los $ 15 mil, si se toma como referencia el ingreso de un maestro de grado con antigüedad de 10 años, llegando en algunas provincias a $ 11 mil, según la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo de la cartera de Educación), eludiendo la “paritaria colectiva nacional” establecida en la Ley Nacional de Educación. Además, en el último presupuesto, el Gobierno no discrimina el Programa de Compensación Salarial (100también previsto en la LFE), creado para que Nación aporte recursos a las provincias con menor capacidad de pagar salarios para llegar al mínimo acordado. Otro factor que incidió en el malestar general que se respira en el sector, fue que el decreto se deslizó un tanto “camuflado” entre el periodo vacacional y el receso legislativo, tal como se hizo con el mega-DNU. De esta manera, la medida del oficialismo no es la que mejor colabora al diálogo con las múltiples partes interesadas del ámbito educativo.
Por otra parte, las actitudes de indiferencia y el destrato con que algunos funcionarios – como es el caso del ministro Alejandro Finocchiaro y la propia María Eugenia Vidal – vienen conduciendo el asunto, son las peores recetas para avanzar en propuestas superadoras para el sector educativo. La soberbia, las declaraciones mediáticas innecesarias y la falta de diálogo no aportan de ninguna manera a la gestión de soluciones concretas.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que venía estirando el encuentro con las organizaciones, decidió apurar la convocatoria de los gremios para negociar salarios a solo 20 días del inicio de clases.
El hecho es que Cambiemos necesita un cierre en torno al 15% sin cláusulas “gatillo”, en línea con una meta de inflación para este año que en realidad no puede garantizar y que va a contramano de lo que indican la mayoría de las proyecciones, que la ubican por lo menos en un 20%.
En definitiva, el escenario planteado por el Gobierno dificulta una solución, pone en peligro el normal comienzo de las clases el próximo 5 de marzo y genera obstáculos para atender muchos de los problemas que sabemos que existen en el mundo educativo. Sobre todo, es necesario que el Estado trabaje con los distintos actores del sector a partir de un diagnóstico realista para responder a las demandas que la sociedad viene planteando.
Las metas que queremos son posibles, pero el camino de la confrontación y ajuste que ha elegido Cambiemos no es el correcto. Debemos establecer prioridades y tener de una vez por todas las instituciones que merecemos: avanzar en el diseño de un plan estratégico de infraestructura escolar, fortalecer el vínculo de la educación secundaria con la educación superior y el mundo del trabajo, generar un salto de calidad en la producción de conocimientos valiosos para la transformación social; para todo ello es necesario dialogar, invertir y hacer. Debemos trabajar por un sistema educativo de calidad e integrador, basado en el principio de la justicia social para el progreso de todos los argentinos.
