Poco después de concluida la guerra en junio de 1982, Gran Bretaña construyó una poderosa base militar en territorio malvinense transformándose las islas en algo así como un portaaviones gigantesco. Además, inició unilateralmente la explotación pesquera al autorizar a los isleños a otorgar concesiones a terceros países, quienes al no tener ningún control realizan una sistemática depredación de los recursos existentes.
Más adelante comenzó también la exploración y explotación petrolera.
Para los ingleses, las islas tienen una importancia geo estratégica en tanto constituyen un enclave militar en pleno Atlántico Sur, además de darle proyección hacia el continente antártico.
Tras el conflicto bélico, la cancillería británica ha elaborado una teoría que luego se convirtió en la posición oficial del gobierno. Sostiene que si alguna duda podía existir sobre la legitimidad del reclamo argentino, el uso de la fuerza por parte de nuestro país ha zanjado definitivamente la cuestión. Según esta posición, nosotros renunciamos a una solución diplomática al optar por una guerra y en ella fuimos derrotados. Por tanto, para Gran Bretaña ningún valor tienen las resoluciones de Naciones Unidas, las cuales de hecho veta sistemáticamente. Para ellos, en la actualidad lo único que tiene importancia es la situación de facto existente desde 1982 y de ninguna manera está en tela de juicio la soberanía de las islas. En apoyo de esta unilateral e ilegítima decisión en 2013 se realizó un referéndum convocado por los isleños para definir el status político del archipiélago cuyo resultado fue que aceptaron ser un territorio británico de ultramar.
Ahora bien, a lo largo de los años la posición argentina de reclamar la soberanía de las islas usurpadas ha sido monolítica. Pero esa coherencia ha sido vulnerada por el actual Gobierno en tanto que dejó de ser una cuestión central de la política exterior del país.
Desde el incidente diplomático producido por el presidente Mauricio Macri, cuando en septiembre de 2016 refirió al periodismo que la primera ministro Theresa May le habría dicho que pronto se reunirían para discutir la soberanía de Malvinas, versión inmediatamente desmentida por la Cancillería del Reino Unido y posteriormente por la misma canciller argentina, el tema fue silenciado por el gobierno argentino, al punto que ni siquiera fue nombrado, como han hecho todos los presidentes anteriores, en el discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa.
Es necesario llamar al Gobierno de la Nación a reflexionar sobre la necesidad de poner nuevamente en agenda la cuestión Malvinas y continuar con el reclamo diplomático teniendo presente que en el derecho internacional la persistencia de los reclamos a la larga otorga razones y fundamentos que sirven para sostener una posición, en este caso, el pedido de reconocimiento de la soberanía sobre el archipiélago. No debe olvidar este gobierno que el reclamo es una cuestión de Estado que debe tener continuidad en el tiempo pues es una exigencia del pueblo argentino.
Y en tal sentido nos permitimos sugerir que se explore la posibilidad de desarrollar tareas de difusión de los fundamentos de nuestro reclamo tanto sobre la opinión pública de los países miembros de la OTAN como de la misma Gran Bretaña, pues ninguna duda cabe que son muchos los que se opondrán a que una nación democrática europea continúe con el anacronismo de mantener un enclave colonial en pleno siglo XXI.
