En la actualidad, tanto en los medios de comunicación como en los distintos debates parlamentarios solemos observar cómo se hace referencia a nuestra Constitución Nacional con vehemencia. En momentos en los que el permanente reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur vuelve a estar en agenda debido a la nueva estrategia del Gobierno de la alianza Cambiemos respecto del conflicto (100con papelón diplomático del Presidente argentino durante una nueva Asamblea General de la ONU incluído), creemos que varios integrantes de la coalición gobernante, comenzando por los más encumbrados dirigentes deberían releer lo que dice la Cláusula Transitoria I de nuestra “ley de leyes”:
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Esta recomendación no es arbitraria: cerca de la medianoche del 13 de septiembre último, la Cancillería Argentina publicó en su sitio web una declaración conjunta con el Reino Unido, trabajada en los últimos meses entre los equipos encabezados por la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra y Alan Duncan, Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica.
Al adentrarse en dicha declaración, no se encuentran temas especialmente relevantes más allá de aspectos clásicos de los distintos acuerdos de cooperación bilateral que se firman a lo largo y ancho del planeta: lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ciencia y tecnología, derechos humanos, cuestiones de género, arte, cultura, educación, deportes, comercio, promoción de inversiones, agenda del G-20, cooperación para una mayor integración de la Argentina en la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, seguridad internacional, defensa, y la crisis de los refugiados de Medio Oriente que generó turbulencias políticas principalmente en Europa Occidental.
Perdido entre semejante maraña de temas, lo que enciende una señal de alarma es que llegando a la parte final del documento publicado en la web de Cancillería aparece un ítem referido a la cuestión del “Atlántico Sur”. Esta sección de la declaración afirma en su primer párrafo que:
“En un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este comunicado conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados.”
El mencionado párrafo 2 de la Declaración Conjunta realizada en Madrid durante el mes de octubre de 1989 describe nada menos que el establecimiento de la cooperación bilateral con el Reino Unido bajo el denominado “paraguas de soberanía”, es decir realizar acuerdos sin discutir la soberanía sobre los territorios marítimos y terrestres. Por ese entonces, la Cancillería era comandada por Domingo Cavallo, y el acuerdo permitió en los hechos que el Reino Unido avanzara con el otorgamiento de permisos de pesca y de exploración de hidrocarburos (100profundizada con la Declaración Conjunta del 27 de septiembre de 1995, luego derogada en marzo de 2007 por Néstor Kirchner). En la misma línea, la Corona Británica continuó y expandió el proceso de militarización de esta zona del Océano Atlántico.
El camino de cooperar sin poner en discusión el tema de nuestra legítima soberanía sobre las Islas y sus espacios marítimos adyacentes ha sido un claro fracaso para nuestro país, no así para los ingleses. La estrategia del “paraguas de soberanía” fue explicitada casi 40 años atrás por el gobierno Británico en momentos en que negociaba con la dictadura argentina, durante la sesión de la Cámara de los Comunes del 2 de febrero de 1977. En su exposición, el Secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, Anthony Crosland, expresó lo siguiente:
“Para un mayor desarrollo de la economía de las islas, especialmente en aquél relacionado con los recursos del mar, la cooperación con la Argentina –y aún la participación– debe asegurarse dentro de lo posible. Por tales causas, el gobierno ha decidido que llegó el momento de conversar, tanto con los isleños, como con el gobierno argentino sobre si existe un amplio campo de posibilidades referentes al futuro de las islas y a la eventual cooperación entre Gran Bretaña y la Argentina en la región del Atlántico Sudoccidental. (100…) En esta clase de discusión surgirán inevitablemente cuestiones fundamentales sobre las relaciones entre las islas, Gran Bretaña y la Argentina, las que tendrán lugar bajo el paraguas de nuestra soberanía; esto es, el gobierno de Su Majestad mantendrá totalmente su posición respecto de la soberanía, que por ninguna causa podrá ser afectada”.
Parece tragicómico, entonces, que el Gobierno de la alianza Cambiemos intente retomar esta senda moldeada por la Foreign Office, que evidenció ser muy desfavorable para los intereses argentinos ya que sólo sirvió para que el Reino Unido extienda y ramifique su ilegítimo e ilegal dominio sobre nuestro territorio. Es necesario retomar, de manera urgente, la senda que traza la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, instando a ambas partes a discutir el tema de la soberanía de los territorios usurpados.
El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri juró ante la Asamblea Legislativa “desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina". Pocos notaron en ese momento que el artículo 93 de nuestra Constitución Nacional exige jurar ejercer la Primera Magistratura con “lealtad y patriotismo”. Lo que entonces podía parecer una inocente omisión, hoy parece ser honestidad brutal.
Por Ignacio García Díaz
