El vaciamiento de las instituciones que lleva a cabo sistemáticamente este Gobierno viene acompañado por el vaciamiento del sentido que determinadas palabras tienen en nuestra historia y en la construcción de nuestra identidad nacional. Los “derechos humanos” entran en esta lógica de vaciamiento. En primer lugar, deslegitimando, relativizando y cuestionando la dimensión de las luchas y conquistas de los organismos de Derechos humanos y, en segundo lugar, minimizando el significado de Memoria, Verdad y Justicia. Pero no conformes con la embestida simbólica (100toda conquista necesita de la imposición en el plano simbólico y en el material), ahora, el Gobierno posibilita, a través de diferentes mecanismos, un retroceso gravísimo en términos de Derechos humanos, evidenciando una clara postura ideológica contraria a tal reivindicación, que a esta altura pertenece al pueblo argentino en su conjunto.
Resulta paradójico que, a tan solo unos días de conmemorarse 40 años del nacimiento de “Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora”, la Corte Suprema de Justicia avance contra las políticas de Derechos Humanos y dictamine el beneficio del 2×1 a genocidas de la última dictadura militar de nuestro país. Sin embargo, desde que Macri asume la presidencia en diciembre de 2015, tanto las declaraciones que él mismo hiciera como la de sus funcionarios, fueron preparando el terreno para que un hecho de estas características sucediera.
Ayer, el máximo tribunal de Justicia decidió, en votación dividida, que el beneficio para acortar las penas se aplique a los delitos de lesa humanidad. El denominado beneficio del 2×1 fue dictaminado con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Quienes votaron en contra fueron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La sentencia fue dictada en el caso de “Luis Muiña”, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.
Detrás de la consideración de la Corte, se esconde la equiparación nefasta de delitos comunes a delitos de lesa humanidad, se minimiza la gravedad de los delitos cometidos en la última dictadura militar, se evidencia una clara postura encubridora del genocidio ocurrido, se deja en claro el retroceso en materia de justicia por los derechos humanos, se desvalorizan 40 años de lucha constante e incansable para condenar a todos los responsables de la desaparición y detención de 30 mil personas, de la tortura, de la privación ilegítima de la libertad y de la apropiación de bebés que sucedieron en nuestro país con la complicidad del Estado y los grupos concentrados del poder económico.
Se confirma, además, la sospecha de una Justicia tendenciosa, que actúa en consonancia a un Gobierno cada vez más conservador, que se la ha pasado embistiendo simbólica y materialmente a los derechos humanos, aplicando leyes de manera inconstitucional, avasallando políticas de derechos humanos importantísimas para la identidad de nuestro país y reconocidas por organismos internacionales por su gran envergadura.
Para gobiernos tan conservadores y de derecha como el actual nada es mejor que no tener memoria; es mejor que quienes fueron funcionales a la dictadura -y que hoy parecen ser los amigos del Gobierno- estén libres o no reciban condena; que no se pueda hablar de derechos. Para que gobierne la derecha, lisa y llanamente la Justicia tiene que estar de su lado, aunque para eso se proceda de manera inaudita aplicando leyes derogadas a delitos que atentan contra la humanidad; el diálogo se debe llamar “reconciliación” y la reducción de pena a los represores, “democracia”. Es así que el Gobierno vacía de contenido palabras que en nuestra historia tienen el significado que han logrado años de lucha y lo rellena de otros sentidos que le son necesarios para gobernar y cambiar la relación entre las cosas, entre los hechos, entre las fuerzas de poder.
Dichos tales como “el curro de los derechos humanos” y solo ha habido “8.571 víctimas de terrorismo de Estado” están en la misma línea con la decisión que ha tomado ayer la Corte Suprema de Justicia. Un Gobierno que ha realizado con total liviandad este tipo de declaraciones no podía menos que avalar el beneficio del 2×1 a los represores. Tal es así que, ayer mismo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, declaró estar de acuerdo con el fallo: "Tenemos que ser respetuosos con el fallo de la Corte Suprema. Estamos en democracia y tenemos que respetarlo".
Cuánto cinismo hablar de “democracia” cuando lo que menos se está haciendo es construir democracia, desprestigiando y pasando por alto derechos humanos fundamentales en nuestra historia. Cuánto cinismo hablar de “respeto” cuando se pisotea la memoria de 30 mil detenidos-desaparecidos. Es que para que gobierne la derecha, mejor olvidar, mejor perdonar, mejor la injusticia.
Firmes a nuestras convicciones, nosotros tenemos la convicción de que es justo que los genocidas reciban un castigo efectivo y sobre todo no debemos olvidar que un pueblo sin memoria queda expuesto a que la historia se repita. Seguimos luchando, acompañamos la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de H.I.J.O.S y de organismos de derechos humanos, y repudiamos enérgicamente la decisión del máximo tribunal de Justicia. La Memoria y la lucha por la Verdad y la Justicia son la bandera que levanta el pueblo para no repetir la historia más trágica de nuestro país. Ni olvido ni perdón, JUSTICIA.
