Inseguridad, inflación, o miedo a perder el empleo son algunos de los temas preocupantes para la población que encabezan las encuestas de opinión pública en la actualidad. Aún con el impulso que se le otorgó a la investigación científica en los últimos años, el tema parece no figurar de manera central en la agenda del día a día en nuestra sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos conflictos tales como la reducción presupuestaria para vacantes de investigadores en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (100CONICET), o la polémica por la posible incorporación de una empresa extranjera en el gerenciamiento del futuro satélite geoestacionario ARSAT 3, han hecho que el rol del Estado en el impulso de la Ciencia y la Tecnología vuelva a situarse con mayor frecuencia entre los temas que ocupan a la sociedad argentina. ¿Debe el Estado abrir el juego a actores privados en áreas sensibles y de Interés Nacional? ¿De manera mayoritaria o sólo como inversores complementarios? ¿Debe otorgársele “libertad” al sector privado para investigar o el Estado debe tener un plan de Investigación y Desarrollo en función de un proyecto de desarrollo? Desde el Justicialismo sin dudas tenemos respuestas y propuestas ante estos interrogantes, pero creemos que es necesario realizar un repaso histórico primero y un diagnóstico contemporáneo después para comprender dónde nos encontramos y qué intereses están en pugna a la hora de pensar en un desarrollo científico – tecnológico que se traduzca en beneficios concretos para nuestra sociedad.
Podemos comenzar por observar una foto o recorte coyuntural de la realidad en cuanto a los países que más foco hacen en esta temática, tanto del mundo en general como de nuestra región en particular.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (100OCDE) elabora periódicamente múltiples informes estadísticos sobre aspectos socioeconómicos de sus países miembros, así como también sobre otras naciones del mundo. Uno de ellos estudia la inversión en Investigación y Desarrollo (100I+D) que realiza cada país:
Inversión en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PBI (1002015-OECD)
El primer “pantallazo” es contundente: los diez primeros países que más invierten en I+D son aquellos que también tienen un puesto elevado en el ranking del Índice de Desarrollo Humano: ninguno de ellos está por fuera de los 25 primeros, así como también ninguno tiene un nivel menor al 2,5% del PBI en investigación y desarrollo. En Latinoamérica, Brasil (100ausente en el gráfico, con un 1,2% del PBI en inversión I+D), Argentina y México lideran con una inversión en I+D en torno al 0,6% del PBI, seguidos un poco más de atrás por Chile. En lo que concierne a nuestro país, el sabor es agridulce. Si bien la inversión se incrementó significativamente desde 2002 hasta 2014 (100de 0,36% a 0,589%), el cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2015 que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación trajo algunas nubes grises en el horizonte del sector.
Una de las principales señales de alarma las dio el presupuesto aprobado para el año 2017. Mientras que entre 2009 y 2015 el presupuesto para Ciencia y Tecnología osciló entre el 0,7% y 0,8% del total del Presupuesto Nacional, en el presupuesto para este año la proporción bajó al 0,59%, aunque si se suman a los organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (100INTA) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI la cifra desciende del 1,5% al 1,3%. Estos dos últimos organismos sufrieron duros recortes: mientras que el presupuesto del INTA se redujo en un 25%, el del INTI sufrió un recorte del 27%. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina realizó un análisis más minucioso en cuanto a otros organismos que hacen un aporte significativo en investigación y desarrollo tales como el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (100CITEDEF), Fabricaciones Militares, la Comisión de Energía Atómica o el Instituto Nacional del agua sufren recortes que van del 7 al 17%. Si nos enfocamos sólo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el presupuesto para este año también disminuyó en un 9,5% con respecto al del año anterior en base a lo aprobado por el Congreso. Si tomamos en cuenta el refuerzo monetario de 1.100 millones de pesos para el Ministerio que significó la reciente decisión administrativa 543/2017 del Gobierno Nacional, el aumento del presupuesto sólo se ubica en algo más de un 10%, lo cual queda muy por debajo de los actuales niveles inflacionarios superiores al 20% estimados por el INDEC. El CONICET no sólo no goza de ninguna partida extra, sino que la reducción de vacantes para el año 2017 significó que casi medio millar de jóvenes que debían ingresar a la carrera de investigador aún no hayan resuelto su situación con las autoridades, manteniendo ya varios meses de conflicto.
¿Cómo puede pretenderse, entonces, ajustar en un área tan sensible cuando en nuestro país se invierte entre 4 y 7 veces menos en Investigación y Desarrollo que en los países líderes en la materia? Las respuestas pueden ser múltiples: el Estado investigando “molesta” a actores del sector privado con intereses encontrados, la conducción gubernamental puede pensar que el “mercado” fomenta la investigación más eficientemente que el sector público, etc. Desde el Justicialismo no podemos hacer menos que responder a este nuevo intento de desfinanciamiento con tres de nuestros principales activos: nuestra historia, nuestras acciones y nuestras propuestas.
En 1949, el Presidente Juan Domingo Perón creaba el Ministerio de Asuntos Técnicos, el cual no solo tenía la función de implementar los Planes Quinquenales, sino que el otro gran objetivo era la modernización del país mediante el fomento y creación de áreas de investigación científica. En esa línea, se producen las creaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, la Dirección Nacional de Energía Atómica en 1951, la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas (1001950) que más tarde se transformaría en la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (100DNICYT), el Instituto Antártico Argentino (1001951), y la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentaciones de las Fuerzas Armadas en 1954. Otro hecho importante fue la creación mediante el Decreto Nacional n° 9695/1951 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (100CNICYT), primer antecedente de lo que luego sería el CONICET, que más tarde pasaría a llamarse Comisión Permanente de Investigaciones Científicas y Técnicas. Por su parte, la ley 13.229 creó Universidad Obrera Nacional (100UON, hoy Universidad Tecnológica Nacional) a fin de fomentar la educación universitaria de carácter técnico en las clases obreras cuyo acceso a los niveles superiores estaba dificultado por múltiples razones. La gratuidad universitaria y la expansión de becas de estudio producto de la Ley de Reforma Universitaria N° 13.031 y el decreto 9337/1949 también permitieron el acceso a carreras técnico-científicas a miles de nuevos estudiantes. Otros hitos, como la creación del avión Pulqui II o el desarrollo del “Proyecto Lofer”, un torpedo submarino guiado a radiocontrol fueron otras muestras de la voluntad del peronismo de buscar la soberanía científica para lograr un desarrollo autónomo en un contexto de posguerra mundial que así lo hacía necesario. En términos constitucionales, la reforma de 1949 en su artículo 37 (100Derechos Especiales) afirma que “El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas post universitarias, para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los límites establecidos por una ley especial que las reglamente”. (100Cap. III, 37, IV, 5).
El segundo período peronista en que sin dudas la Ciencia y la Tecnología fueron impulsadas con vehemencia tuvo lugar durante los años 2003-2015. La creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue sin dudas uno de los hechos políticos más significativos, en conjunto con la construcción del imponente Polo Científico Tecnológico en el barrio porteño de Palermo que aloja a la sede administrativa del Ministerio. Iniciativas como la creación del Programa ARSAT (100construido por la empresa estatal INVAP) que contempla la construcción de Satélites Geoestacionarios (100ya se llevan lanzados dos), el desarrollo del cohete transportador Tronador II, la Ley RAICES 26.421 de repatriación de científicos en el exterior, el aumento de investigadores y becarios en el CONICET con su correspondiente incremento presupuestario, la creación del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, el impulso del Plan Nuclear Argentino que prevé la construcción de centrales atómicas así como el uso de la energía nuclear con fines medicinales, así como el ya mencionado incremento de la inversión en Investigación y Desarrollo, construyen un piso de conquistas con las que el peronismo puede hacer gala de su capacidad transformadora. Sin embargo, y sobre todo ante este nuevo avance de un Gobierno como el de la Alianza Cambiemos que pretende frenar el “gasto” en ciencia y tecnología con fines “fiscales” (100por no decir ideológicos), no podemos conformarnos con lo hecho a lo largo de nuestra historia. Se deben fomentar iniciativas legislativas que fomenten el aumento de la asignación de fondos en Ciencia y Tecnología que lleven, como mínimo, dicho monto al 2% del PBI (100en 2017 la Ley de Presupuesto asignó sólo el 0,34%). Es necesario también estimular la creación de agencias y fondos provinciales, para que de esta forma los “focos” de desarrollo de la ciencia y la tecnología se multipliquen sin depender exclusivamente de la Nación, con la indispensable articulación con el sector privado. De esta forma, generar “nichos” de investigación y desarrollo permitirá agregar valor a economías regionales que, en buena parte, hoy son meramente extractivas y exportadoras. La capacidad de compra del Estado también debe explotarse, de modo tal que se incentive la adquisición de soluciones tecnológicas, softwares y bienes de capital fabricados en nuestro país.
Si bien el Poder Ejecutivo Nacional parece no estar comprometido con todas estas iniciativas que claramente tienden a generar soberanía política e independencia económica, es responsabilidad de cada uno de nosotros garantizar que este tema se mantenga en la agenda, haciendo entender tanto al actual Gobierno como a los venideros que la política de fomento a la investigación en ciencia y tecnología es una cuestión de Estado que acarrea sueños y desafíos de mucha gente que le dedica su tiempo, y no un mero conglomerado de cifras en una hoja del Presupuesto Nacional.
