Los contextos políticos crean en muchas ocasiones ciertos códigos para los lenguajes. Los términos justicia social, inclusión e integración regional por ejemplo, adquirieron sentido en algún momento en que las palabras tuvieron que ver con las cosas; pobreza cero, segundo semestre, lluvia de inversiones o Argentina vuelve al mundo forman parte de otro paradigma, más actual, donde la relación entre el discurso y la realidad se ha vuelto mucho más extraña y discordante. El conjunto de palabras “Derechos Humanos” es otro elemento de un léxico cuyo significado se quiere degradar, debilitar, cuestionar, relativizar. Se trata de una especie de embestida simbólica (100y material) que atenta, en primer lugar y dentro de esta gran dimensión de los Derechos humanos, contra la política de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
En un marco de “apertura al diálogo” y de nuevas permisividades lingüísticas, distintos funcionarios, periodistas y mediáticos, envalentonados por la victoria democrática de la derecha macrista, han salido a cuestionar diferentes aspectos de la política de Memoria, Verdad y Justicia. En enero, al poco de asumir Macri y su gabinete, el ex-ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido (100también ex funcionario de la Alianza de De la Rúa), afirmaba que los desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar no fueron 30.000, sino que ese número "se arregló en una mesa cerrada". Decimos ex-ministro porque al poco de tiempo de lanzar la bomba tuvo que desaparecer entre el humo. Para aminorar el papelón institucional, lo desplazaron de su cargo, pero dado que tan solo expresó lo que es creencia general entre los funcionarios PRO, no le soltaron la mano y se le mantuvo su cargo como director del Teatro Colón. Por supuesto que tales declaraciones no demoraron en despertar repudios y quejas de los principales organismos de Derechos Humanos, de instituciones de la sociedad civil y hasta desde sectores de la nueva alianza Cambiemos. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, exhortó a Lopérfido a demostrar sus dichos presentando pruebas y los listados con la identidad de cada uno de los que creía que fueron desaparecidos: "Que maldad empezar a manejar cifras. Si no son esas, que este señor nos diga cuánto es, que nos dé la lista de los que él piensa que son, si es que la tiene". Además, explicó pertinentemente una obviedad: las cifras son dinámicas, las denuncias y la investigación son permanentes. Este caso solo demuestra la banalidad con que se está enfocando esta problemática, que no es individual sino la de muchas personas involucradas y la de una sociedad que legitima una política de Estado que nace de una demanda genuina y moral. Entonces: ¿Qué tipo de actitud frívola y superficial es esta de sintetizar en una simple cifra numérica un campo de sentido muchísimo más amplio y tan relevante en la construcción de una identidad presente a partir de una serie de sucesos comprobados de nuestra historia reciente? ¿Es posible resumir un debate tan complejo y necesario en una exposición soberbia de funcionarios o personalidades mal educadas o mal aprendidas sobre su propia historia ante una temática que toca ciertas fibras sensibles de un colectivo – y por un mandato ético, también del conjunto de los argentinos – que milita por una causa noble y justa?
En marzo, para el 40 aniversario del último golpe de Estado, y entre un mega operativo de seguridad, Macri invitó a Barack Obama, y juntos realizaron una visita al Parque de la Memoria; mientras tanto la Plaza de Mayo, entre semivallada y decorada con banderitas estadounidenses, esperaba las columnas de las abuelas, las madres y una gran cantidad de personas que marchaban para ejercitar la memoria. Más temprano, en su cuenta de Twitter, Macri decía: "Digamos juntos nunca más a la división entre los argentinos, nunca más a la violencia institucional y política, nunca más a la violación de los derechos humanos". La frase es una muestra demagógica y liviana sobre un tema que exige posturas claras, seriedad y respeto. En primer lugar porque pretende reinstalar la 'teoría de los dos demonios' haciendo alusión a la ‘división’ entre compatriotas; en segundo lugar, porque habla a medias tintas de lo 'institucional' sin mencionar la responsabilidad de un Estado dictatorial en el ejercicio de la violencia; por último porque se procura difuminar la parte (100Memoria, Verdad y Justicia) por el todo (100derechos humanos – en minúsculas – que para Macri son una bolsa donde entra la libertad de prensa, la salud, la educación, la independencia de la justicia y también esta política. Son todos Derechos Humanos, coincidimos, pero aquí hablamos de un Derecho Humano en específico y hay que decirlo: Memoria, Verdad y Justicia). Las actitudes del PRO en relación a este tema fueron expresadas en la campaña: se prometió “terminar con el curro de los derechos humanos”, y más recientemente, en una entrevista con el sitio estadounidense BuzzFeed, respecto a una consulta sobre los desaparecidos durante la última dictadura, Macri señalaba: "Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro (100en referencia a un monumento de la costanera de la Ciudad) o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido". Pero claramente incurre en un grave error, existe un sentido y es justamente esa trama de significados que se pretende barrer/borrar a través de la descalificación y el desmantelamiento (100como el que se está llevando a cabo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un solo ejemplo de muchos). El último ataque del PRO sucedió hace algunos días, con la publicación del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (100RUVTE) – dependiente del Ministerio de Justicia – para responder a la solicitud de información de la ONG Ciudadanos Libres, una de las tantas organizaciones “progresistas” con financiamiento extranjero. En el informe se señala que desde 1973 hasta el fin de la dictadura, en diciembre de 1983, hubo 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada; un total de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado. Abuelas, Madres, hijos y familiares de los desaparecidos rechazaron el informe, que calificaron de infame, y cuya difusión mediante un comunicado fue firmado por el mismo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Una campaña para provocar, desprestigiar y menospreciar. El criterio mismo, ya desvía la metodología, porque se considera un recorte histórico diferente, pero más allá de ello y más allá de la cifras (100la de Conadep, las de organismos internacionales o la que sea) debemos insistir desde un posicionamiento que discuta esta manera vacía y ridícula de interpretar este tema.
30.000 es un consenso simbólico, es crear una palabra para hacer cosas, es generar el encuentro entre personas que quieren ser parte de su historia, que es la forma científica de la memoria. La historia estructura esa multiplicidad de relatos colectivos que intentan acercarse a alguna verdad que sea justa con esa historia. Memoria, verdad y justicia no son un número, es un camino que debemos transitar para no olvidar, para buscar respuestas juntos y fortalecer nuestra política de Derechos Humanos.
En este sentido, coincidimos con las palabras expresadas por el Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia América Latina: “Ya no se trata de una cuestión cuantitativa, ni de un número, ya que las secuelas que en el plano de las vidas humanas dejó el terrorismo de Estado son inmensurables, y sus efectos en miles de familias y en la sociedad en su conjunto irreparables”. Ni la memoria histórica, ni la búsqueda de la verdad y justicia son cuantificables.
En la plataforma política del PRO la palabra MEMORIA no figura ni una sola vez, ¿VERDAD? Tampoco. Y JUSTICIA aparece solo relacionada con la seguridad y el ámbito judicial, y ya sabemos que justicia no es nada de esto por si solo: mano dura, división de poderes, libertad de expresión, calidad institucional, etc. Somos críticos con esta indiferencia e ignorancia contra un campo simbólico que trascendió en tiempo y espacio: desde la dura lucha que comenzó en las rondas de Las Madres de Plaza de Mayo en 1977, en plena dictadura, hasta nuestro propio presente, donde todos los días accedemos a nuevos datos de una realidad que fue horrorosa. Es necesario que sigamos por el camino de la perseverancia, la solidaridad y la paz, concentrándonos en lo prioritario, tal como señalan desde Abuelas y Madres: “Hemos luchado contra una dictadura y todavía caminamos, y seguimos recuperando a nuestros nietos. En lugar de preguntarse cuántos son, les pedimos que nos ayuden a encontrarlos”. Es necesario que se profundicen las políticas de Derechos Humanos por las cuales Argentina es reconocida, sostener un ejercicio que nos permitió renovar nuestra mirada sobre el pasado y resignificar nuestro presente.
El próximo 10 de diciembre – Día de los Derechos Humanos – Abuelas, Madres, Hijos y muchas otras organizaciones se reunirán una vez más en la Plaza de Mayo – y convocan en todas las plazas del país – para compartir una Jornada Nacional de Lucha. Los ejes centrales de la convocatoria serán el reclamo por la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles y por el NO al desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. En su comunicado, las organizaciones, incluyeron también el pedido de “un modelo económico inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo”, y una postura contra “los despidos y el ajuste”.
Por Alejandro Olivera
