Desde que Cambiemos asumió el poder instaló sistemáticamente la imagen de un Gobierno “transparente”. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de sus políticas?
Desde que Cambiemos asumió el Gobierno en 2015, a través de diferentes mecanismos y estrategias de comunicación, instaló sistemáticamente la imagen de un Gobierno de la transparencia. En toda su estructura, percibe, estudia y avanza sobre las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, los medios masivos y las redes sociales para construirse como espacio político abierto y participativo, rasgos que se han interpretado como “positivos” en una sociedad de la transparencia.
En otras palabras, en un contexto mundial de globalización, hipercomunicación, debilitamiento de las formas conocidas de participación política, de erosión de la confianza en los representantes y partidos políticos, pérdida de peso de los Estados nacionales, en una época de cambio en la percepción de la vida democrática de los ciudadanos, el Gobierno de Macri interpreta la demanda de una nueva forma de representación y participación democrática y se vale de ella para construir su identidad y detentar su poder.
En esta línea, no resulta llamativo que una de las primeras políticas, tras asumir el Gobierno, haya sido dar lugar al Ministerio de Modernización, cuyo lema es “Un Estado al servicio de la gente y una Argentina conectada”.
Sin embargo, debemos entender que la relación entre acceso y participación no es lineal, la participación ciudadana real implica otras cuestiones que van más allá del discurso de la conección.
Lo mismo podríamos observar del denominado Gobierno abierto:
“Buscamos involucrar a todos los ciudadanos, organizaciones y equipos de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, para trabajar juntos en la creación de nuevas soluciones para la sociedad. Somos un espacio abierto para inspirar creatividad, innovación y reutilización de datos”. [Las cursivas son nuestras].
Las intenciones, a primera vista, parecen buenas. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de estas políticas y de la simulada transparencia?
Por un lado, manifiesta su intención de construirse como un gobierno transparente. Esta construcción se da fundamentalmente con el énfasis puesto por el Gobierno en situar la transparencia en el seno de nuestro país como una política de Estado. Por el otro, para construirse como un Estado transparente, necesariamente debe mostrarse en oposición a un otro que no lo es.
En este sentido, el Gobierno posiciona la lucha contra la corrupción como uno de sus principales caballitos de batalla. Sin embargo, numerosos casos de corrupción lo salpican. Un caso paradigmático son los Panamá Papers que revelaron sociedades offshore.
A su vez, en los últimos meses salieron a la luz hechos de corrupción en funcionarios de primera línea del Gobierno de Macri, que fueron inmediatamente matizados por el oficialismo. Por ejemplo, el ministro de trabajo Jorge Triaca fue denunciado por una empleada doméstica que fue echada sin recibir la indemnización correspondiente y que, a su vez, declaró haber estado en negro. Asimismo, había sido designada en el intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (100SOMU).
En estos días, también está en el centro de la polémica el subsecretario de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, acusado a través de la investigación de un diario extranjero, de no haber declarado una cuenta millonaria en Andorra. Sin ir más lejos, y gracias a las presiones de diferentes sectores, lo renunciaron.
Quien intenta pasar desapercibido también por estos días, es el ministro de Finanzas Luis Caputo. A pesar de estar vinculado con sociedades offshore, según surge de documentos oficiales de la Comisión Nacional de Valores estadounidense (100SEC), sigue en su cargo custodiado por el blindaje oficialista.
Otro ejemplo, ha sido el escándalo por las expulsiones a miembros de ONGs y periodistas de otros países que venían al nuestro a cubrir el encuentro de la OMC (100Organización Mundial del Comercio) a fines del año pasado.
Por otro lado, en paralelo a la construcción de un Estado transparente, abierto y participativo, el Gobierno avanza sobre el BigData: un sistema de datos que almacena enormes cantidades de información, alimentados por las búsquedas propias e intencionadas, pero además por la sobre-exposición de la vida privada, que de manera voluntaria entregamos cada vez que nos conectamos a Internet. La navegación por los medios, además de recolectar información, esconde un nuevo sistema de control: el “panóptico digital”, en términos de Byung-Chul Han. En palabras del filósofo coreano, en una sociedad de la transparencia, en una sociedad de la exposición, “las cosas se revisten de un valor solamente cuando son vistas”. En este sentido, gracias a una ingenua pretensión de libertad, y gracias a la ideología de la transparencia como fundamento de una auténtica democracia, alimentamos una “sociedad cárcel”. Sostiene Byung-Chul Han, “la coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional de un sistema. Ahí está la violencia de la transparencia”.
A partir de la gran cantidad de información que proporciona el BigData, el macrismo tiene las herramientas para capitalizar la hipersegmentación social en la que vivimos y “oír” las demandas de grandes sectores de la sociedad, a través de una gestión que segmenta a niveles micro-específicos. Cambiemos se presenta “como una renovación modernizante de la política” (100en términos de Natanson), tras la máscara de “más acceso”, “más información”, “menos corrupción”, “más libertad”.
Entiende a los sistemas de comunicación como espacios indiscutibles, en el marco del neo- neoliberalismo, para lograr un eficaz control social al tiempo que construye una imagen de sí “positiva” respecto de la ciudadanía, al ser un Estado (100en apariencia) preocupado por la transparencia, el acceso y la participación ciudadana en la vida pública, en la gestión y en la toma de decisiones; y al tiempo que construye confianza con la ciudadanía por ser él mismo quien lucha contra la corrupción, parándose “de la vereda de enfrente”. No obstante, más información y más transparencia no son sinónimos de más verdad ni tampoco de un gobierno más democrático, sino de un Gobierno que ejerce mayor control bajo la apariencia de libertad y de la participación ciudadana.
Cabe preguntarse, entonces, qué lugar ocupan la igualdad social, la calidad educativa, el sistema previsional argentino, los derechos de los trabajadores, cuando de lo que menos se ve o se muestra, de lo que menos se habla es de los derechos sociales fundamentales. Derechos socavados a diario bajo la trampa y la espectacularización de la transparencia.
¿Acaso es verdaderamente participativo un Gobierno que promueve la transparencia al tiempo que invisibiliza los reclamos de los docentes, los jubilados o los trabajadores? ¿Acaso es abierto un Gobierno que despliega todas sus herramientas y recursos en pos de un mayor control social y una mayor desigualdad?
