por Rosana Andrea Bertone Senadora nacional FpV – PJ
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia más joven del país, en varios sentidos. La ley 23.775 que convirtió al entonces Territorio Nacional en provincia data de hace apenas veinticinco años. Y, además, su población es la más joven del país, con un 68,8% de su gente ubicada en la franja etaria de entre 15 y 64 años según el último censo, lo cual le otorga el primer lugar a nivel país en ese rubro.
Con una historia marcada fuertemente por una política orientada al poblamiento de una región geopolíticamente clave, fue aumentando su población a un ritmo más vertiginoso del que las políticas públicas locales fueron capaces de acompañar.
Por ello, hoy podemos afirmar que si bien el acertado objetivo histórico de poblar la isla se encuentra exitosamente cumplido, una buena proporción de las personas que hoy viven en la provincia lo hace en condiciones mucho más precarias de lo que la geografía, el clima y la prudencia indican. Y todos, aun los que han podido construir su vivienda y obtienen salarios razonablemente buenos, padecen de una deficiencia en los servicios básicos cada vez más marcada e incluso, en la ciudad de Ushuaia, una situación de contaminación ambiental que atenta contra la salud general de la población y poco ayuda en relación con el turismo.
La provincia cuenta con el presupuesto per cápita más alto del país, alimentado, entre otras razones, por la coparticipación federal y las regalías hidrocarburíferas, pero ese dato no se refleja en la calidad de los servicios que el Estado debiera brindar. El resultado está a la vista: un sistema de salud, que supo estar entre los mejores del país, hoy no tiene insumos ni profesionales suficientes para atender las urgencias sanitarias de una población cuya única alternativa se encuentra del otro lado del estrecho de Magallanes. Además, la infraestructura escolar deteriorada ha hecho perder innumerables días de clases a los estudiantes fueguinos, sumado a numerosos conflictos con el sector docente que se pueden evitar o gestionar de otra manera, escaso apoyo a las actividades artísticas, culturales y deportivas, pérdida permanente de vidas humanas producto de incendios en malas condiciones habitacionales, crisis recurrentes para afrontar los salarios públicos y una caja de jubilaciones que está en crisis, vaciada por distintas administraciones, y que acumula acreencias que lejos de reducirse se van incrementando.
Esta situación convive con ingresos per cápita superiores al resto del país, que sostienen el funcionamiento de un mercado interno que frente a una alta demanda de productos y servicios y a la ausencia de una política pública va aumentando sus precios, con lo cual el resultado es que aun el sector de la población que tiene acceso al consumo ve reducida su capacidad de compra por los elevados precios y además tiene dificultades en el acceso a servicios esenciales, como ya he señalado.
Por su parte, los niveles de desigualdad se han profundizado en los últimos años, configurando en definitiva una sociedad desigual y atomizada, donde priman las demandas individuales y sectoriales por sobre la posibilidad de construir un proyecto colectivo que no sólo permita el desarrollo provincial sino que también otorgue un sentido de pertenencia al conjunto.
Producto de estas situaciones tenemos, además, una alta volatilidad poblacional, donde permanentemente ingresan personas que llegan para conseguir un futuro mejor que en sus lugares de origen y permanentemente se van otros: en algunos casos jóvenes que salen para estudiar y no regresan, y en otros casos, jubilados que eligen una ciudad del norte (100aquí todo lo que no es Tierra del Fuego es norte) para disfrutar su jubilación.
Durante la última década se han logrado grandes avances, merced a políticas del Gobierno Nacional que han favorecido fuertemente a nuestra provincia. La ley de impuestos internos, más conocida como ley de beneficios a la industria –y que fuera bastardeada por todo el arco opositor bajo el rótulo de “impuestazo tecnológico”–, nos ha permitido mejorar la competitividad, así como ampliar la oferta de productos y de trabajo. La creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que en 2014 recibió unos mil nuevos alumnos; la creación del Fideicomiso Austral, que nos permite contar con una importante cantidad de recursos provenientes de las regalías off shore para obras de infraestructura que no se podrían desarrollar con recursos propios; el fondo de la soja (100que lamentablemente aquí se desvía para cubrir gastos corrientes), más las políticas de alcance nacional que también han repercutido favorablemente en Tierra del Fuego, como la AUH y la moratoria jubilatoria son sólo algunos ejemplos de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional en la provincia. La estatización de Aerolíneas Argentinas también tuvo un impacto fundamental en la economía y en la vida de los fueguinos porque no sólo consolidó un crecimiento turístico que se constituyó en un pilar importante de nuestro desarrollo, sino que también resolvió problemas históricos de conectividad que ya se habían transformado en crónicos.
Ante esta situación, los fueguinos necesitamos asumir de una buena vez y cuanto antes una agenda seria de trabajo que nos permita ponernos de pie, ordenar el caos en que nos hallamos sumergidos, recuperar la autoestima colectiva y construir una sociedad más justa e igualitaria.
En este nuevo camino debemos tener en claro que hay tres temas centrales que necesitamos resolver como punto de partida.
En primer lugar, el ordenamiento de las cuentas públicas, que no es una posibilidad sino una necesidad imperiosa. Continuar administrando presupuestos deficitarios, financiados con deuda interna (100IPAUSS) y externa (100Nación) para apenas poder pagar los salarios públicos es un camino agotado. Ese ordenamiento que debe orientarse a lograr un superávit de las cuentas públicas no se logra con ningún ajuste, como sueñan algunos, sino con una administración inteligente de los recursos y un plan progresivo que seguramente requerirá una ayuda del Estado Nacional hasta lograr el cometido. Mientras hoy se solicita ayuda de la Nación para pagar gastos corrientes sin ningún plan de ordenamiento, nosotros proponemos orientar toda la ayuda a llevar adelante un plan de ordenamiento sin ajuste, consistente con un programa de crecimiento económico con inclusión.
Sólo un presupuesto ordenado permitirá realizar un plan de desarrollo integral del sistema público de salud, incorporando unidades de pronta atención las veinticuatro horas; también un plan de reparación y mantenimiento permanente de edificios escolares con el fin de ir progresivamente a un esquema de doble jornada educativa para nuestros jóvenes estudiantes, para mencionar sólo algunas de las prioridades que esperan ser atendidas por un gobierno que en pleno siglo XXI debe sí o sí incorporar mayor tecnología para poder gestionar y facilitarle al ciudadano su relación con las áreas y los organismos públicos con los que debe interactuar.
En segundo lugar, el ordenamiento territorial, que incluya el saneamiento y el cuidado irrestricto del medio ambiente, y que permita dar a la población que está instalada una vivienda digna y segura, es otro de los grandes desafíos centrales, porque una vivienda en condiciones con todos los servicios es premisa, no sólo de integración familiar, sino también de arraigo.
Y en tercer lugar, un plan de desarrollo económico con inclusión social, que se base en la consolidación del régimen vigente y en la industrialización de los recursos naturales de la provincia y que permita, en articulación con el sistema educativo de nivel medio y la universidad, generar un desarrollo genuino con valor agregado científico-tecnológico local, priorizando también que la creación de puestos de trabajo se oriente a dar respuesta a la población instalada y evitando generar expectativas hacia afuera que movilicen, al menos por un tiempo, más población hacia la isla.
La provincia ha tenido, y aún tiene, oportunidades excepcionales, pero que no han sido aprovechadas para un desarrollo sostenible sino apenas de manera tan coyuntural como provisoria. Y es ahí donde tenemos que volcar toda nuestra capacidad porque el gran desafío es hacer de las oportunidades excepcionales desarrollos permanentes.
Sobre la base de este trípode, ordenamiento presupuestario y fiscal-ordenamiento territorial-desarrollo económico sustentable, debemos construir un proyecto que nos ordene como sociedad, un marco que nos contenga a todos y que nos permita colocar nuestra expectativa individual y las demandas sectoriales bajo el marco de un objetivo mayor, que es el futuro de Tierra del Fuego.
En su momento, el objetivo histórico estratégico fue poblar la provincia. Esa etapa se ha cumplido, y hoy tenemos una sociedad joven y pujante, cuyo valor fundamental es la diversidad cultural. En este contexto debemos entender que estamos en un momento histórico diferente con una oportunidad y un desafío distinto: el desarrollo, la justicia social y la estabilidad poblacional.
La historia nos empuja en ese sentido, y estamos dispuestos a asumir el desafío.
