En la última semana de noviembre de 2012 el juez Thomas Griesa dictó sentencias definitivas en los casos presentados por los fondos buitre y un conjunto de acreedores minoritarios de la República Argentina que no habían aceptado las reestructuraciones de 2005 y 2010.
El juez adoptó básicamente tres decisiones:
Se trata de sentencias injustas, abusivas y de cumplimiento imposible. Injustas porque otorgan privilegio para unos acreedores respecto de la mayoría que había adherido a los canjes. Abusivas porque sus disposiciones ejecutorias afectan derechos y obstaculizan el cumplimiento de obligaciones de terceros ajenos al litigio y que están fuera de su jurisdicción. Y de cumplimiento imposible porque desconoce los condicionantes jurídicos y económicos que limitan a la República Argentina para acatarlas.
Sin embargo, el 23 de agosto de 2013 estas sentencias fueron ratificadas expresamente por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito y quedaron como sentencia firme el 16 de junio de 2014 cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó la apelación argentina.
La posición de nuestro gobierno ha sido clara. A partir del 1° de enero de 2015 la República Argentina va a estar en condiciones jurídicas de cumplir con la sentencia, negociando un plan de pagos que sea compatible con nuestra estrategia de desarrollo con inclusión. Al mismo tiempo, promueve un amplio debate nacional e internacional sobre las consecuencias políticas y económicas que entraña este tipo de fallos judiciales para el país y para otros que en el futuro encaren reestructuraciones de sus deudas soberanas.
La posición del juez Griesa es incómoda porque tiene que hacer cumplir una sentencia complicada. Su situación presenta una simétrica semejanza con la del juez de El mercader de Venecia, la famosa comedia de William Shakespeare. Las audiencias que se llevaron adelante en la Corte del Distrito Sur de Nueva York los días 27 de junio y 22 de julio se parecen al acto IV escena I del drama inglés.
En la comedia, el deudor se ha obligado a entregar una libra de su carne en el caso de no pagar la deuda en la fecha convenida. El acreedor exige que se cumpla con esa cláusula penal, rechazando la oferta de los amigos del deudor de pagarle el doble o hasta el triple del monto debido.
El juez veneciano reconoce la legitimidad del reclamo, aunque considera que es cruel y preferiría que el acreedor acepte las compensaciones que se le ofrecen. Detesta al prestamista, por eso acepta el asesoramiento de un jurista (100que en realidad es la esposa de uno de los amigos del deudor, disfrazada de abogado) para encontrar la fórmula correcta de ejecución de la sentencia: el acreedor tiene derecho a extraer una libra de carne del cuerpo del deudor, pero ni una gota de sangre.
El juez Griesa está lejos de la picaresca de los lances amorosos y de las finas observaciones sobre el racismo que contiene la obra de Shakespeare, pero ha protagonizado varios pasos de comedia, poniendo en evidencia que desconoce la complejidad del caso sobre el que le tocó juzgar.
Él también recibe asesoramiento en las audiencias, en este caso de los abogados de los fondos buitre. Ha expresado en varias oportunidades su fastidio y enojo con la República Argentina. Para forzar la ejecución de su sentencia tomó en rehenes a los tenedores de bonos reestructuras y en la última audiencia llegó al colmo del cinismo de amenazar con el sufrimiento que un default causaría a los argentinos. Su objetivo declarado es que los fondos buitre cobren y no le importa si es con sangre.
Pablo Belardinelli
