Muy por el contrario, fueron gobiernos democráticos los que llevaron al triste récord de pobreza e indigencia del 2001, a la destrucción del sistema educativo y del Hospital Público. En la última década, por el contrario, estamos experimentando el regreso de la política como gran herramienta de transformación social. Ahora sí tenemos una democracia real, donde las decisiones que se toman día a día apuntan a la mejora de las grandes mayorías y por lo tanto se ejerce una verdadera soberanía popular.
Para coronar este día de festejos, tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirma en todo, sin matices, la constitucionalidad y por lo tanto la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada hace cuatro años. Esto es una gran noticia para todo el pueblo argentino, porque si había algo que le faltaba a nuestra todavía joven democracia era un marco regulatorio moderno, antimonopólico y democrático de los medios de comunicación.
La elaboración de esta Ley surgió de un debate democrático en el cual participaron todos los actores de nuestro sistema republicano. Sin desmerecer este proceso de articulación de opiniones y voluntades, está claro que esta Ley nunca se habría aprobado sin Néstor y Cristina. Recordemos que en el año 2009 (100cuando se aprueba la Ley), ya había pasando más de 25 años de democracia y seguíamos con el marco regulatorio de la dictadura militar. Esto no era casual.
Como ha quedad muy claro, regular los servicios de comunicación audiovisual afecta intereses económicos muy poderosos. Estos intereses se han defendido con todo lo que tuvieron a su alcance, incluyendo la capacidad de daño mediático, atacando al gobierno en forma absolutamente desmedida e irracional.
Ante esta realidad, se imponía una solución definitiva al diferendo y el fallo de la CSJN representa efectivamente un escenario nuevo en la relación entre los poderes republicanos del Estado y los grandes grupos económicos.
La decisión de la CSJN podría haber sido más rápida, y no demorar cuatro años, pero aún así es muy saludable porque representa un enorme consolidación de la capacidad del Estado de regular la concentración económica y mediática y ha generado un precedente que mejora enormemente la institucionalidad del país.
Para entender la verdadera magnitud de lo que está en juego, la CSJN en su reciente fallo ha afirmado que:
a) Es función del Estado asegurar el mayor pluralismo en la expresión de ideas, y una de las herramientas es la sanción de normas que organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación.
b) Las regulaciones establecidas por la ley no implican en absoluto un riesgo a la libertad de expresión, sino todo lo contrario: se promueve la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a todos los titulares de licencias.
c) La limitación de las licencias que puede tener un operador resulta un medio idóneo para permitir la participación de un mayor número de voces, ya que así se evita la concentración y ello permite mayor participación y diversidad de opiniones. Lo mismo referido al tope de concentración del mercado de los operadores de TV por cable (10035%).
d) Se reconoce que las restricciones patrimoniales (100o al derecho de la propiedad) que establece la ley no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley (100mayor diversidad de voces).
e) La aplicación retroactiva de la ley (100o sea la necesidad por parte de determinados grupos de desinvertir, desprendiéndose de determinadas licencias y los activos vinculados) está justificada y es totalmente constitucional ya que lo contrario implica sobreponer el interés privado de un particular por encima del interés de la comunidad.
La Ley impulsada por el gobierno de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, además de haber sido discutida por todos los actores del sistema, aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, tiene ahora el respaldo claro, firme, sin cortapisas, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto implica que hoy los tres poderes del Estado se han erigido como una barrera infranqueable a la concentración monopólica, en un ámbito tan sensible como los servicios de comunicación. La democracia cumple 30 años, y se pone los pantalones largos.
Roberto Arias
Instituto Gestar
