21 de junio de 2017
Instituto Gestar

ALMAS MUERTAS, CORAZONES DE PIEDRA

El novelista ruso Nikolái Gógol escribió “Almas muertas” en 1842. El trasfondo de su obra era la crítica social a un sistema decadente y corrupto. En el Imperio ruso, los propietarios tenían derecho a poseer siervos para cultivar sus tierras. Los siervos eran considerados propiedad de los terratenientes, y podían ser comprados, vendidos o hipotecados, como un bien. Para contar los siervos se utilizaba la palabra “alma”. La trama de la novela se basa en las “almas muertas” que estaban inscriptas en los registros de la propiedad y sobre los cuáles sus dueños debían pagar impuestos. Los terratenientes son descriptos como corruptos y vividores pero el bisturí de Gógol profundiza el análisis hasta penetrar en sus almas, tan muertas como la de sus siervos. Así son vistos como simplones, incapaces, individualistas, pero sobre todo insensibles, carentes de los atributos básicos de humanidad.

Estos personajes encajarían perfectamente entre los funcionarios del actual gobierno, que actúan como si fueran patrones de estancia, tomando medidas que influyen en la vida cotidiana de millones de personas tornándolas un infierno, sin que ello les provoque ninguna contradicción en sus marchitas conciencias. Son los hombres y mujeres “Excel”, que frente a una de esas planillas planifican recortes, eliminan derechos, proyectan cifras y disponen de nuestras vidas como si fueran sus dueños, sin la menor conmiseración hacia quienes sufrirán las consecuencias de sus fríos cálculos.

Se supone que los políticos acceden al poder para mejorar la vida de todos los ciudadanos, generando las condiciones para que haya trabajo, para evitar los abusos de los poderosos, para equilibrar las condiciones en que los seres humanos accedan a los medios que la civilización fue creando para su felicidad. Por desgracia, en palabras de Macri, esa te la debo.

Lo cierto es que en los últimos días asistimos azorados a una nueva medida del gobierno nacional que vulnera los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad, de aquellos a los que el Estado especialmente debe proteger. Sin mediar aviso previo, el ministerio de Desarrollo Social dio de baja más de 80.000 pensiones por invalidez sin mediar ninguna explicación.

En lo que va del año, ya eliminaron 71.700 pensiones a discapacitados y 11.500 pensiones a madres solteras con más de siete hijos. Todas fueron sin aviso previo enterándose el beneficiario cuando fue al banco y se encontró con que la cuenta estaba en cero. Contando las bajas que se produjeron en 2016 suman 170.000 las personas que vieron eliminado su derecho a percibir la pensión.

Claro que esta medida antipopular tiene una lógica oculta. Sabemos que a principios de año el presidente exigió a sus ministros que debían achicar el gasto público para cumplir la meta de llegar a un 4,2% de déficit fiscal. A la solícita ministra de Desarrollo Social se le prendió la lamparita y echó mano a un decreto de Menem de 1997 que jamás fue aplicado por ningún gobierno, ya que por las exigencias que establecía para acceder a la pensión por discapacidad solo era aplicable en casos de extrema indigencia.

Esto motivó la inmediata reacción, no solo de los afectados directos y sus familiares, sino de todas las fuerzas políticas y sociales que se pronunciaron en contra de una medida irracional que lo único que demuestra es que, en la versión neoliberal, el ajuste de las cuentas fiscales debe recaer sobre los sectores más vulnerables de la sociedad argentina y, por ende, de los que menos capacidad tienen para defenderse.

Ante tamaña reacción la ministra sostuvo que no se utilizaron criterios políticos para el recorte sino administrativos. Aseguró que quienes realmente necesiten la pensión la seguirán percibiendo. Ante la catarata de denuncias de los propios damnificados dejó abierta la puerta de posibles “errores”. Como sea, el gobierno invirtió la carga de la prueba y quienes tenían una pensión asignada por ley ahora deberán demostrar que cumplen con la normativa para cobrarla nuevamente. Con este descargo dejó claro que para el gobierno se trata de una cuestión administrativa, puramente formal. Esta concepción de la cosa pública no comprende que se trata de personas humanas, ya de por sí dolorosamente afectadas por las discapacidades que les impiden vivir plenamente. Esto debe hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene la política sobre nuestra existencia cotidiana pues que se proteja o se deje a la deriva a nuestros congéneres es una decisión fundada en nuestra concepción política del mundo, en nuestra filosofía solidaria o individualista del funcionamiento de la sociedad.

Por ello, es preciso dejar en claro que estas pensiones no son una limosna, ni beneficencia, son derechos adquiridos que cualquier sociedad moderna del mundo protege y fomenta. Además, como suele suceder con la gestión de este gobierno, la supresión de las pensiones se tomó manu militare, sin haber informado a nadie la cantidad de bajas producidas, ni mucho menos los criterios que motivaron la decisión o las pruebas que se recabaron para sustentarla. Tampoco notificaron formalmente a los damnificados, negándoles así el más elemental derecho de defensa. Apelaron al simple expediente de que la gente fuera notificada por el cajero automático cuando fue a cobrar el saldo era cero. Obviamente, la ministra se verá envuelta en un escándalo aún mayor pues surge claramente de sus propios dichos que no se tomó ninguno de estos recaudos. Probablemente pensó que eran demasiadas molestias para tomarse con un discapacitado.

Tal fue el revuelo causado por la insensibilidad de los burócratas del macrismo que el responsable de la Comisión para las personas con discapacidad del arzobispado de Buenos Aires afirmó categóricamente que era necesario restituir inmediatamente las pensiones porque esos beneficios generaron la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente que de otra manera no lo tendría, y ya no estaría entre nosotros. Asimismo, señaló que “nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus miembros y que “si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”.

En medio del zafarrancho provocado por el recorte, se dio a conocer que Stanley contrató a un gurú espiritual. El susodicho era un economista que en los 80 estaba a cargo de las finanzas del grupo Macri y que no sabemos cómo devino en “especialista en enseñanzas centradas en el Ser”. Contratado en el marco del programa de gobierno denominado “Administración Pública Socialmente Responsable” imparte un curso de “Sabiduría Emocional Operativa” destinado a funcionarios de dicho ministerio exponiendo sobre cuestiones centrales de la gestión pública como: “las nuevas maneras más benignas de intervenir en la realidad”, “la física cuántica” y “el costo de rechazar emociones”. Nada se sabe sobre los honorarios que cobra aunque por la importancia y profundidad de los temas tratados suponemos que serán jugosos. Que ironía, plata para las pensiones no hay, pero para los gurús…

Macri - Almas muertas, corazones de piedra

El jueves 15 el Obelisco fue ocupado por una multitud de personas con diversas discapacidades, niños y adultos, cuadripléjicos, hipoacúsicos, no videntes, con síndrome de Down, entre tantos otros, en sillas de ruedas, con muletas, con lazarillos. Irrumpieron de manera directa reclamando y exigiendo sus derechos. Llevaban carteles hechos a mano con consignas duras pero claras. Uno de ellos, especialmente, sintetizaba la situación que estos hombres y mujeres fueron obligados a padecer, decía: “Tengo capacidad diferente, vos sos un incapaz indiferente”.

Estos compatriotas, amigos, vecinos, familiares han sido agredidos por un gobierno insensible, sin corazón ni sangre en las venas. Para los funcionarios son meros números o expedientes administrativos a los que poco importa la angustia, la mala sangre que sus groseras acciones les hacen sufrir. Tomaron la medida sentados frente a una computadora, no avisaron a los damnificados, no dieron una sola explicación hasta que la bomba les estalló en las manos. No tienen ni la menor idea de lo que supone mantener a una persona con discapacidad, las camas especiales, medicamentos, sillas de ruedas, comidas específicas, el tiempo y los gastos que requieren. Tampoco les importa.

En el colmo del cinismo Stanley redujo todo a un “error de aplicación de criterio”. Pero la medida ya se tomó y ahora que le devuelvan la pensión corre por cuenta del damnificado, deberá llamar, que lo atiendan, demostrar lo que ya había demostrado, es decir su incapacidad. Por si fuera poco, un tal Badino, encargado de aplicar este dislate tuvo el tupé de afirmar que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión pues puede trabajar si los deseara” y ya en el colmo de la bestialidad añadió que “dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tan solo tienen un cierto grado de discapacidad”.

Como prueba de lo que venimos sosteniendo, esto es, que a la torpeza de estos funcionarios se suma un alto grado de brutalidad, el susodicho Badino simplifica asombrosamente la problemática, ignora las dificultades que los discapacitados tienen para conseguir un trabajo y desconoce las condiciones desventajosas de contratación que padecen si de casualidad consiguen un trabajo. Pero como estos tipos son sumamente soberbios siguió hablando como si nada: suelto de cuerpo reconoció que no hubo aviso previo porque “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta” y ya que estaba también dijo que el ministerio tiene “una demora de un año para otorgar un nuevo certificado de discapacidad”.

Siguiendo una tendencia a emitir frases desafortunadas, que parece ser más una muestra de falta de sentido común que producto de la casualidad, la vicepresidenta de la Nación, Michetti, afirmó que “la decisión del ministerio sobre el dinero a pensionados con discapacidad tuvo un error en la investigación del destino de los fondos. Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó a investigar. Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debían tener la pensión se les dio de baja”. En un ejercicio de reduccionismo infantil y falto de toda seriedad, le echa la culpa del desaguisado a la mala suerte, nada de incapacidad, inoperancia, falta de sensibilidad social ni mucho menos políticas de ajuste sobre los que teóricamente no podrán defender sus derechos.

Es interesante para observar el doble estándar moral que tienen los funcionarios de este gobierno prestar atención a las declaraciones de Michetti del 3 de diciembre de 2015, una semana antes de asumir el gobierno: “El primer paso para integrar es ponerse en lugar del otro. Vamos a fortalecer las políticas de discapacidad. El gobierno tiene absoluta conciencia sobre cómo se debe trabajar en esta materia, para asegurar igualdad de oportunidades y atender las necesidades de las personas con discapacidad”.

No es una sorpresa que este gobierno quite pensiones entregadas a personas con discapacidad porque desde su inicio viene atropellando a los sectores más vulnerables y débiles: jubilados, niños, discapacitados, desocupados y trabajadores han sido hasta ahora el principal objetivo del ajuste y de la trasferencia de recursos de sus bolsillos a los de los grandes empresarios y corporaciones. A decir verdad, ni siquiera es novedoso que se despojen de todo disfraz de republicanismo y se dediquen sistemáticamente a violar la ley. Porque debemos recordar nuevamente que las pensiones suprimidas están amparadas por la ley. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 dio rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Y la ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas, en virtud de la cual se dispone que los Estados parte se obligan a impulsar y sostener todas las políticas necesarias para garantizar a dichas personas el acceso efectivo a todos sus derechos y a la mayor calidad de vida posible, es decir que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no meros objetos de asistencialismo.

Pero el tema no termina aquí pues en paralelo a la eliminación de las pensiones otras calamidades se abaten sobre los discapacitados. La asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos denunció recientemente que el Ministerio de Salud de la Nación no cumple sus obligaciones. Desde hace varios meses no provee adecuadamente prótesis, medicamentos y otros insumos. Además, incumple los plazos de pago adeudando fondos desde octubre de 2016 a la fecha, y no ha dado el aumento acordado con los transportistas de personas con discapacidad. Advierten que el programa Incluir Salud (100Ex PROFE), que cubre a más de 30.000 mil personas con discapacidad, es uno de los más afectados.

Macri - Almas muertas, corazones de piedra

Y, como este es un gobierno experto en la creación de paradojas hace menos de un mes el presidente Mauricio Macri presentó en el CCK el Plan Nacional de Discapacidad cuya supuesta meta es concientizar a la comunidad y promover la educación, la salud, el empleo y la accesibilidad para las personas con discapacidad. El programa buscaría lograr un cambio cultural, que supere la estigmatización y los estereotipos, y avance en acciones de inclusión, heterogeneidad y compromiso comunitario. En un alarde de originalidad que no vamos a controvertir, el presidente ha creado una nueva máxima de gobierno: no hagas lo que digo y bancate lo que hago.

Lo cierto es que la sensibilidad del tema no permite ni el más mínimo error, porque afecta directamente a sectores con alta vulnerabilidad social, cosa que al presente gobierno parece no importarle mucho. Tal vez por eso, hace tiempo ya, circula entre la gente del pueblo una humorada que le dice al gobierno parrillada: porque tiene de todo menos corazón.

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