La mentira de la transparencia
Antes, durante y después de la campaña electoral que propondría a Mauricio Macri como candidato a presidente de la Nación, se instaló primero en los medios de comunicación, luego en la opinión pública y, finalmente, en el electorado que votó a favor de Cambiemos, la fantasía de la transparencia. En boca del por entonces candidato, la expresión más clara fue la de querer “un Estado inteligente, presente y transparente, que resuelve los problemas y rinda cuentas y una Justicia independiente y ágil, que no tenga que encubrir la impunidad”. Yendo a fondo con la cuestión -vender una imagen de gobierno abierto y transparente-, una de las primeras medidas que impulsó la gestión de Macri fue crear el Ministerio de Modernización, cuyo principal lema es: “Estamos construyendo un Estado del siglo XXI: un Estado al servicio de la gente”. Un ministerio que, en su presentación formal –dudosamente tenga que ver con la realidad concreta- se propone desarrollar “portales web con datos abiertos e información sobre la gestión para promover la transparencia de los actos de gobierno, en colaboración con los ministerios y organismos nacionales, las provincias y los municipios”, al tiempo que pregona la transparencia como un valor o un principio “para la gestión moderna”. En la misma sintonía, hace un mes atrás, Macri impulsó un plan de control y transparencia en 40 empresas del Estado, con el objetivo de incorporar códigos de ética, monitoreo de los directorios, y regular las compras y contrataciones. En otras palabras, lanza un plan para generar mayores mecanismos de transparencia. Sin ir más lejos, en el mes de septiembre se promulgó la Ley de Acceso a la Información pública, anunciada como una ley que traerá “transparencia al Estado”. Sin dudas, para promover este tipo de iniciativas tuvieron que preparar el terreno previamente. Para eso, construyeron el relato de la pesada herencia y apuntaron fuertemente contra la corrupción, lo que les permitió mostrarse a sí mismos como los nuevos dirigentes, la nueva gestión, la forma pura y transparente de hacer política al servicio de la gente como dicen desde el Gobierno. Sin embargo, el dicho popular dice que las mentiras tienen patas cortas y el PRO empieza a mostrar la hilacha: el 31% de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ocupó puestos de alta o media gerencia en el sector privado y el 11% del gabinete tiene antecedentes como dirigente en las principales corporaciones, a la cuales deberían controlar ahora.
La no ética pública
La Ley Nº 25.188, “Ley de ética de la función pública”, establece en el artículo 2, que es un deber y una pauta de comportamiento ético “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, es decir, que la labor del funcionario público jamás puede ni debe estar sujeta al interés de un particular o un privado, sino que su compromiso ético es hacia lo público. Asimismo, en el artículo 13 de la mencionada Ley se deja en claro que “es incompatible con el ejercicio de la función pública: dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Acá viene la paradoja PRO: de los 364 funcionarios del gobierno de Macri, 114 son ex directivos de empresas. La presencia de los CEO se concentra en la Jefatura de Gabinete, con el 69,6% de los puestos; en las distintas secretarías de Presidencia, con el 58,3%, y en la cartera de Energía, con el 50%. Un 11% de los funcionarios (10040 de los 364) tiene antecedentes en altos puestos directivos de las principales corporaciones, como Shell, Techint, Socma, LAN, JP Morgan, HSBC, Axion, La Nación, Newsan, Pan American Energy, Deutsche Bank, Farmacity, ICBC y Consultatio, entre otras.
En la misma línea, un informe reciente de Conicet señaló que el 31% de los funcionarios alguna vez ocuparon un puesto de alta o medio/alta gerencia en el sector privado, lo que lleva a cuestionarnos acerca del verdadero compromiso ético de los funcionarios y pone un manto de sospecha sobre sus responsabilidades en la gestión pública, teniendo en cuenta las distintas lógicas que rigen el mundo de los negocios y la administración de lo público.
El caso más paradigmático es el de la cartera de Energía, con una concentración del 50% de CEO, con Juan José Aranguren a la cabeza. El Ministro, fue “obligado” – a ellos les gusta decir que fue por recomendación de la Oficina Anticorrupción- a vender sus acciones millonarias en Royal Dutch Shell luego de la polémica que despertara el tarifazo de la luz y el gas.
Sin embargo, hace apenas unos días, hasta la diputada Elisa Carrió, socia principal de Mauricio Macri, denunció penalmente a tres altos funcionarios del Ministerio de Aranguren, para que se investigue si beneficiaron en la provisión de gas para las garrafas sociales a importantes empresas del sector como Pan American Engergy, Panamerican Sur y Refinol, en las cuales trabajaron algunos de ellos hasta poco tiempo antes de asumir la función pública.
Sucede que los intereses de los gerentes o empresarios que se vuelcan a la función pública son contradictorios con el interés público. Es común que tejan vínculos que les aseguren continuidad una vez finalizada la gestión, y en todos los casos existe la polémica sobre los favores que puedan ocasionalmente ofrecer a quienes serán más adelante nuevamente sus empleadores o con quienes mantienen relaciones de “fidelidad”.
Contradicción de intereses
Al día de hoy no existe una regulación acerca del ingreso de ejecutivos del sector privado a la función pública. La Ley de Ética Pública si bien explicita los principios generales, nada dice acerca de situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso de personas del ámbito privado al público y viceversa. Además de los datos anteriormente mencionados, un 22% de los funcionarios del gobierno de Cambiemos desarrolló una trayectoria exclusiva en el sector privado y un 24% ocupaba un cargo en el sector privado al momento de ser convocados para ser parte del Gobierno.
Lo preocupante de esta situación radica en la contradicción de intereses que prima entre una lógica y otra. Este gobierno de CEOs pretende manejar el Estado con una impronta que nada tiene que ver con la gestión pública. Es una obviedad pero para algunos, evidentemente, no: el Estado no es una empresa ni se maneja como tal. La participación de CEOs en la función pública genera lo que se denomina un sesgo anti político. Los nuevos hombres y mujeres del PRO abogan por una nueva forma de hacer política que, justamente, los coloca en un cuestionable compromiso político. Es probable, además, que traspolen valores y lógicas del ámbito privado al público como si se tratara de lo mismo. El gabinete de Macri representa el mayor desembarco de la historia de gerentes de grandes empresas en las áreas más sensibles del Estado y abre la discusión sobre la contradicción de intereses. El empresario “exitoso”, que en la mayoría de los casos, poco sabe de gestión pública, arriba al Estado para garantizar una “gestión moderna” contraponiendo la lógica del Estado –obsoleta y corrupta, para ellos- a la lógica moderna, competitiva y privatista de las empresas. Lo moderno, en estos términos, es la racionalidad empresarial, que nada tiene que ver con el ejercicio de la representación que debe primar en un gobierno democrático. De esta manera, bajo una lógica de mercado y con el manto de un doble discurso para soslayar los acontecimientos reales y concretos, Macri y los suyos anteponen los intereses particulares por sobre los del bienestar general de la Nación para los cuales fueron electos.
