Los vaivenes de la economía mundial, cada vez más globalizada, suelen generar crisis de alcance global, variando en forma y velocidad de propagación entre los distintos Estados. Un ejemplo de ello fue la crisis internacional de 2008 cuyo epicentro fue Estados Unidos y, sin embargo, la nación norteamericana se recuperó más rápido que sus pares europeos “contagiados”: basta con ver, por ejemplo, los todavía descomunales niveles de desempleo de países como España (10019,5%) o Grecia (10023,2%). Otro caso de estudio frecuente es nuestra relación con la economía brasileña resumida en la frase “cuando Brasil se resfría, a nosotros nos da neumonía”, utilizada en reiteradas ocasiones por los economistas argentinos para referirse a la integración económica con el país hermano. El factor que suele marcar la diferencia a la hora de enfrentar estas contingencias que impactan fuertemente en el nivel de vida de la sociedad, sobre todo en materia de empleo, tiene nombre y apellido: Estado Nacional.
No es novedad que, desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, los problemas laborales se han ido acrecentando de manera exponencial. Casi al mismo tiempo que el Presidente se sentaba en el Sillón de Rivadavia por primera vez, el Banco Central ejecutó un recorte de más del 50% del salario en dólares producto de una devaluación que llevó al dólar a un valor cercano a los $16. Cabe recordar que el costo en dólares del salario de los trabajadores argentinos era una de las principales quejas del sector empresario, sobre todo de las grandes compañías multinacionales. La embestida contra el movimiento obrero continuó con un guiño al sector privado: una oleada inicial de despidos en los distintos niveles del Estado que actualmente los economistas estiman en más de 70.000 personas. El sector privado, afectado también por la fuerte recesión desencadenada por las medidas económicas del Gobierno Nacional, continuó la tendencia iniciada desde el Estado y elevó la cifra total (100sector público mas sector privado) de despedidos y suspendidos a más de 200.000. Si tomamos en cuenta que, según las organizaciones sociales, por cada puesto de trabajo en el sector formal se ven afectados tres del sector informal, a los peronistas nos surge la duda de si en el edificio ubicado en la avenida Leandro N. Alem al 650 sigue funcionando el Ministerio de Trabajo. Los hechos (100o la ausencia de políticas públicas, en este caso) parecen confirmar que se ha transformado en anexo de la Asociación Empresaria Argentina. Una prueba simbólica pero concreta de ello fue el nombramiento de Miguel Ángel Ponte, ex director de Recursos Humanos de Ternium Siderar (100firma del grupo Techint), como viceministro de Trabajo de la Nación. Su experiencia en el sector privado sería anecdótica, de no ser por la evidente inacción planificada que el Ministerio que conduce junto a Jorge Triaca (100h) lleva adelante.
Los ejemplos de la desidia por parte del Poder Ejecutivo que sufren los trabajadores, las organizaciones obreras y sociales, así como también las Pymes, abundan. El caso más emblemático quizá sea el de los subsidios REPRO (100Programa de Recuperación Productiva), utilizados para ayudar a los sectores empleadores de la economía argentina con dificultades para pagar salarios con el fin de sostener el nivel de empleo. Bien recordada es su utilización por parte del Estado Argentino durante los años subsiguientes a la crisis internacional desatada en septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers, la cual (100en conjunto con otras medidas contracíclicas) permitió que la economía argentina volviera a crecer a tasas superiores al 8% del PBI en 2010 y 2011, un ritmo de recuperación claramente superior a otros países de la región y del mundo también afectados por la quiebra del gigante financiero norteamericano.
En un año como el actual, en que hasta los economistas más oficialistas esperan una caída de la actividad superior al 2%, y con un socio comercial fundamental como Brasil sumido en una profunda depresión económica, el sentido común indica que el Ministerio de Trabajo debería haber hecho uso de los subsidios REPRO para paliar la recesión y evitar que muchas empresas despidan trabajadores para achicar costos. Sin embargo, la cartera laboral comandada por Triaca parece no haber tomado nota de la preocupante situación actual: a octubre de este año, se autorizaron 123.388 subsidios a trabajadores de empresas con complicaciones para pagar salarios por un total de 360,6 millones de pesos. Una cifra vergonzosa si se considera que durante el año 2015, período en que la economía creció al 2,1%, se otorgaron subsidios REPRO a 756.487 trabajadores por un total de 1.174,09 millones de pesos según datos oficiales publicados en la web de Trabajo. ¿Cómo puede entenderse, entonces, que el Estado Nacional gaste en diez meses menos de un tercio de lo que gastó el año anterior (100con una inflación de más del 40% interanual incluida) en una herramienta tan importante para evitar la pérdida de puestos de trabajo y fomentar el crecimiento de la economía? Lamentablemente, la insensibilidad demostrada por la alianza Cambiemos en materia laboral es la misma que evidenció, por ejemplo, en el caso del recorte brutal a los fondos para Ciencia y Tecnología previstos en el presupuesto 2017 (100de representar el 0,70% del PBI pasaría al 0,59% para el próximo año). ¿De dónde saldrán los “trabajos de calidad” que suele mencionar el presidente Macri en sus discursos si se reducen los fondos para sectores tan vitales para el desarrollo de nuestro país? La única verdad es la realidad, y lamentablemente parece estar cada vez está más alejada de los discursos prefabricados esgrimidos por nuestro Presidente y sus funcionarios.
