Esta acción de difusión de la obra de gobierno y de su sentido hecha por la Presidenta tiene como objetivo adoctrinar, es decir, transmitir su pensamiento en forma sistemática para hacer posible que las mayorías populares adquieran progresivamente una comprensión profunda sobre el rumbo que tiene el Gobierno Nacional y los logros y beneficios populares que se van concretando, de tal manera que con el tiempo se construya una unidad de concepción popular capaz de dar sustento a una mayoría electoral estable. Derivado de este proceso, la Presidenta colocó en el centro de la construcción política el concepto de organización cuando realizó el acto de Vélez bajo la consigna “unidos y organizados”, porque ella sabe que la organización solo puede ser efecto de un proceso de adoctrinamiento, que el pueblo solo puede expresar su poder cuando está organizado, y que solo la organización vence al tiempo. Esa es la finalidad: dar continuidad y estabilidad al modelo nacional y popular de desarrollo que se está gestando para que se convierta en el eje organizador de la unidad nacional. Esta voluntad política se expresa en el empoderamiento lento y progresivo de la Generación del Bicentenario, que Cristina privilegia en la gestión y en la construcción política y social.
Fortalecer la concertación de capital y trabajo para dar estabilidad y continuidad al modelo
En este contexto, la Presidenta reclama con énfasis a los dirigentes empresarios y sindicales, por igual, que asuman un fuerte compromiso de concertación “no corporativo” al momento de discutir planes de inversión, empleo, convenios colectivos y salarios, para evitar que se dispare una puja distributiva entre capital y trabajo que conspire contra la estabilidad y continuidad del modelo.
De los empresarios se exige mayor reinversión de sus utilidades, a fin de de que estas se vuelquen para mejorar la tecnología y la productividad de las empresas y aumentar la oferta competitiva de bienes al mercado interno y externo, con una política de estabilidad de precios acorde a costos reales y rentabilidades razonables.
A los dirigentes sindicales se les solicita que negocien niveles salariales adecuados, pero evitando en lo posible las medidas de fuerza o reclamos extremos, apoyando esta reflexión en la experiencia histórica que el peronismo tiene en materia de construcción de un modelo nacional y popular de desarrollo que busca en forma progresiva llegar a una redistribución concertada del ingreso que se estabilice en un 50% para el capital y en un 50% para el trabajo. Porque aquella experiencia señala que no se podrá estabilizar en el largo plazo si se pretende conseguir esas metas de golpe, o solo en determinados segmentos de la industria o del comercio, al tiempo que es aún alta la tasa de desocupación y de trabajo informal no registrado; máxime cuando la Argentina está inmersa y afrontando con éxito, hasta ahora, una crisis internacional con centro en las economías desarrolladas del hemisferio norte que aún no ha llegado a su pico más alto, lo que reclama atención y prudencia.
La Presidenta sostuvo que iba a revisar, caso por caso, la eficacia que estaban teniendo en el presente las formas de ejecución de las políticas en curso en cada uno de los ministerios, pero que no esperaran que la reformulación eventual de ellas podría significar un cambio de la orientación doctrinaria que les daba sustento, tal como lo pretenden los sectores económicos y mediáticos concentrados y algunos dirigentes políticos nostálgicos del modelo neoliberal de subdesarrollo.
En otro plano de la gestión, Cristina tomó la iniciativa de enviar dos proyectos de ley al Congreso de la Nación referidos al Banco Central y a YPF, los que fueron sancionados por una amplia mayoría que incluyó votos de la oposición.
Banco Central: institucionalizar la orientación doctrinaria nacional y popular
El fin de reformar la carta orgánica del Banco Central es el de recuperar plenamente la soberanía monetaria y cambiaria y poner las finanzas al servicio de la economía productiva, el empleo y la inclusión social.
Cabe señalar que en el área monetaria y cambiaria, a pesar de la carta orgánica neoliberal del Banco Central que venía de la dictadura y la convertibilidad, el Gobierno había logrado ejecutar desde 2003 políticas de flotación de la paridad cambiaria y de emisión que respondieran a objetivos de desendeudamiento externo e interno, de desvinculación de los lineamientos del FMI y de fomento de la producción y el consumo. Pero como estos objetivos se habían conseguido enfrentando conflictos que determinaron el relevo de dos presidentes de esa institución, Cristina consideró que había llegado el momento de institucionalizar esa orientación doctrinaria en una nueva forma de ejecución, es decir, en una carta orgánica nueva, y así se hizo para consolidar la gobernabilidad.
Nacionalizar YPF para tener una forma de ejecución de la doctrina
Puede recordarse también que, en el caso del petróleo y del gas, la capacidad de intervención del Estado en 2003 estaba totalmente limitada porque la YPF estatal, privatizada en 1992 bajo el liderazgo de un empresario nacional fallecido en un sugestivo accidente de aviación –los accidentes son siempre sugestivos cuando se trata de petróleo–, había sido vendida en 1999 a la empresa Repsol, controlada por un grupo de bancos españoles. Asimismo, puntualicemos que en ese momento las provincias con reservas de petróleo y gas liquidaron sus participaciones accionarias en YPF y el Gobierno Nacional perdió su poder de veto en el directorio, al que integró en absoluta minoría. Ante esta indefensión del poder nacional frente a los manejos de la industria petrolera global, Néstor primero y Cristina después intentaron una política de solicitud sobre el Gobierno español para que indujera a la conducción de Repsol a colaborar con la política petrolera argentina.
El resultado final de este llamado a la colaboración fue nulo; después de 10 años Repsol orientó su gestión a obtener la mayor rentabilidad de YPF, reduciendo al mínimo la inversión en la Argentina. Como consecuencia de esta desinversión sistemática en exploración, extracción y refinación de hidrocarburos en el país y el continuo crecimiento de la economía interna argentina en el mismo período, la situación llegó a su límite este año. Efectivamente, carece de cualquier racionalidad que la Argentina, con reservas petroleras y gasíferas tradicionales y no convencionales, importe hidrocarburos y combustibles cuando puede obtener el autoabastecimiento. Pero ello requiere tener una herramienta, una forma de ejecución para el cumplimiento de esa orientación doctrinaria.
Nueva forma de ejecución: sociedades anónimas privadas con control mayoritario estatal
Como lo señaló la Presidenta, YPF S. A. no ha sido estatizada. La firma mantiene su composición de sociedad anónima con personería jurídica privada que cotiza en Bolsa, en la cual el Estado Nacional adquiere, por expropiación, el 51% de las acciones de Repsol, las que le permiten tener el control de la gestión de la compañía. Esto implica que los demás tenedores privados de las acciones, incluso Repsol, mantienen su participación. Esta decisión de no expropiar totalmente las acciones de YPF y de no transformarla en una empresa estatal ha sido criticada por algunos sectores progresistas que consideran que todo lo que hace un Gobierno peronista es insuficiente o tiene segundas intenciones. Pero esta forma de ejecución que el Estado ha adoptado en el área petrolera es la misma que había aplicado antes con el Correo Argentino para intervenir el mercado postal, con AySA para hacerlo en el servicio de agua y cloacas y con Aerolíneas Argentinas en el transporte aéreo. YPF también tendrá, como en las otras empresas mencionadas, un 10% de participación accionaria de sus trabajadores, con un representante en el directorio. Esta forma de ejecución adoptada por Néstor y continuada por Cristina recoge la experiencia histórica negativa que el peronismo tiene atesorada sobre la administración de empresas públicas bajo la forma jurídica estatal en cuanto a los problemas burocráticos de administración. Crisis de eficacia, que como Cristina lo ha recordado, contribuyó a que los voceros mediáticos del modelo neoliberal de desarrollo pudieran instalar, a la salida de la dictadura, el clima privatizador que se precipitó en los años 90. Por todo ello, tal como ocurre en las demás empresas en las que el Estado es accionista mayoritario, YPF S. A. tendrá una conducción política que fijará los objetivos doctrinarios y una gerencia altamente profesional que los ejecutará.
Cristina ha reafirmado los objetivos doctrinarios tanto en la actividad hidrocarburífera como en la minera: alcanzar que sean desarrolladas por empresas públicas, privadas o mixtas, comprometidas con la transferencia de tecnología y la sustitución de importaciones, con la generación de proveedores y empleo local, con el pago de mayores impuestos, tributos y cánones para las respectivas jurisdicciones estatales, y con la más alta protección del medio ambiente compatible con el desarrollo de la actividad.
Para llevar adelante estos objetivos, el Gobierno nacional ha decidido fortalecer una forma de ejecución: concertar y coordinar políticas con la provincias hidrocarburíferas y mineras, jerarquizando el rol de los respectivos consejos y organizaciones federales que estas han conformado e integran, al efecto de hacer a esas actividades más eficaces en sus resultados para el simultáneo interés nacional, provincial y municipal. Como parte de esta política de concertación y coordinación con las provincias, la forma de ejecución adoptada para YPF establece además que un porcentaje de las acciones –del 51% que el Estado expropió a Repsol– queda en manos de las provincias petroleras y gasíferas, con participación en el directorio, con un contrato de sindicación de acciones por 50 años entre ambas jurisdicciones para unificar el poder de gestión.
Respecto del rol del Estado en la explotación minera para cumplir los objetivos doctrinarios ya señalados, el Gobierno alienta que las provincias mineras, como ya lo han hecho varias de ellas, adopten como forma de ejecución constituir empresas públicas propias para asociarse en el desarrollo de la actividad y pasar a ser actores insertos y activos en la gestión, y no meros controladores externos, rol que también deben seguir cumpliendo.
Mario Bertellotti
*Nota publicada en la revista GESTAR N°5
