21 de febrero de 2014
Instituto Gestar

Desarrollo humano

Por primera vez en la rica historia de nuestra patria, podemos (100y debemos) pensar en alcanzar en pocos años objetivos de justicia social muy ambiciosos, pero también factibles. Objetivos que estuvieron presentes en el origen del peronismo y que en los últimos años registraron avances definitivos. Es necesario recuperar algunas ideas heredadas del primer peronismo. La cobertura universal de los servicios de salud y educación es un objetivo alcanzable, pero no es suficiente.


1. Educación de calidad para todos.

2. Cobertura de salud universal y de excelencia.

3. Fin de la pobreza y equidad en la distribución del ingreso.

4. Trato igualitario a todas las personas y derechos humanos plenamente vigentes.

1. Educación de calidad para todos.

La educación en los niveles inicial, primario y secundario debe alcanzar cobertura universal, ser de alta calidad y no presentar desequilibrios regionales ni inequidades sociales. A tal fin, el esfuerzo en la mejora y ampliación del sistema de educación pública de gestión estatal es central. Se debe apuntar a que las escuelas públicas sean las mejores y que todos los chicos terminen la escuela primaria y la secundaria, y que tengan posibilidades concretas de asistir y aprender.

La universalidad del sistema educativo implica una transformación profunda, especialmente en relación al secundario. El reto es que los niños vayan trece años a la mejor escuela. El mayor desafío es el secundario, para lo que se requiere medidas institucionales y pedagógicas. Reducir la cantidad de alumnos por aula y facilitar el acceso a las tecnologías de la información mejora la interacción docente-alumno. La escuela secundaria del siglo pasado estuvo pensada para una élite, pero ahora tiene que ser concebida para todos. Debe permitir que los estudiantes se incorporen como elementos productivos de la sociedad, como buenos trabajadores. En el ámbito educativo hay varias tradiciones que deben recuperarse y una es la vocación de incluir a todos. La fragmentación del conocimiento implica un obstáculo a superar que conspira contra la calidad educativa. Además, es necesario fortalecer nuevas formas de escolarización para actores que en el pasado quedaban excluidos. Esto requiere, por supuesto, instancias de capacitación laboral para los docentes, ya que es necesario un mayor acompañamiento para los alumnos, más instancias de apoyo a través de tutores, orientadores y profesores de apoyo.

La evaluación de la calidad educativa debe pensarse como herramienta de mejora y no para armar clasificaciones. La escuela secundaria debe ser exigente, inclusiva y de calidad. El paradigma del sistema a veces vincula exigencia con exclusión, pero esa es una idea arraigada que debe desterrarse. Se debe trabajar en un escuela distinta, no más fácil, pero si más inclusiva.

2. Cobertura de salud universal y de excelencia.

Debemos garantizar atención de calidad a todas las personas, lo que requiere fortalecer la capacidad resolutiva de las redes de atención en todo el país, mejorando la accesibilidad, especialmente de los grupos más vulnerables. Esto implica contar con suficiente personal sanitario y con instituciones que cumplan los requerimientos propios del servicio que brindan. Se priorizarán las intervenciones orientadas a la prevención y minimización de los problemas de salud responsables de las principales causas de muerte y patologías prevalecientes.

A la vez, se abordarán adecuadamente los determinantes sociales de la salud mediante acciones de comunicación y participación social. La adopción de un estilo de vida saludable implica un cambio cultural que lleva tiempo. De este modo será posible alcanzar el mayor nivel posible de salud pública y una verdadera equidad de oportunidades y de trato.

3. Fin de la pobreza y equidad en la distribución del ingreso.

El trabajo registrado es el principal motor de la justicia social. Todos los trabajadores deben tener empleos formales y adecuadamente remunerados para garantizar su seguridad jurídica y social. El objetivo de la generación de empleos de calidad, mencionado posteriormente, tiene esta impronta.

Dando continuidad a la recuperación del salario mínimo, vital y móvil e implementando una política económica, laboral y social orientada a la creación de empleos formales con calidad, se puede apuntar a erradicar la pobreza en la Argentina para 2020. El mecanismo vigente de las paritarias como política de estado mejorará el ingreso de los trabajadores formales favoreciendo la economía interna. Mediante estas acciones, se espera erradicar la pobreza y alcanzar niveles de equidad en la distribución del ingreso superiores a los mejores años de la historia argentina.

La creación de empleo se fomentará mediante inversión pública y promoción de inversión privada en ramas de actividad intensivas en trabajo que contemplen la utilización de mano de obra local.

Complementando las políticas orientadas a crear empleos formales, a través de programas sociales universales se garantizará ingresos suficientes para las personas que tengan dificultades para acceder a tales trabajos, sea por discapacidad, por superar la edad requerida por el mercado laboral, por pertenecer a familias numerosas, etc. Los receptores de estos programas tendrán beneficios sociales asimilables a los de un trabajador formal.

Por último, se realizará las inversiones en obra pública necesarias para resolver necesidades básicas vinculadas con vivienda, saneamiento e infraestructura local que brinde condiciones de vida dignas a todos los habitantes del país.

4. Trato igualitario a todas las personas y derechos humanos plenamente vigentes.

Durante los últimos años han sido enormes los avances en el acceso a los derechos civiles y sociales, pero quedan materias pendientes, como la promoción de un cambio cultural que combata todo tipo de discriminación o trato desigual. Los derechos humanos se construyen respetando la memoria, la verdad y la justicia, y deben entenderse en forma integral. Incluyen como elementos primordiales el respeto a la vida y la integridad personal y moral de cada ciudadano así como la generación de nuevos derechos sociales que permitan restituir los retrocesos en materia de trabajo, educación, salud y seguridad.

La defensa de la vida implica un compromiso con los derechos humanos y con la seguridad de todos los argentinos. La violencia no sirve para crear más seguridad. Las cuestiones sociales exigen un equilibrio, una articulación que impida generar o incitar más violencia. Esto no implica negar el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado sino simplemente tomar en cuenta que, en nuestra historia, cada vez que se pensó razonable actuar así ante distintas situaciones el resultado siempre fue inversamente directo a lo que se buscaba: lograr la paz y el orden. Porque la paz y el orden están vinculadas a asegurar a todos el pleno ejercicio de sus derechos, de todos los derechos que contempla la Constitución.



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