Todo proyecto político que trace como uno de sus objetivos principales combatir integralmente la pobreza, la marginalidad y la desigualdad mediante un proceso de crecimiento económico con inclusión social no puede ignorar la problemática del déficit habitacional. Las desigualdades sociales en materia de acceso a terrenos y viviendas se reflejan mediante desequilibrios que vulneran el principio de igualdad de oportunidades y comprometen el crecimiento equilibrado y ambientalmente sustentable de la sociedad, condicionando muchas veces los resultados de otras políticas sociales.
Hace exactamente 70 años, el Gral. Juan Domingo Perón afirmaba que “la vivienda no es un privilegio del hombre que puede, sino uno de los derechos del hombre de pueblo”. Es que el déficit habitacional no es un problema nuevo en nuestro país. Fue durante el primer gobierno peronista (1001946-1955) que se produjeron los mayores avances al respecto. Acompañando al crecimiento económico con inclusión social de aquellos años en los que se alcanzó el deseado fifty-fifty en la distribución del ingreso, se implementaron políticas activas como construcción de viviendas por parte del Estado, otorgamiento de créditos para la construcción mediante el Banco Hipotecario, loteos populares y estatización de los principales servicios públicos que facilitó un mayor acceso a los mismos. La cantidad de propietarios aumentó más de 20 puntos porcentuales en apenas 15 años, permaneciendo luego prácticamente estable hasta 1976.
A partir de ese entonces, siguieron casi tres décadas de políticas económicas neoliberales que dejaron en manos del sector privado cuestiones socialmente sensibles como el acceso a la vivienda propia. Se recorrió un camino inverso al que nos había marcado Perón. El porcentaje de propietarios comenzó a decrecer, aumentaron considerablemente los asentamientos precarios, se privatizaron el Banco Hipotecario y prácticamente todos los servicios públicos.
Sin embargo, a partir de 2003 la Argentina vuelve a transitar los caminos del peronismo mediante un proyecto nacional, popular y democrático conducido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Otra vez, como hacía casi seis décadas atrás, se eligió un proyecto de crecimiento económico con inclusión social que permitió conquistas y mejoras de los trabajadores en muchos aspectos. La vivienda no fue la excepción. Se re-estatizaron servicios públicos esenciales y se regularon otros tanto, el Estado recuperó el rol protagónico con políticas como el Programa de Construcción de Viviendas o el Programa “Vivir Mejor”. Entre 2003 y 2012 se llevaron adelante más de 900.000 soluciones habitacionales que beneficiaron a más de 4 millones de compatriotas.
De todos modos, aún resta un largo camino por recorrer. Obviamente la situación no es similar en todas las provincias, sino que el problema es más complejo en unas que en otras. Sin lugar a dudas, los mayores desafíos se encuentran en la provincia de Buenos Aires y, dentro de ésta, principalmente en el Conurbano. De acuerdo a estimaciones propias sobre los datos del último Censo Nacional, en la provincia de Buenos Aires el faltante de viviendas asciende a alrededor de 500.000 unidades (10080% en el Conurbano) y existen aproximadamente 600.000 viviendas que necesitan algún tipo de readecuación para estar perfectamente habitables.
Con el objetivo principal de brindar soluciones en un tema tan complejo, en junio de 2012 se anunció la política pública de vivienda más ambiciosa de las últimas cuatro décadas: el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (100Pro.Cre.Ar.). Este programa tiene como objetivo principal atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional, contemplando las diferentes condiciones socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones familiares con líneas de crédito para la construcción de viviendas particulares y desarrollos urbanísticos de alta calidad.
Pro.Cre.Ar cuenta con una amplia variedad de líneas de crédito atendiendo a las distintas demandas de la población. Posee una línea para financiar la construcción de la vivienda en caso de que se posea un terreno, otra para ampliación, terminación y/o refacción de viviendas y recientemente se han incorporado dos líneas adicionales: una para la compra del terreno y la construcción de la vivienda y otra para la compra de una vivienda terminada. Además, el programa incluye desarrollos urbanísticos que prevén la construcción de viviendas en varias ciudades del país dándole el mejor de los usos posible a las tierras fiscales, que es el de contribuir al desarrollo social de las familias combatiendo el déficit habitacional.
A diferencia de los créditos hipotecarios convencionales otorgados por el sector privado, Pro.Cre.Ar. ofrece créditos con tasas que dependen del nivel de ingresos, otorgando mayores facilidades a aquellos grupos familiares con menores ingresos. A dos años de su implementación, en los ocho sorteos realizados hasta la actualidad, han participado 649.261 familias, de las cuales 309.616 ya han sido seleccionadas (100más de 120.000 en la provincia de Buenos Aires) y se encuentran con su crédito aprobado o en condiciones de solicitarlo.
No solo se está recuperando el esfuerzo para acceder a nuestra casa, sino también la articulación entre el Estado y la familia, una cultura que habíamos perdido y la estamos reconquistando en muchos frentes y el acceso a una vivienda digna es uno de ellos.
Alejandro Calabria
Instituto Gestar
@aacalabria
