Hoy, a 36 años del golpe cívico-militar más cruento de nuestra historia –cívico-militar porque hubo unos cuantos que “se pusieron la gorra”- tenemos en nuestras manos la posibilidad de reflexionar sobre lo ocurrido y el deber de evaluar nuestra responsabilidad de proteger lo conquistado hasta el momento.
La junta militar desplegó un temido aparato de represión y muerte en todo el territorio nacional; un plan desalmado e inhumano que comportaba una estrategia que definitivamente apuntaba a destruir las bases de crecimiento y solidaridad social de nuestro país. Entre sus objetivos de desmantelamiento y desarticulación del modelo económico social del peronismo, la siniestra táctica de “disciplinamiento social” causó daños irreversibles. Sin ir más lejos, recordemos que la política económica dela Juntaquedó a cargo de sectores civiles que apoyaron el golpe y que se beneficiaron con la destrucción del modelo. El empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, puso en práctica reformas económicas que pueden sonar disparatadas pero fueron muy coherentes con los objetivos del golpe, seguían las nuevas doctrinas neoliberales dela Escuelade Chicago, que tendían a desmontar el Estado de Bienestar, a desindustrializar, a concentrar la economía y a fomentar el sector financiero y el campo.
En el plano social creció notablemente la pobreza, alcanzando a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos.
El valiente Rodolfo Walsh en el segundo párrafo de su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar enviada por correo el 24 de marzo de 1977 (100un día antes a ser desaparecido) y luego publicada en Operación masacre, de ediciones de la Flor dice con una lucidez envidiable: “…El primer aniversario de Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades…”
A poco de asumir el mandato de Néstor Kirchner, fueron derogadas por el Congreso dela República Argentinalas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los juicios se reabrieron y la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales. Fue ese mismo 2006 cuando se sancionó la ley 26.085 que estableció el 24 de marzo como el Día Nacional dela Memoriayla Justiciay como feriado nacional.
La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos representó también un importante hito en el camino; este organismo permite organizar y custodiar un archivo de datos con el objetivo de obtener y almacenar información genética que facilita el esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación a través de la ley 23.511.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía el 10 de diciembre 2011 cuando asumía su segundo mandato: “…tengo acá una frase que yo pronunciara con motivo de mi asunción en diciembre de 2007 y si me permiten la voy a leer textualmente y es referida a los juicios de Derechos Humanos; Yo espero (100…) que en estos cuatro años de mi mandato estos juicios que han demorado más de 30 años en ser iniciados puedan ser terminados. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015 no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia…”.
Los 269 condenados por delitos de lesa humanidad y otras 843 personas procesadas dan cuenta de la necesidad de justicia y verdad de nuestro pueblo.
Martín Valli
