Cuando faltan poco menos de dos meses para el 60 aniversario de la creación del INTA el Instituto se encuentra en el ojo de la tormenta de la discusión presupuestaria. Durante la primera quincena de octubre se registraron movilizaciones de INTA en todo el país, con la consigna de: “el INTA en la calle”, en las cuales los trabajadores del Instituto intentaron sensibilizar a la población en más de 300 localidades de la República Argentina, dando a conocer sus trabajos y alertando sobre las consecuencias de un recorte presupuestario de la magnitud del planificado.
Diferentes organizaciones de productores se solidarizaron con este reclamo, entre otras la Federación Agraria Argentina, que presentó su preocupación al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y al Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. La Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar (100FONAF) emitió un comunicado oficial reclamando entre otras cosas, la revisión del presupuesto principalmente del INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar, expresando que “Reducir presupuestos a éstas entidades derivará en menos recursos humanos técnicos y económicos para entes de promoción e investigación a nivel nacional. Esto, en otras pala-bras, significa pérdida de presencia en los territorios con productores familiares con asistencia técnica reducida, con proyectos productivos y de investigación demorados o postergados y con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante mucho tiempo”. Pocos días después este desfinanciamiento provocó la renuncia del primer Secretario de Agricultura Familiar del macrismo, Hugo Alloatti, junto con 12 funcionarios de su equipo.
También reclamaron una vuelta atrás en el recorte presupuestario del INTA otras entidades agropecuarias cercanas al oficialismo, tales como CARBAP, AAPRESID y CAME alertando sobre los perjuicios que tendría para las PyMEs agropecuarias y sobre el desarrollo tecnológico, el ajuste planeado para el INTA.
Una interpretación de la historia del INTA
El 4 de diciembre de 1956, la dictadura que el año anterior había derrocado al general Perón, mediante el Decreto-Ley 21.680 transformaba los servicios de investigación y extensión agropecuaria creados por el peronismo en 1946 en un instituto autárquico gobernado por un cuerpo colegiado integrado por algunas de las gremiales empresarias del sector agropecuario, las universidades y el Estado Nacional.
La Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias (100CNIA) dependiente del Ministerio de Agricultura había sido creada en el marco del primer Plan Quinquenal. Esta comisión tenía a cargo el “estudio de problemas técnicos y prácticos de la agricultura y la ganadería”, abarcando desde el “mejoramiento de las plantas y de los animales, y los recursos naturales relacionados con esta producción (100suelo, flora y fauna), la sanidad vegetal y animal, y su defensa; la ingeniería rural; el aprovechamiento de los productos y subproductos agropecuarios”, hasta investigaciones sobre “microbiología y parasitología, entomología, genética animal y vegetal”, entre otras.
El Ministerio de Agricultura contaba desde comienzos del siglo XX con un Servicio de Agronomías Regionales y una Oficina de Estaciones Experimentales que fueron integrados con la investigación agropecuaria a través de la citada CNIA. Pocos años después se incorporaron al sistema las estaciones experimentales que pertenecían a los ferrocarriles que habían sido nacionalizados.
Esta estructura que sirvió a los gobiernos democráticos del primer peronismo para desarrollar una política agropecuaria que favoreciera el acceso a la tierra y la tecnificación de pequeños y medianos productores y a los derechos del peón rural, también afectó los intereses de los grandes propietarios y grupos transnacionales que hasta entonces controlaban el negocio agropecuario. Con el advenimiento de la dictadura cívico-militar de 1955 se integra al gobierno del sistema de investigación y extensión agropecuaria a las entidades agropecuarias que habían apoyado el golpe de estado que terminó con el gobierno democrático de Juan Perón. Se crea así una nueva institucionalidad, esta vez enmarcada en el Plan Prebisch, uno de los tantos programas económicos liberales que agobiaron a nuestro país.
La creación del INTA fue refrendada por ley durante el gobierno de Frondizi, se incorpora a la Federación Agraria Argentina a su Consejo Directivo y en 1960 por Ley 15.429 se estableció que los cargos de Presidente y Vicepresidente quedaran en manos del Estado. A partir de allí, durante toda la década del 60 y la mitad de los años 70 el INTA fue una pieza fundamental en el proceso de transformaciones que se verificaron en el sector agropecuario. El desarrollo de la vacuna oleosa contra la aftosa o el mejoramiento genético incorporado a las semillas son sólo dos ejemplos. “Pero su trayectoria no se vinculó únicamente a la organización de contenidos y áreas de investigación. O, más bien, estos, además de guardar relación con lo sucedido en laboratorios y campos experimentales, estuvieron implicados en las transformaciones políticas, sociales y económicas del país (100Gárgano)”. Así durante el tercer gobierno peronista, el INTA fue una pieza clave para la ejecución del Plan Trienal, donde el sector agropecuario cumplía un papel de singular importancia, en su doble función de abastecedor del mercado interno y generador de excedentes para crear capacidad de compra externa.
Por este camino el INTA se transformó en uno de los organismos estatales más castigados por la represión de la última dictadura cívico-militar, con diez científicos asesinados, otros diez desaparecidos y la quinta parte de su personal (100más de 800 empleados) despedidos, además de la intervención del organismo. En este proceso de destrucción del INTA fueron fuertemente golpeadas las líneas de investigación en genética, economía y sociología, así como también el área de extensión; incluso un pelotón del ejército ingresó al INTA Pergamino a exterminar a los tiros un plantel de miles de gallinas dando por tierra con décadas de investigación.
Recuperada la democracia en 1983, el alfonsinismo le devuelve al Instituto partidas presupuestarias y la autarquía. El nuevo gobierno planeaba llevar adelante, con eje central en el INTA, un ambicioso Programa de Desarrollo Agropecuario, el PRONAGRO, que ni siquiera comenzó a ejecutarse por la resistencia de las patronales del campo. Eso no impidió que el INTA tuviera su primavera alfonsinista, aún con las restricciones derivadas de las sucesivas crisis que tuvo que enfrentar el gobierno radical por ese entonces. En 1987 se crea la Unidad de Minifundio luego de una década en la que se había limitado la acción del INTA a la producción agropecuaria capitalizada.
En la década de los noventa, nuevamente el Instituto es objeto de los embates de las políticas de ajuste y desregulación llegando incluso a proponerse su privatización. Otra vez pierde su autarquía y se limitan las partidas presupuestarias significativamente y se reduce el personal a través del congelamiento de vacantes. Paradójicamente, dos de los programas emblemáticos ejecutados por el INTA, surgen en esta época. El PROHUERTA, una política alimentaria que llegó a atender las necesidades de unas tres millones de personas en situación de pobreza, y el Programa Cambio Rural que buscaba modernizar, reconvertir y diversificar las explotaciones para alcanzar niveles de productividad sustentables en un contexto de gran concentración de la propiedad agropecuaria.
Puede decirse que durante los ejercicios de 2001 y 2002, plena crisis de convertibilidad, el INTA se encuentra en su peor momento institucional, con un presupuesto mínimo, cercano a los cien millones de pesos que representaba un 0,2% del presupuesto nacional y un 2,5% sobre el total de gastos en Administración Gubernamental. El congelamiento de vacantes a lo largo de una década había llevado la edad promedio de los empleados a más de 50 años, con una planta de personal disminuida a menos de 3.000 trabajadores y con un gran número de vacantes sin cubrir. A pesar de todo esto, el gasto en personal representaba en 2001 más del 80% de las erogaciones, lo que daba cuenta del estrangulamiento en que se encontraba la institución en esos tiempos. El panorama era más desolador si se considera que una parte nada despreciable de los salarios de sus trabajadores provenían en ese momento de fuentes externas al Organismo. Téngase en cuenta que en 1963, el inciso 01 – Gastos en Personal representó un 50% del presupuesto, en tanto que a mediados de la década del 70 este rubro se ubicaba en el 70% del presupuesto del INTA.
La evolución presupuestaria reciente
Con la sanción de la Ley 25.641 de setiembre de 2002 se restituyó nuevamente la autarquía al Instituto y comienza con ello una etapa de recuperación del organismo. Inmediatamente se llamó a concurso abierto para cubrir los 80 puestos gerenciales, se firmaron 20 nuevos convenios de vinculación tecnológica y se comenzó a delinear el Programa Federal de Desarrollo Rural (100PROFEDER), un salto cualitativo hacia la gestión empresaria y la participación de la comunidad, en donde cada región definirá su estrategia de intervención integrando operativamente a otros organismos públicos como el Conicet o el INTI, a los municipios, las entidades gremiales y las organizaciones no gubernamentales.
La inversión realizada en el INTA en el periodo 2003/10 fue veinte veces superior a la registrada en el periodo 1995/2002. En ese lapso se duplicó la planta de personal y se mejoró significativamente el poder adquisitivo de los salarios, se realizaron concursos abiertos para cubrir vacantes y se incorporaron numerosos agentes que estaban vinculados mediante contratos precarios desde la década anterior. Con todo esto el inciso 01 – Gastos en Personal, representó en promedio un 65% del presupuesto total del INTA. La participación del INTA en el presupuesto total de Gastos de la Administración Gubernamental fue de un 6% en promedio llegando a superar el 8% en 2009, siendo el 0,36% del Presupuesto Nacional.
Desde 2011 se estabilizó prácticamente la planta de personal, registrándose una variación menor al 2,5% en el número de empleados durante los últimos 5 años. En este periodo (1002011/16) el rubro personal representó un 70% del presupuesto de INTA; la participación del Instituto en los Gastos de la Administración Gubernamental promedió un 5% y representó un 0,3% del Presupuesto Nacional.
Actualmente el INTA es un organismo de vanguardia a nivel internacional, siendo uno de los pocos que cuenta dentro de su estructura con las áreas de investigación y extensión, interactuando de manera conjunta y articulada, para avanzar en el desarrollo de sus actividades. La institución tiene presencia en todas las economías regionales de la Argentina, a través de una estructura que comprende: una sede central, quince centros regionales, cincuenta y dos estaciones experimentales, seis centros de investigación y veintidós institutos de investigación, y cerca de cuatrocientas Unidades de Extensión. “El resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado”, se proclama desde su sitio WEB.
El proyecto de presupuesto 2017 vs 2016
El proyecto de ley de presupuesto 2017 ingresado a la Cámara de Diputados prevé para el INTA un presupuesto de $ 5.112 millones, es decir un 0,2% del total del Presupuesto Nacional y un 2,5% del Gasto en Administración Gubernamental, una participación similar a la que se registraba en la década del noventa y bastante menor a los valores de los últimos años citados más arriba. Pero esto tiene poca importancia al constatar un hecho de mayor gravedad, este presupuesto representa un recorte de $1.140 millones sobre el presupuesto solicitado por el organismo y que refleja el proceso inflacionario del último año. Parte del recorte fue propuesto por el propio equipo del Ministerio de Agroindustria que envió al Ministerio de Haciendo un pedido por $5.700 millones, en tanto que la reducción final fue concretada en dependencias del ministro Prat Gay. Este ajuste incluye un recorte de $218 millones en el inciso destinado a personal. Si representamos este ajuste en términos del sueldo promedio del personal técnico vemos que existe una amenaza concreta sobre unos 630 puestos de trabajo, afectando principalmente al personal de planta transitoria y a los contratados, partidas que son menores incluso en términos nominales a las partidas destinadas a los mismos rubros en el presupuesto 2016. Asimismo se verifica, del análisis de los rubros, que será imposible la incorporación de unos 340 becarios que han sido formados en las diferentes áreas del INTA con vistas a cubrir vacantes generadas por jubilaciones.
Agravando el panorama, la distribución de la dotación del personal entre las distintas jurisdicciones, que hasta 2016 formaba parte de la ley de presupuesto, es ahora delegada en el Jefe de Gabinete de Ministros, y lo que es peor, recorta la autarquía del Instituto impidiendo la cobertura de cargos vacantes, que en los últimos años se había realizado a través de concursos públicos con una transparencia impecable.
Como es fácil comprender, reducir recursos humanos en el INTA significa menor presencia en el territorio, reducción en la asistencia técnica a productores y familias de las economías regionales, proyectos de investigación demorados o postergados con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años; retraso en investigaciones estratégicas.
Finalmente, el hecho que se proyecten escasos $500 mil para el inciso 04, por burdo que parezca, implica la progresiva inmovilidad de los técnicos por la obsolescencia de la flota de vehículos de trabajo; obras de laboratorios y edilicias suspendidas en todo el país y rápida obsolescencia de equipamiento de alta complejidad que impedirá el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en proyectos de importancia, en áreas tales como cambio climático, biotecnología, sanidad animal y terapéutica vegetal.
Conclusiones
La suerte del INTA ha estado desde su nacimiento íntimamente ligada a los vaivenes políticos de nuestra Patria, el péndulo que operó sobre nuestro desarrollo se ha reflejado nítidamente en su historia. Esta vez no será la excepción. Tenemos que entender que la caída del INTA es el preludio de la caída del desarrollo nacional. Evitarlo puede ser un comienzo que impulse correcciones en un modelo político y económico que a todas luces está dejando afuera a las grandes mayorías nacionales provocando transferencias de ingresos a unas minorías privilegiadas.
¿Cuántas veces tendremos que vivir los mismos procesos para darnos cuenta de que al final del camino sólo queda volver a empezar? ¿Cuántos trabajadores tendrán que expresarse en la calle antes que sean escuchados sus reclamos?
Como diría un reciente premio Nobel: “The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind (100La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento)”.
