En mayo se cumplieron cuatro meses del conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (100INTI), desatado por Cambiemos mediante el envío de 258 telegramas de despido a trabajadores que prestaban servicio en la prestigiosa institución. Si bien este conflicto continúa siendo uno de los de mayor resonancia, no es un caso aislado: a los despidos durante el verano en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (100INTA), el Hospital Posadas, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la fábrica FANAZUL de Fabricaciones Militares, se sumaron casos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión Nacional de Pensiones y el Ministerio de Agroindustria, entre otros casos. Todos estos organismos son, sin duda, sectores estratégicos del Estado que trabajan para agregar valor a nuestra economía y para cuidar a los sectores sociales más vulnerables.
El caso del INTI continúa siendo un conflicto testigo de los planes de recorte de personal que lleva adelante el Gobierno Nacional. Allí se vió la verdadera cara de los funcionarios de Cambiemos, sobre todo cuando se convocó a una supuesta mesa de diálogo que llevó al sector sindical a levantar las medidas de fuerza en una muestra de buena voluntad. A pesar de este gesto, los trabajadores solo obtuvieron a cambio la dilatación de los tiempos por parte de las autoridades y una injusta represión a las medidas de fuerza que se llevaron a cabo para impulsar una reapertura del diálogo genuina. Pero, aún así, las autoridades del organismo no se conformaron con prolongar intencionadamente los plazos de conformación de una mesa de diálogo. El avance sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del organismo continuó, según denunciaron distintos representantes gremiales, con descuentos por día de paro de hasta el 40% del salario, instalación de cámaras de seguridad y refuerzos de seguridad privada en todas las áreas, y distintos mecanismos de persecución a los trabajadores que ejercían su legítimo derecho de protesta.
Lejos de las posibles sospechas de “ñoquis” o empleados que no cumplen con sus tareas, la situación del INTI es bien distinta. Sus funciones, siempre precisas de repasar, son de vital importancia y mucho más amplias que lo que la mayoría de la opinión pública podría sospechar: apoyo a Pymes, estudios del agua de red que consumimos en nuestros hogares, homologación de elementos de medición en surtidores de nafta, balanzas de granos o cajas de supermercados, certificación de insumos tales como herramientas quirúrgicas, calibración y certificación de instrumentos de medición en aviación comercial, y en otras tantas ramas de la actividad industrial. En actividades vinculadas al agro y la ganadería, el organismo realiza entre otras actividades ensayos con enzimas para acelerar la maduración de quesos, incentiva la producción de seda en el país, estudios con desechos vacunos para prolongar la vida de los alimentos, el desarrollo de snacks de maíz para producción y comercialización, o la utilización de viruta de cuero para absorber desechos químicos industriales, entre otros logros. La última innovación digna de destacar es la instalación de un Laboratorio de Prototipado Rápido en el que se realizan impresiones de polímeros y metales, y un Laboratorio de Tomografía Industrial únicos en el país, ubicados en el Centro de Investigación y Desarrollo que el INTI tiene en la ciudad santafesina de Rafaela. Este tipo de avances en investigación y desarrollo permiten vislumbrar la importancia que tiene el INTI para los argentinos.
En este marco de necesidad imperiosa de preservar las tareas que realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, distintos sectores de la oposición recogieron los reclamos de los trabajadores y propusieron declarar la emergencia laboral en el organismo por dos años. En ese contexto, además, se destacan las propuestas de retrotraer la planta de trabajadores al 1º de enero de 2018, la prohibición de los despidos y suspensiones sin importar la relación contractual (100durante los 24 meses que dure la emergencia laboral), la declaración de nulidad absoluta de los mencionados despidos llevados a cabos por el organismo y la obligación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de garantizar las fuentes de trabajo en caso de existir denuncias de despidos por parte de los trabajadores y/o sus representaciones sindicales.
Lamentablemente, la alianza Cambiemos impuso su mayoría en el plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo e Industria llevada a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual derivó en un dictamen de rechazo mayoritario a la iniciativa impulsada por la oposición. De esta forma, el Gobierno demuestra la voluntad de seguir adelante con su política de ajuste en sectores estratégicos del Estado como los que colaboran en el agregado de valor en nuestros sectores productivos, impidiendo la reincorporación de 258 trabajadores.
Es necesario, entonces, que el Poder Ejecutivo comprenda que organismos como el INTI, el INTA o el CONICET, no pueden ser materia de ajuste bajo ningún punto de vista si se pretende tener un proyecto de país que tenga al desarrollo industrial y tecnológico como pilares. Los trabajadores de este tipo de organismos no pueden ser variable de ajuste, sino que por el contrario las inversiones deben aumentar para tener áreas del Estado dedicadas a la investigación y desarrollo cada vez más fuertes y comprometidas con el desarrollo productivo del país. Desde GESTAR seguiremos acompañando el reclamo y reivindicando que, bajo todo punto de vista, en el INTI no sobra nadie.
