21 de agosto de 2014
Instituto Gestar

El pago soberano de la deuda pública

 

La Presidenta Cristina anunció el envió al Congreso un proyecto de ley que establece la posibilidad de optar por la Ciudad de Buenos Aires como lugar de pago a aquellas personas que tengan en su poder bonos reestructurados. El objetivo de la norma es avanzar en lograr que el pago en condiciones justas, legales y equitativas al 100% de los bonistas.


Así, se le brinda una opción a los bonistas que entraron al canje de deuda de 2005 y 2010 para evitar que los próximos pagos de Argentina queden “retenidos” por el  fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, quien en forma extravagante dictaminó que nuestro país no podía pagar a los ahorristas que se acogieron a los dos canjes previos a menos que también pague los reclamos de los fondos buitres.

Las reestructuraciones de 2005 y 2010 establecieron para determinados bonos al Bank of New York Mellon (100BoNY) como agente fiduciario (100de pago). Cumpliendo con sus obligaciones, el Gobierno Nacional ha estado depositando en tiempo y forma el servicio de su deuda. No obstante, pasando por encima de leyes internacionales que protegen a los Estados, Griesa quiso forzar el acatamiento de su resolución ordenando al BoNY que el pago que realizó la Argentina el 26 de junio de un bono reestructurado no fuera entregado a sus propietarios (100a los bonistas).

Entonces, previendo que el 30 de septiembre próximo habrá un nuevo vencimiento y para “que nadie diga que la Argentina se niega a pagar”, como dijo Cristina, el proyecto de ley elevado al Congreso autoriza al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para remover al BoNY como agente fiduciario dada su “pública y notoria incapacidad de actuar” y establecer a Nación Fideicomiso, entidad del Banco Nación, para que se paguen los títulos a los tenedores de deuda.

El proyecto también contempla la creación de la cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central, cuyo objeto será mantener en fiducia (100guarda) los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda reestructurada. “Es muy importante la figura del fideicomiso, porque cuando alguien pone algo en una cuenta corriente común, puede sacarlo, moverlo, transferirlo. Pero cuando uno crea una cuenta de fideicomiso por ley, el único fin es el establecido por la ley. Ningún presidente podrá tocarlos porque son de nuestros acreedores (100bonistas)”, resaltó Cristina.

También, la iniciativa de ley abre la posibilidad de que los tenedores del bono bloqueado por Griesa opten individual o colectivamente por “un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos” y, con el objetivo de mostrar la buena fe del país y su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas, también autoriza al Ministerio de Economía a instrumentar una nueva instancia de canje, bajo las mismas condiciones del trueque de 2005 y 2010, para los holdouts, para lo que se crearía el fondo “Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje”, una cuenta especial de Nación Fideicomisos.

De esta forma, la Argentina vuelve a demostrar su posición de firme compromiso de pago de sus obligaciones financieras, defendiendo por otro medio más a los bonistas que verdaderamente han creído en nosotros sin comprometer los intereses del país ni dejándose extorsionar por la resolución de un juez que curiosamente convalidó reclamos buitres cuando otras 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo fracasaran rotundamente “por un reconocimiento de inmunidad soberana que forma parte del derecho internacional”, como dijo Cristina.

 

David Chagoya y Roberto Arias

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