Para hacer un poco de historia recordemos que el 8 de febrero, a través de la cadena nacional la presidenta anunció el envío del memorándum al congreso para su aprobación. Allí hizo un breve racconto de la posición tomada por el gobierno argentino desde el 2003 a la fecha en cuanto a la causa AMIA.
Quedó en evidencia que desde el 2003, siempre estuvo en los reclamos argentinos. Desde 1994, la causa fue trabada e invalidada por los funcionarios tanto políticos como judiciales. Fue Néstor Kirchner, a través del decreto 1091 del año 2003, que establecía el relevo del ex jefe de la SIDE, Hugo Ansorreguy del secreto del que era beneficiado tanto él como otros miembros de las fuerzas se inteligencia y seguridad. En el artículo 2 se establece la libertad para que cualquier agente pueda declarar.
Éste fue uno de los 9 decretos que se firmaron para ayudar al avance de la causa. Se estableció también la desclasificación de la documentación. Se llevó el tema ante organismos internacionales.
Cuando se anunció la firma del acuerdo con la República Islámica de Irán, tanto la DAIA como la AMIA manifestaron su satisfacción. Una vez hecho el anuncio por parte de la presidenta del envío al congreso del memorándum para su aprobación, en menos de 48 horas, las dos entidades, junto con Apemia, liderada por Laura Ginsberg, se manifestaron sorpresivamente en contra.
La DAIA, expresó que » no contribuye a avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia en el marco de la causa judicial en trámite en nuestro país», también manifestó la intención de modificar el Código Penal para que se pueda juzgar en ausencia a los acusados, ya que el juez de la causa declaró el atentado como un Crimen de Lesa Humanidad. En su exposición en el Congreso, también expresó que el régimen iraní no es confiable. Deslizando que éste no era un acuerdo de entendimiento sino de amistad.
Por su parte, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger afirmó que «el memorándum estaría dando lugar a un tercer atentado» lo que provocó la respuesta inmediata por parte de la presidenta, para que amplíe sus declaraciones y los argumentos en los que se basan esos dichos. En su exposición en el Congreso, sostuvo sus dichos, sin profundizarlos ni aclararlos, y sumó » esto no es un paso adelante, es un retroceso, y si es un paso adelante, es al precipicio» .
Laura Ginsberg, quien protagonizó un intercambio de palabras con Daniel Filmus, ya que no estaba en la lista de oradores, logró a fuerza de gritos, contar con los 5 minutos para exponer su posición. «si apoyan la sanción de esta ley van a sancionar la ley de punto final de la AMIA, van a hacer obediencia debida»
En el Congreso, estuvieron presentes AMIA, DAIA, Laura Ginsberg de Apemia, Memoria Activa y Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado. Las tres primeras, ya manifestaron su posición contraria al memorándum, mientras que las dos últimas manifestaron su apoyo, expresando que más allá de los resultados que se obtengan, es un intento de destrabar la parálisis judicial de la causa.
El asesor actual de las comunidades judías, Moreno Ocampo, expresó que éste acuerdo ofrece una oportunidad para conocer otra versión de los hechos y avanzar, pero que implica también sus riesgos.
En cuanto a los senadores de la oposición, tanto la UCR, el Peronismo Disidente y el FAP, se manifestaron obviamente en contra argumentando que nada va a contribuir al esclarecimiento de la causa, centrando todas sus criticas en los puntos 4 y 5 del memorándum. Se dijo que la Comisión podría obstaculizar la causa y rechazaron cualquier tipo de entendimiento con un régimen que niega el Holocausto. Linares del FAP considera que la diferencia entre preguntar e interrogar es fundamental, mientras que Rodriguez Saa dijo que se está violando la Constitución Nacional.
Elisa Carrió, declaró que Timerman «entregó a su pueblo» y pedirán juicio político. Además agregó, que éste acercamiento comenzó hace dos años, con influencia del presidente Chavez, porque Cristina quiere ocupar el lugar de Chavez…
En el diario La Nación Gustavo Ybarra titula una nota «Admitió Timerman que los iraníes pueden negarse a declarar» lo cual frustraría el principal objetivo del acuerdo.
En el mismo diario, Joaquín Morales Solá, dice que ni la presidenta ni Timerman saben para que se firmó éste acuerdo.
Más allá de la visión que se tenga de la República Islámica de irán, del gobierno actual, no se puede negar, que éste acuerdo, es el primer acto político que se logra a través de la diplomacia, para poder avanzar y ayudar en una causa de terrorismo que gracias a las sucesivas trabas políticas y judiciales se encuentra estancada desde hace 19 años.
Ningún gobierno anterior, hizo el más mínimo esfuerzo para el esclarecimiento del hecho. La voluntad política es fundamental en este tipo de cosas, así como lo es el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, esto también requiere de una decisión política.
Los puntos cuestionados son como se expresó más arriba, casi absurdos. Se habla de la posibilidad de que los acusados no declaren. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional expresa ese derecho, el de callar. En el capítulo 4 del Código Penal, llamado INDAGATORIA, artículo 294 se establece que cuando se sospeche que una persona ha cometido un delito el juez procederá a INTERROGARLA. Por lo tanto, el argumento utilizado en este respecto cae por su propio peso.
Otro de los argumentos en contra, es la pérdida de soberanía. No se pierde soberanía ni jurisdicción al tomar declaración en un territorio fuera del país. Con la previa autorización de la Corte Suprema, el juez y el fiscal pueden trasladarse y tomar las declaraciones correspondientes, bajo los lineamientos de la ley Argentina.
El tema del tiempo que llevará tanto las partes como la Comisión, en leer y ponerse al día con la causa es otro argumento que cae también. Porque no depende del territorio en el que se esté, el hecho de que se tarde más o menos. Se tardará lo mismo, en Argentina, en Irán o en la China.
Habría que comenzar a preguntarse porque se está en contra realmente, más allá de los argumentos expresados por todas las partes. Siendo que los cuestionamientos más resonantes caen. El tiempo, el lugar, que Irán no es un interlocutor confiable, etc.
Irán es el único interlocutor posible, ya que los imputados y buscados con credenciales rojas por INTERPOL son iraníes.
Si los imputados declaran en Argentina, también podrían negarse a declarar. Todo lo que argumentan que puede suceder en Irán, también puede suceder en Argentina.
La presiones y los intereses evidentemente son muy grandes, por parte de EE. UU e Israel, estado que ya realizó una condena no jurídica sino política, como dice Horacio Verbitsky en una nota publicada en Página 12.
Es una oportunidad, quizás la primera, para poder avanzar realmente en el esclarecimiento del atentado. Sólo existen dos posibilidades: o se avanza o se permanece en el mismo lugar. No hay forma que éste acuerdo anule o invalide la causa.
La pregunta que surge es: ¿Quién se beneficia con el punto final de la AMIA?
Soledad Romero