9 de mayo de 2016
Instituto Gestar

EL TRABAJO Y EL EMPLEO COMO MOTOR DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, UNA PREMISA DEL PERONISMO

por Gerardo Esteban Breard*

A partir de 2003, la impronta política sostenida con respecto al desarrollo nacional ha tenido como eje transformar la agenda que los gobiernos neoliberales precedentes quisieron imponer en la Argentina. En este proceso fue quedando descartada paulatinamente la idea de hacer mención al tema poniendo sólo el acento en el crecimiento del PBI, el riesgo país, la volatilidad de los mercados financieros, etc. Por el contrario, se ha impulsado una mirada más precisa del desarrollo nutriéndola de una combinación de políticas focalizadas en tecnología, innovación, producción, trabajo y empleo, cristalizando el legado del general Perón de la justicia social.

El principal cambio logrado, con fuerte impacto en la orientación de la acción pública en la Argentina, es que se ha posicionado el trabajo y el empleo como eje primordial de la agenda política. Ambas dimensiones dejaron de ser consideradas únicamente como resultado del crecimiento económico. No se espera que el mercado genere las condiciones de empleabilidad de los trabajadores sino que es el Estado el que asume el rol de promover que esas condiciones ocurran. Este cambio de foco implicó que trabajo y empleo no son considerados variables de ajuste de la economía nacional sino el vehículo principal del proceso de transformación social y económica, que en su sendero de desarrollo desde 2003 viene atravesando el país.

Ahora bien, para mantener y fortalecer este enfoque de políticas cabe preguntarse cuáles son las razones que estuvieron detrás de este giro que tuvieron las políticas de trabajo y empleo en la Argentina y cómo se implementaron. Esta pregunta nos obliga a desandar el sentido común de tales conceptos para permitirnos entender su importancia en el proceso de desarrollo del país. Para esto cabe mencionar que no fue casual que Perón haya entendido antes que muchos que, al ser designado responsable del Departamento Nacional de Trabajo (100cuyo rango fue elevado a Secretaría a fines de 1943), en realidad había asumido el rol de conductor de uno de los pilares del progreso del país: el trabajo.

El trabajo es el esfuerzo físico e intelectual que todos los trabajadores realizamos sobre un objeto físico –o en la actualidad objetos digitales, como los lenguajes informáticos– para transformarlo en un producto o servicio que sea útil para nosotros mismos o para otros. Sin la acción deliberada del trabajo de los individuos un país no podría desarrollarse. Es la obtención sistemática de transformaciones de tales objetos lo que permite el incremento tanto de la riqueza material como espiritual de una nación. La centralidad de este enfoque se encuentra en que este último aspecto refleja el carácter humano de esta concepción de políticas: el trabajo implica una entrega emocional sobre el bien que se transforma, lo que estimula el sentimiento de satisfacción y realización del trabajador por poder canalizar sus capacidades psicofísicas e intelectuales disponibles. Ésta es una de las principales vías por la cual obtiene su dignidad, cualidad tan importante para la autoestima individual y colectiva que un pueblo necesita para su desarrollo o evolución. Por eso el trabajo es un derecho fundamentalmente humano que empodera a las personas para la libre elección del mismo en condiciones equitativas y satisfactorias. 

Esta dignidad se completa cuando tal entrega transformadora de un bien es retribuida con un salario justo con condiciones de trabajos salubres y derechos como vacaciones, aguinaldo, jubilación, negociaciones salariales, etc. Esto es lo que se entiende como trabajo decente, que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (100OIT) definen como las condiciones que debe reunir una relación laboral de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Esto significa que los lugares de trabajo de los habitantes de un país, quienes además de tener oportunidades para realizar una labor productiva que les genere un ingreso digno, tienen que ser ámbitos seguros, y las familias de los trabajadores deben contar con protección social y poder acceder a mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad.2 En definitiva, estamos hablando de desarrollo desde una perspectiva mucho más amplia que la que impone la agenda neoliberal. 

 

No obstante, frente a un escenario electoral donde los programas de gobierno de los partidos opositores sutilmente, y algunos de manera explícita, pretenden volver a ver el trabajo bajo esta concepción que estamos criticando, se hace imprescindible hacernos la siguiente pregunta: si esto ocurriese, ¿no se estaría alterando un derecho humano? Por lo expuesto, claramente sí. En efecto, la realidad indicaría que sería un ajuste sobre la autoestima individual y colectiva de un pueblo que se va a ver limitado y hasta restringido en la realización de sus sueños y esperanzas. De ocurrir esto, son de esperar fuertes consecuencias en el desarrollo del país.

 

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Esto conlleva afirmar una vez más el rol que tiene el Estado como agente capaz de asegurar que cada trabajador pueda obtener su propia dignidad, que no sea reducido a un simple agente que garantice el funcionamiento de las leyes del mercado y, menos aún, que responda únicamente a intereses sectoriales. En este sentido, Perón sostenía lo siguiente: “Creemos, sí, que la sociedad modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el hombre sea atendido y ayudado por el hombre y los hombres atendidos y ayudados por el Estado”.3 Estos principios fueron los que desde 2003 permitieron no sólo garantizar la permanencia de ese derecho sino profundizarlo por medio del desarrollo y la implementación de políticas activas que fortalezcan el trabajo. Las más destacadas del período fueron: 

 

Capítulo hermanado es el que representa el empleo como concepto. En efecto, se lo entiende como la condición de ocupado en un puesto de trabajo, que tiene un trabajador mediante un contrato formal con un empleador a cambio de una remuneración por lo que, cuanto más de estos contratos se establezcan entre trabajadores y empleadores, mayor va a ser el nivel o la tasa que el empleo adquiere dentro de la población económica activa de un país. 

Para darle una dimensión política a este concepto debemos recordar que las políticas de empleo de los 90 se sustentaban principalmente en un esquema que subordinaba la tasa de empleo y salarios del país a las leyes del equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto explica por qué para esta concepción era necesario sostener una tasa alta de desocupados: para lograr salarios bajos y de esa manera obtener un incremento de competitividad en las empresas mediante la reducción del mal llamado “costo laboral”. No se estimuló una competitividad empresarial que revindicara el trabajo como capacidad de desarrollo de las mismas. Sin embargo, ya John Maynard Keynes identificaba en los años 30 que un equilibrio entre la oferta y demanda de empleo no necesariamente implicaba un uso pleno del trabajo que puede tener un país para impulsar su desarrollo. El “equilibrio” de los 90 se expresó en una fuerza de trabajo parada e indignada con las consecuencias emocionales y económicas que la persistencia en el tiempo de esta situación conllevó para el total de la sociedad.

 

A su vez, este equilibrio neoliberal se nutrió, entre otras razones, de: 1) una destrucción radical del tejido productivo que alguna vez supimos tener; 2) un cambio en el régimen de acumulación de la riqueza del país con fuerte predominio de los recursos naturales y de sectores de servicios, particularmente de intermediación financiera, y 3) un cambio global en el paradigma tecnológico –las tecnologías de la información– que impulsaron la emergencia de nuevos perfiles de trabajadores que todavía el país no tenía desarrollados. Este conjunto de contingencias conducidas con la concepción neoliberal de la política laboral trajo como consecuencia que quedasen fuera de la esfera productiva no sólo miles de trabajadores sino también empresas que los empleaban. Válidas son las palabras de un compañero gremialista que peina canas para entender esta situación: “En los 70 nos enfrentábamos a la burguesía nacional para conseguir una mejor distribución de la riqueza, pero en los 90 muchos estábamos del mismo lado peleando para no perder lo que todavía nos quedaba de soberanía”.

Por tanto, la concepción de políticas de empleo que se desarrolló desde 2003 no solamente debió orientarse en la generación de empleados sino también de empleadores. Dicho en otras palabras, en la construcción de un empresariado nacional que permitiese “reinstalar la movilidad social ascendente […] Hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo”. En definitiva, un nuevo motor para el desarrollo nacional del país.

El camino recorrido no fue fácil. El principal problema al que atender en ese momento fue el desempleo. Pero, por lo planteado, esto no podía ser llevado a cabo sin considerar que la falta de empleo está estrechamente vinculada con la estructura de las empresas productivas del país. En este sentido, la situación distaba mucho de aquella que tanto inspiró a Aldo Ferrer o a Marcelo Diamand6 en sus desarrollos teóricos y políticos. Hubo que desandar y retomar el debate acerca del desarrollo económico y su relación con la complejización del perfil de especialización de las empresas, pero con un contexto totalmente distinto. 

Para lograr esto, el eje de la política de gobierno fue fomentar que la competitividad de las empresas ya no se relacione tan estrechamente con estímulos macroeconómicos sino en la generación de capacidades tecnológicas y organizacionales. En efecto, se estimuló para que den mejores respuestas para idear, planear y efectuar desarrollos y mejoras de productos y/o procesos, acompañados con cambios organizacionales que impliquen la vinculación con otras firmas o instituciones públicas (100universidad, Conicet, agencias de desarrollo, etc.) para apoyar el impulso de sus capacidades centrales. 

En este nuevo escenario son los trabajadores con sus conocimientos y capacidades los que posibilitan y garantizan el cambio productivo y tecnológico de las empresas. Por eso, además de las políticas de acceso a créditos o a subsidios específicos para fomentar la inversión empresarial, el foco de las políticas implementadas estuvo en acentuar la generación de mejores capacidades laborales. Las más destacadas del período fueron: 

Se generó una mayor coordinación interministerial para el estudio y la generación de políticas sectoriales. Esto permitió la generación de la primera Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación (100ENDEI) que da cuenta de la importancia que se ha dado a focalizar al trabajo y al empleo dentro de la complejidad y la especialización de la estructura productiva: empleados con empleadores. 

Estos esfuerzos de políticas activas han permitido que en estos doce años las empresas argentinas realmente se sientan estimuladas a abrir nuevamente sus puertas a la producción, se modernicen tecnológicamente, se reorganicen y, sobre todo, vuelvan a creer en un proyecto de país industrial. Son las principales responsables de la generación de más de seis millones de puestos de trabajo que detuvieron el proceso de desindustrialización que se venía desarrollando desde la década del 70.

No obstante, es bastante lo queda por hacer. La tecnología avanza y sus usos generan nuevos patrones de producción y consumo. Como en toda época, abundan los agoreros que pregonan que estos avances se comerán los puestos de trabajo por la automatización de tareas. Sus supuestos son concluyentes: a más tecnología, trabajo menos calificado y, por lo tanto, menos salarios por hora. No obstante, las generalizaciones siempre sesgan las realidades y asustan a los menos preparados. Es por eso que nuestro desafío es seguir apostando a que nuestros trabajadores y empresarios sean beneficiarios y no víctimas de la revolución tecnológica. Las políticas desarrolladas e implementadas durante estos doce años lo demuestran. Desde el MINCYT y el MTEYSS se ha podido apreciar que las empresas que realizaron esfuerzos de innovación tecnológica no generaron desempleo sino, por lo contrario, una mayor demanda de empleo con mejor calificación. En más, aquellas que hicieron el mismo esfuerzo sin generar empleo lo que sí realizaron fueron mejoras significativas en las condiciones de trabajo y en las capacidades de los trabajadores por medio de la formación. Este resultado es la foto de una de las aristas del desarrollo con inclusión. Es nuestro deber como peronistas continuarlo y mejorarlo.

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