7 de febrero de 2018
Instituto Gestar

Falsa urgencia y marcha atrás

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 27 publicado en el Boletín Oficial en enero fue analizado en la reunión de la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. Si bien fue rechazado por todos los miembros de la oposición, el Gobierno obtuvo un ajustado dictamen a favor.

Ante la dificultad de que el decreto sea aprobado en el recinto, el oficialismo anunció sorpresivamente que presentará tres proyectos de ley que contendrían los mismos capítulos de modo tal que puedan debatirse y realizar modificaciones. Es decir, lo que debería haber hecho desde un principio una vez iniciado el período de sesiones ordinarias.   

Con este mega Decreto comunicado durante el receso legislativo, el presidente Mauricio Macri intentó saltear al parlamento con el fin de derogar 19 leyes y modificar otras 140. Hasta tanto el Congreso se expida, ya se está aplicando y tiene efectos jurídicos.

De esta manera, el Gobierno se lanzó una vez más -con torpeza o habilidad según como se lo mire- en el avance y retroceso de medidas controversiales para el funcionamiento de áreas sensibles del Estado.

Más allá del debate acerca del criterio sobre la pertinencia en la utilización de los DNU, también utilizados por otros gobiernos, es importante señalar el objetivo de esta herramienta y el sentido que Cambiemos le asigna a los conceptos de necesidad y urgencia, siempre atentos a continuar favoreciendo a los sectores más privilegiados.

Entre los puntos más cuestionados se encuentra la modificación de la ley de inembargabilidad de la cuenta sueldo, medida que resguarda el interés de los bancos en detrimento de los trabajadores.

También buscan cambios para que la Anses pueda operar con mayor margen en el mercado financiero. El DNU plantea excluir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (100FGS) del régimen de contratos del Estado, lo que significa que el dinero que se utilice del Fondo ya no tendrá que cumplir con los principios generales de todas las contrataciones públicas.

Se trata de graves modificaciones que no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y compromiso con el futuro de todos los argentinos.

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