17 de marzo de 2014
Instituto Gestar

Hacia una policía moderna

El pedido de mayor seguridad por parte de amplios sectores de la sociedad y los recientes reclamos policiales del pasado diciembre en distintas provincias, pusieron a las fuerzas de seguridad y su rol en el eje del debate político.


Muchas fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, permanecen con una organización desactualizada similar a la del ejército prusiano de principios del siglo XX. Esta particularidad se remonta a sus orígenes, cuando se separaron de las fuerzas armadas y aún no era clara la diferenciación entre “enemigo externo” y quebrantamiento de leyes penales o infracciones al orden público. Incluso existió hasta 2005 la Policía Aeronáutica Nacional (100PAN), una policía mixta que estaba conformada por agentes y dirigida por oficiales de la Fuerza Aérea y que fue disuelta y sus miembros reorganizados en la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Pareciera existir un consenso respecto a la necesidad de modernizar a las fuerzas de seguridad. Ahora bien: ¿Qué significa tener una policía moderna?

Consideramos que la reforma policial está relacionada a aquellas acciones tendientes a la consolidación y/o establecimiento de prácticas policiales en el marco de la democracia y el respeto de las leyes, como así también a todas aquellas acciones que implementen o mejoren el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana.

Existen varias alternativas y particularidades sobre cómo las fuerzas de seguridad podrían ejercer la actividad policial democrática, pero todas estas líneas y caminos confluyen en que se deben implementar una serie de reformas conducentes a superar los resabios militaristas que aún perduran en las estructuras y fomentar el desarrollo de controles internos, gubernamentales y sociales sobre la policía.

Las estructuras de origen castrense tienen la característica de ser altamente centralizadas, concentrando en un grupo reducido el monopolio de la toma de decisiones y con un alto grado de burocratización interna, este esquema de decisión aplicado a las fuerzas policiales ha cercenado en gran parte el dinamismo de la actividad policial.

La organización y funcionalidad de la policía debe estar estructurada sobre la base de la problemática del delito, de modo tal que los esfuerzos de la institución estén abocados en las tareas de prevención, lucha contra el crimen organizado e investigación criminal. La organización debe tener la capacidad de adaptarse a las necesidades que el contexto social le demande. Las policías no pueden ser rígidas y permanecer pétreas ante un problema como el delito que evoluciona constantemente.

Además, es necesario diferenciar entre seguridad preventiva y seguridad compleja. La seguridad preventiva tiende a evitar o impedir la comisión de un delito, así como también abarca la acción policial de conjurar un delito en proceso. La seguridad compleja, por su parte, engloba aquellas actividades que tienden a neutralizar acciones de criminalidad organizada y el narcotráfico, es decir, todas aquellas acciones de seguimiento y detención de grupos estructurados con división de funciones internas y con una continuidad temporaria en la comisión de delitos.

Estás tareas diferentes entre sí necesitan ser llevadas adelante por secciones diferenciadas y organizadas exclusivamente para ese fin. Desafortunadamente, en los modelos tradicionales heredados por gran parte de la policías en nuestro país, estas tareas suelen ser ejecutadas por las mismas secciones, restando efectividad a la institución e impidiendo la especialización del área y de sus integrantes.

La desconcentración y/o descentralización espacial de la institución policial es también un elemento clave de cualquier reforma. A fin de dotar de operacionalidad y de capacidad de acción las instituciones policiales, éstas deben estar desconcentradas en unidades regionales bien definidas que compartan ciertas problemáticas, dejando atrás la rigidez organizacional, la híper burocratización y el macrocefalismo.

Esto implica generar un mayor número de áreas o secciones capaces de tomar decisiones de una forma rápida y que permita una mayor conexión entre los agentes y las problemáticas delictivas particulares.

Finalmente, consideramos que se debería avanzar sobre dos instancias más que tenderían a dar mayor conexión entre el ciudadano y los agentes policiales: por un lado, una reforma estructural de las escuelas de capacitación de los agentes, las cuales deben ser más abiertas e interconectadas con la sociedad tanto en su contenido como en su pedagogía y, por el otro, avanzar en el concepto de policía comunitaria o de proximidad, entendiéndola como una fuerza tendiente a resolver los conflictos de la comunidad permitiendo la interrelación con los vecinos a los fines de aportar soluciones a los problemas.

Garantizar la seguridad al ciudadano debe ser un hecho de voluntad política y justicia social. Entendemos que no debe haber un Estado ausente ante la violación del sistema legal, y que no puede haber seguridad y justicia para un grupo reducido, sino para todo el pueblo en su conjunto. Por ello es que consideramos que cada parte involucrada debe asumir la conducción política de las fuerzas de seguridad a su mando y las mismas deben estar plenamente integradas al Estado como garante de paz, al servicio de la justicia social.

Fernando Righini

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