9 de marzo de 2017
Instituto Gestar

INDUSTRIA AUDIOVISUAL: CRISIS Y TRASFONDO IDEOLÓGICO

La industria audiovisual es un sector económico complejo. Y tiene, además, una estrecha relación con la dimensión cultural y educativa de una sociedad. Desde comienzos de 2016 múltiples voces han expresado su preocupación y han criticado las políticas audiovisuales del actual gobierno, sobre todo las impulsadas por la nueva gestión del INCAA al mando del ex CEO de Patagonik Film Group, el contador Alejandro Cacetta. Aunque las organizaciones del rubro señalan que algunos aspectos negativos derivan de la gestión anterior, los reclamos centrales tienen que ver con que el gobierno de Cambiemos no se ha ocupado de los problemas existentes y además ha generado una catarata de nuevas contrariedades: despidos, precarización laboral, crisis en el subsector de la distribución y ausencia de fomento planificado, entre otros tantos inconvenientes. La industria audiovisual nacional incluye no solo las producciones para la pantalla grande, también encierra la creación de una enorme cantidad de contenidos televisivos, publicitarios y comunicacionales. Todas estas ramas del audiovisual tienen un alto valor agregado y emplean una gran cantidad de profesionales y técnicos calificados. Solo en el primer semestre de 2016 el sector del cine y la publicidad denunció una baja de 1415 puestos de trabajo, en comparación con el mismo período del 2015, en su mayoría técnicos que trabajaban en preproducción, rodaje y postproducción. Durante ese mismo periodo, el INCAA estuvo prácticamente frenado, excusándose en las supuestas penurias causadas por “la pesada herencia”, aunque gran parte de las producciones fílmicas que se concretaron en 2016 fueron el resultado de proyectos ingresados el año anterior. Para el caso de la TV la situación fue similar, con una reestructuración confusa e ineficiente que dejó en los cargos ministeriales a funcionarios poco o nada capacitados para comprender las demandas del sector: Oscar Aguad, a cargo de Telecomunicaciones; Lombardi, para el flamante “Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos” (100creado por el DNU N° 237/2015, uno de los tantos para “reconfigurar el sector”); Miguel Ángel De Godoy en el ENACOM (100donde de los siete directores cinco son del oficialismo y solo dos de la oposición), entre otros. Un buen ejemplo de esta decadencia fue la producción casi nula de la Televisión Digital Abierta (100TDA), que por su carácter federal tenía una influencia positiva para muchas productoras del interior del país; además, cabe recordar que cuando se creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, el INCAA tenía por principal misión fomentar contenidos para federalizar la televisión. Si hasta hace unos diez años no había ninguna tira producida fuera del área metropolitana, esta situación cambió paulatinamente en los años siguientes. Pero la realidad de las tiras nacionales hoy vuelve a ser negativa, con una importación indiscriminada de producciones extranjeras que vienen subsidiadas y sustentadas por sus países de origen, con baja inversión y difícil competividad. La falta de medidas gubernamentales para el incentivo y la protección de la industria nacional se enmarcan en un paradigma donde ciertas actividades se enfocan como si fuesen un gasto y no una inversión.

Durante el segundo semestre de 2016, se mantuvo la tendencia de inicio de año, a lo cual se sumaron el retraso en la presentación del nuevo plan de fomento del INCAA y nuevas dificultades para el sector televisivo. En este contexto, se comenzó a formar una multisectorial integrada por 17 organismos, gremios e instituciones, que hoy ya son más de 40, entre ellas la Asociación Argentina de Actores, Asociación Argentina de Intérpretes, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Sindicato Argentino de Televisión, Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculo Público, Sociedad General de Autores de la Argentina, Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales y Directores Argentinos Cinematográficos. En su carta de presentación señalaban: “Los contenidos audiovisuales culturales, especialmente de ficción, han sido un estandarte social, cultural, económico y de trabajo para la imagen representada de la Argentina, ampliando la posibilidad turística, exportando bienes culturales y sociales en todo el mundo”. En línea con esto, es necesario comprender que sin la presencia del Estado es muy difícil construir y promover una industria nacional, y que el audiovisual argentino contribuye tanto a nuestra soberanía cultural como a una estrategia de desarrollo económico y de inclusión social. Durante este periodo, delegados de la Mesa Multisectorial concurrieron a provincias como Tucumán, Mendoza y Misiones con el propósito de federalizar la problemática, e incluso en uno de los últimos encuentros participaron funcionarios del gobierno nacional, aunque su única propuesta fue “trabajar juntos”.

Ya a inicios de 2017, consolidada la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual, manifestó su preocupación ante una propuesta elaborada por la consultora privada FIEL contratada por el Gobierno, en la que se sugería eliminar el impuesto del 10 % a las entradas de cine, tributo cuya recaudación se aplica actualmente para fomentar la producción cinematográfica argentina. Ante la rápida viralización de la noticia, que hubiese sido un golpe casi mortal a la industria, y solo unos días después, los ministros de Hacienda y Cultura desmintieron que estuviera en sus planes eliminar el impuesto, una más de las desprolijidades erroristas de Cambiemos. En el mes de febrero, aún sin respuestas de los funcionarios responsables, la Mesa presentó un Plan de Acción Federal que contempla, entre otras cuestiones, el desarrollo de un plan de reclamo y movilización por la defensa de los derechos laborales; llevar una serie de demandas al Congreso Nacional, espacio que este año deberá debatir una "Nueva Ley de Comunicación Convergente", exigiendo legisle en pos de condiciones equitativas con países productores de contenidos audiovisuales (100EEUU, Canadá, Brasil y Comunidad Europea); y exigir que la producción audiovisual sea considerada una política de estado en la Argentina.

En los últimos años, el sector cultural ha llegado a aportar a la economía más del 3 % del Valor Agregado Bruto y más de 340.000 empleos, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina. En este contexto, la industria audiovisual ha generado una producción sin precedentes de películas, series de ficción y documentales financiados mayoritariamente con fondos públicos, provenientes tanto de mecanismos preexistentes (100concursos y subsidios) y fondos de diferentes ministerios estatales. Además, la TV de entretenimiento mantuvo su dinamismo, fuertemente influida por la inversión publicitaria en los principales medios. Según la Cuenta Satélite de Cultura (100CSC), un proyecto que mide la incidencia económica de la cultura en la Argentina y es desarrollado en conjunto entre el SInCA y el INDEC desde el 2008, la industria audiovisual (10028%) y la publicidad (10019%) concentraban hasta finales de 2015 casi la mitad del valor agregado del porcentaje del sector cultural en el PBI.  Se esperan los datos de 2016, aunque ya se aguarda una caída de la tendencia creciente de los últimos años. Las perspectivas para el resto de año no son alentadoras y no hay declaraciones concretas con respecto a las cuotas de pantalla, incentivos a las productoras o señales positivas para trabajadores locales y contenidos nacionales. Es necesario que se comprenda el valor cultural y económico de nuestras producciones, fortalecer los establecimientos estatales de formación técnica, donde una gran cantidad de estudiantes están aprendiendo oficios y se convierten en parte de una estrategia de inversión pública para la industria audiovisual argentina, discutir la creación del Instituto Nacional de Televisión y Nuevas Plataformas, promover un régimen de incentivos fiscales y establecer gravámenes justos a las producciones extranjeras. Solo con voluntad política y discutiendo cuestiones estructurales se podrá comenzar a trabajar, realmente juntos, por el audiovisual argentino.

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