La consigna se repite en boca del presidente Mauricio Macri prácticamente desde que comenzó la campaña electoral de 2015: “Argentina debe ser el supermercado del mundo”. A primera vista esta afirmación no suena demasiado reprochable, ¿o acaso sería negativo que nuestro país exporte cada vez más manufacturas de origen agropecuario (100MOA) en conjunto con los ya tradicionales productos primarios? Por supuesto que, como ya hemos señalado en diversas ocasiones desde GESTAR, el primer mandatario argentino suele obviar a la producción industrial en su conjunto, que hasta abril de este año según el INDEC acumulaba una caída de 15 meses consecutivos (100la recuperación de mayo y junio apenas lograron totalizar un 0% de crecimiento industrial para el primer semestre de 2017). Pero retornando al agro, es preciso indagar qué significa industrializar los productos que brotan de nuestra tierra y por qué a pesar de contar con un sector rural pujante y avanzado en términos tecnológicos la exportación de materias primas ha vuelto a avanzar en detrimento de las MOA.
Lo primero que debemos destacar son las decisiones políticas de la Alianza Cambiemos que llevaron al sector manufacturero a la situación actual: a una semana de asumir en diciembre de 2015, el Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, carne y productos regionales, mientras que a las exportaciones de soja se les redujo el gravamen en un 5%. Si bien se puede discutir si había que hacerlo o no, o si la forma debía ser de manera gradual para no afectar súbitamente a la recaudación, lo que no se puede discutir son sus efectos y resultados. De primera mano podemos afirmar que lo que se realizó es una clara transferencia de recursos desde los sectores asalariados (100formales e informales) que reciben prestaciones directas (100AUH, pensiones, etc.) del Estado a sectores concentrados de la economía. De esta forma, las grandes empresas que controlan la gran mayoría del mercado exportador de granos (100Bunge, Cargill, Aceitera General Deheza, Nidera o Dreyfuss, entre otras) experimentaron un arribo de recursos que, en conjunto con la brusca devaluación que experimentó el dólar desde diciembre de 2015, se estima en 60.000 millones de pesos. No es casualidad que, tras esta y otras medidas (100como la quita de retenciones a la minería) que generaron una desfinanciación del Estado, la cual el Gobierno cubre con endeudamiento externo, se hable ya de una suba en la edad jubilatoria o de una reforma previsional ya que el sistema está quebrado. Ante estos “relatos” debemos ser claros: la recesión generada por las políticas económicas de Cambiemos, en conjunto con la quita o rebaja de impuestos que experimentaron diversos sectores concentrados de la economía, han generado una merma en la recaudación que hace que el Gobierno –fiel a su ideología- eche a correr rumores referidos a la privatización del sistema previsional.
Dediquemos ahora un tiempo a analizar algunas estadísticas que muestran los efectos de las políticas agropecuarias del Gobierno Nacional. Según el estudio del Intercambio Comercial Argentino (100ICA) que realiza el INDEC, la exportación de trigo aumentó de 4,25 a 10,14 millones de toneladas en 2016 con respecto al año anterior. El maíz por su parte, aumentó sus ventas al exterior de 16,71 a 24,49 millones de toneladas durante el mismo período histórico. Esto debería, por añadidura, debería (100en términos liberales) haber generado “por derrame” también una mayor industrialización de los cereales pero, ¿fue así? Veamos los números que muestra el Balance de Molienda que realiza cada año el Ministerio de Agricultura:
Para no extendernos demasiado en análisis estadístico y sumar más contenido a los resultados de política agropecuaria del Gobierno, hagamos un repaso de la evolución 2015-2016 de la exportación de las principales Manufacturas de Origen Agropecuario en base al INDEC:
El resultado es contundente: durante el primer año de gestión de la Alianza Cambiemos no sólo cayó la molienda de cereales, sino que también 10 de las 16 principales categorías de MOAs sufrieron caídas. El lector se preguntará entonces si para Mauricio Macri el campo se compone solamente los sectores concentrados que exportan granos y cereales, y la respuesta será que (100al menos observando su primer año de gestión) la mayoría del sector agroindustrial y de economías regionales se vieron fuertemente afectados. La reprimarización del agro trajo consigo una concentración de beneficiados en detrimento de una gran cantidad de emprendimientos, pymes y familias que viven de agregar valor a nuestras materias primas.
Ante esta problemática, ¿qué se puede hacer para tender a reparar este tipo de inequidades en las que algunos sectores dedicados a la comercialización de materias primas se benefician en detrimento de los que agregan valor, así como también los sectores del trabajo a los que se les deja de transferir recursos? Sin dudas, experiencias como el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio (100IAPI) merecen ser rescatadas y actualizadas en base a los desafíos del presente y de un futuro que se avizora turbulento en términos internacionales. Este organismo fue creado bajo la órbita del Banco Central mediante el Decreto 15.350 en mayo de 1946, a fin de centralizar el comercio exterior de productos tales como los de origen agropecuario y ganadero con poco valor agregado. Este sistema permitía comprar la producción mediante un sistema de precios, a fin de defender a los productores de posibles picos negativos ante los vaivenes de la economía mundial. De este modo, las rentas extraordinarias surgidas del intercambio comercial con el exterior se redirigían a fin de fomentar la adquisición de bienes de capital para sectores estratégicos de la industria (100incluido el agro) vía subsidios y créditos blandos, incentivos a la los bienes de consumo, e impulso a los distintos planes de obra pública, entre otros aspectos. Además, durante la primeras presidencias peronistas el Estado expandió y federalizó la red de ferrocarriles, mientras que también construyó una flota mercante de más de 150 embarcaciones (100a fin de abaratar los cuantiosos fletes que se pagaban por ese entonces a empresas extranjeras), en conjunto con la nacionalización de los puertos y los elevadores de granos. El congelamiento de los contratos de arrendamiento también contribuyó en ese sentido a bajar los costos de los pequeños productores, mientras se buscaba la formalización y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores mediante la creación del Estatuto del Tambero-Mediero (1001946), que complementaba al ya célebre Estatuto del Peón Rural de 1944. En materia de distribución de tierras, se destinaron múltiples tierras fiscales para agricultura familiar (100algunos de ellos compradas a privados) mediante préstamos con múltiples facilidades de pago a través de la banca pública, en lo que significó la asignación de casi medio millón de hectáreas de unidades productivas. La desconcentración de la tierra fue evidente (100aunque no suficiente): más del 65% de las unidades productivas correspondían a extensiones de tierra de entre 1 y 100 hectáreas.
En cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sector del agro, el Primer Plan Quinquenal impulsó la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que en coordinación con todos los centros de investigación del país estudiaba temas tales como el mejoramiento del suelo, la sanidad animal y vegetal, o investigaciones sobre genética o parasitología entre otras. Este organismo fue el antecesor del actual Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en lo que significó una tendencia vanguardista en conjunto con los fondos para investigación que se destinaban desde el IAPI.
De esta forma, queda claro que con voluntad política se puede revertir la actual reprimarización de nuestras exportaciones agropecuarias. Fortaleciendo el alicaído consumo interno (100que en materia de leche por ejemplo cayó en 2016 al nivel más bajo desde la crisis de 2001/02), controlando el flujo descontrolado de importaciones que afectan a economías regionales como la vitivinícola en El Cuyo o la fruticultura en el Valle de Río Negro, mejorando la competitividad mediante el abaratamiento de costos como el transporte (100vía ferrocarril y mejora de caminos rurales en articulación con municipios), o realizando más obras hídricas para prevenir el cambio climático se puede comenzar a pensar en un desarrollo integral de la cadena de valor que no se base solamente en la exportación de productos primarios. El financiamiento a bajo costo debe ser una Política de Estado, ya que es difícil imaginar a una institución financiera privada con incentivos a prestar dinero a bajo costo cuando instrumentos financieros como las Lebac incentivados por el Banco Central dejan mayor rentabilidad con menor riesgo. Es necesario también incentivar nuevamente a la exportación de productos con mayor valor agregado vía aranceles preferenciales, así como expandir la red de servicios regulando el valor tarifario en base a la capacidad productiva de cada unidad y crear un Programa Provincial de Riego.
Podemos seguir proponiendo medidas y proyectos, pero si la administración actual no cambia su visión de dejar todo librado a los vaivenes del mercado sin ningún tipo de intervención a favor de los sectores más sensibles de las distintas cadenas productivas, el resultado continuará siendo el de estos 21 meses de gestión de la Alianza Cambiemos: la concentración de beneficios en manos de unas pocas empresas comercializadoras en detrimento de los sectores agroindustriales que generan mayor valor agregado y mayor cantidad de puestos de trabajo calificados.