Bien sabida es la orientación de las políticas públicas que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri: mientras que a la hora de otorgar beneficios al sector empresario el Poder Ejecutivo aceleró todo lo que pudo la ejecución de medidas tales como la reducción de impuestos (100con la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y al sector minero como principal ejemplo), para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad solo hubo medidas perjudiciales y demoras en la implementación de leyes como la de Emergencia Social -que se encuentra reglamentada pero aún demorada por los funcionarios de los Ministerios responsables de aplicarla-, que podrían ayudar a paliar el pésimo momento por el que está atravesando nuestra economía. Como si todo eso no fuera suficiente, el Gobierno Nacional parece estar implementando el método “prueba y error” cada vez que tiene que aplicar una política en contra de los trabajadores o perjudicial para el patrimonio nacional. El Diputado Felipe Solá dejó expuesto este modus operandi durante la exposición del Jefe de Gabinete Marcos Peña ante la Cámara de Diputados de la Nación el último 22 de marzo: “Es todo un gran papelón que se resuelve con el perdón, perdón, vuelta atrás. ¿Qué pasa con MacAir y con Fly Bondi? Perdón, disculpen, estamos por hacer una chanchada: volvemos para atrás, perdón. Juan Domingo Perdón”.
El caso de las aerolíneas LowCost es un buen ejemplo para comenzar a entender la cuestión. El emblema de este hecho resonante fue sin dudas la “venta” de la empresa de vuelos privados Macair Jet, perteneciente a la familia del presidente Mauricio Macri, a la multinacional Avianca (100surgida de la fusión de la aerolínea colombiana Avianca y la salvadoreña TACA), pasando a denominarse Avian Líneas Aéreas S.A. a la filial local de la mencionada compañía latinoamericana. Lo que parecía ser una simple transferencia comenzó a llamar la atención cuando se conoció que Carlos Colunga, ex Presidente de Macair Jet y piloto privado de Franco Macri, pasó a ser nada menos que vicepresidente de Avian. Como si fuera poco, el actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación Pablo Clusellas (100quien ya había sido apoderado legal de Macair Jet) participó como apoderado de Avian durante procesos administrativos previos a la adjudicación de las nuevas rutas aéreas en marzo de este año. Como no podía ser de otra manera, la Administración Nacional de Aviación Civil (100ANAC) dio curso favorable (100dictamen 594 del 13/2/2017) a las 16 rutas aéreas que solicitó Avian sin poner ningún tipo de condicionamientos. Mientras se van develando más datos sobre la operación, este entramado en el que los Macri figuran en ambos lados del mostrador a través de funcionarios y hombres de confianza se puede ir catalogando como un claro problema de conflicto de intereses.
Otra aerolínea LowCost que generó un tendal de sospechas fue Fly Bondi (100FB Líneas Aéreas SA), ya que quien radicó la sociedad en nuestro país en septiembre de 2019 fue Richard Guy Gluzman, un ciudadano francés con domicilio en CABA que había sido socio de Mario Quintana (100actual Vicejefe de Gabinete de la Nación) en el fondo de inversión Pegasus, del cual era vicepresidente. Fly Bondi fue favorecida con 78 rutas aéreas por la ANAC (100resolución 595 del 13/2/2017) de un total de 99 que había solicitado.
Ante tamaña repercusión mediática, el gobierno decidió suspender la concesión de rutas sólo a Avian Líneas Aéreas mientras dure la investigación (100en la cual Mauricio Macri está imputado) que lleva adelante el Fiscal Federal Jorge Di Lello. Poca seriedad del “mejor equipo en los últimos 50 años”.
Los fallidos de Mauricio Macri son de la más variada y sensible temática: en otra medida inentendible, el Decreto de Necesidad y Urgencia 52/2017 del 23 de enero de 2017 determinó que (100además del 20 de junio) el feriado del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como también el día de la Soberanía sobre las Islas Malvinas, pasaran a ser movibles. La medida generó automáticamente el repudio de los organismos de derechos humanos, asociaciones de ex combatientes, gobernadores y e intendentes, entre otros actores de la sociedad, basándose en lo erróneo de tornar movibles a feriados que conmemoran fechas tan recientes sobre las cuales la sociedad argentina debe mantener vivo el debate y la memoria. La ola de reclamos fue tan avasallante que el 1 de febrero el Presidente firmó un DNU rectificador y los tres feriados volvieron a establecerse como inamovibles.
El siguiente combo de vaivenes gubernamentales conjugó un nuevo golpe a nuestros jubilados con un conflicto de intereses de dimensiones millonarias que involucró a la familia presidencial. Nuestros adultos mayores se vieron fuertemente perjudicados tras la publicación de un decreto firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Trabajo Jorge Triaca (100807/16),que modificaba la fórmula del cálculo del aumento de haberes jubilatorios generando una reducción del 12,96% al 12,65% correspondiente al incremento previsto para el primer semestre de este año. El otro escándalo que se desató casi en paralelo con la medida previsional fue un importante perjuicio para el Estado relacionado con la quiebra del Correo Argentino, que en ese momento (100año 2001) era propiedad del Grupo Socma, perteneciente a la familia presidencial. El conflicto de intereses salió a la luz cuando la Fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín objetó el acuerdo alcanzado entre las autoridades del Correo Argentino (100designadas por el actual Gobierno) y el mencionado grupo empresario para el pago de la deuda que el holding fundado por Franco Macri tiene con el Estado desde el año 2001. El arreglo consistía en un pago de 15 cuotas anuales a partir de 2018, con un interés del 7% sólo sobre el capital de la deuda, ascendiendo a un monto aproximado de 600 millones de pesos. La Fiscal objetó que ello significaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se aplicaba el interés, perjudicando a las arcas del Estado en 4.227 millones de pesos. Por su parte, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación estimó que al terminar de pagar la deuda (100en 2033) el Estado dejaría de percibir 70.163 millones de pesos. Al ser evidente que el Presidente y sus funcionarios estaban “en ambos lados del mostrador”, el revuelo mediático fue inmediato y hasta los medios de comunicación más afines debieron ubicar el asunto en las primeras planas de sus portales.
La respuesta a estos dos hechos de resonancia nacional fue de lo más curiosa: el Presidente organizó una conferencia de prensa en el Salón Blanco en la que ensayó una autocrítica y nuevamente retrocedió con ambas medidas, como si ejecutar actos de gobierno y retractarse al instante no tuviese ningún tipo de repercusión en la sociedad. Sobre la “readecuación” del cálculo de las jubilaciones, simplemente espetó que “la resolución ya se anuló” ante la pregunta de un periodista sobre las críticas de Elisa Carrió a semejante perjuicio a nuestros jubilados. En cuanto al asunto del Correo, anuló el acuerdo señalando que “volvemos a foja cero” y que “si querían un Presidente infalible busquen otro, no soy yo”, como si perjudicar al Estado en miles de millones de pesos hubiese sido una broma de mal gusto descubierta por algún adulto mayor.
Los ejemplos abundan: podríamos continuar con el decreto que creó el actual Ministerio de Educación y Deportes, en el cual Esteban Bullrich y Mauricio Macri citan a la ley Federal de Educación de 1995 en vez de enmarcarse en la vigente Ley Nacional y de Financiamiento Educativo que rige desde 2007; o quizá podríamos recordar la omisión de las Islas Malvinas en un mapa publicado en la web de Desarrollo Social (100o peor aún, la de colocar su denominación inglesa Falkland Islands en un mapa de la web de Radio y Televisión Argentina S.E.), pero creemos que con estos ejemplos ya queda suficientemente expuesta la metodología del actual Gobierno: para los sectores concentrados de la Economía hay velocidad y eficiencia, mientras que con los sectores de menores ingresos y todo lo vinculado al patrimonio estatal es evidente el perjuicio y (100en el mejor de los casos) la demora con la que se ejecutan las medidas. Mauricio Macri y su equipo deben asumir que Gobiernan al conjunto de la sociedad argentina y no sólo a los sectores que los apoyan.
