3 de julio de 2013
Instituto Gestar

Justicia social

A partir de la asunción de Néstor, los indicadores sociales mejoraron notablemente, destacándose la caída en los niveles de indigencia y pobreza, demandas de la primera hora. Pero también, en el afán de subsanar el tejido social que encontró lastimado, el entonces Presidente afirmó la necesidad de volver a integrar la sociedad a través del trabajo y la educación, ejes centrales para la integración nacional.


La educación fue una prioridad para Néstor Kirchner desde el inicio de su mandato. Sus primeras acciones como Presidente demostraron una marca distintiva de su gobierno: la revalorización de la escuela pública como actor central para la integración social. Las escuelas que en los 90 (100debido al alto desempleo y la pobreza) eran escuelas-comedor, pasaron a convertirse en espacios de sociabilización entre pares a través de la igualdad y la equidad.
Un punto fundamental para el alcance concreto de las metas educativas planteadas fue el objetivo de destinar no menos del 6% del PBI (100hoy ya superado) al presupuesto educativo (100en 2003 se destinaba poco más del 2%). La calidad educativa en esta década se definió también a partir de la mejora en la infraestructura escolar: los programas “700 Escuelas”, “Más Escuelas” y “Más Escuelas II” convirtieron estos diez años en el segundo período de mayor construcción de infraestructura escolar en la historia nacional, después del plan quinquenal de Juan Perón desarrollado entre 1947 y 1951.
Atendiendo a la enorme incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación(100TIC) en este nuevo siglo, el Gobierno Nacional implementó en 2010 el Programa “Conectar Igualdad” con el objetivo de democratizar el acceso a los bienes tecnológicos, disminuyendo la brecha digital existente. Hoy, con más del 75% del programa cumplimentado, ya se han entregado más de 2,5 millones de netbooks a estudiantes secundarios de todo el país.
El sistema sanitario argentino fue uno de los más afectados por la creciente mercantilización de los servicios estatales durante el modelo neoliberal, y la descentralización y desfinanciación del sistema terminaron por hacer estragos sobre las condiciones de salud de las poblaciones más vulnerables.
En este marco de desprotección social se creó el Plan Nacer, destinado a mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños/as menores de 6 años sin obra social. Este Plan evidenció un notable crecimiento de inscriptos desde el momento de su creación y más adelante por la obligatoriedad de cumplir con los controles sanitarios establecidos por la Asignación Universal por Hijo (100AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (100AUE). Mientras que en 2003 el Plan Nacer tenía 977.000 inscriptos registrados, hoy tiene 1,8 millones.
Porque la prevención de la salud también pasó a ser un eje de la intervención estatal para la inclusión social, el proyecto nacional determinó la ampliación del Calendario Nacional de Vacunación, duplicando la cantidad de vacunas obligatorias respecto de 2003. Y como la medicina preventiva no puede estar ajena a la medicina curativa, se puso énfasis también en la democratización del acceso a los productos farmacéuticos a través del Programa Remediar, fortaleciendo las redes de cobertura en todo el país. Como resultado tenemos que entre 2003 y 2012 se atendieron 15 millones de personas, se proveyeron 1.600.000 botiquines, se concretaron 326 millones de tratamientos y se realizaron 512 millones de consultas médicas. Esto significó más argentinos sanos, con cobertura de salud del Estado a su servicio, y cerca, en su barrio.
Otros dos indicadores demuestran que este proyecto nacional apostó y apuesta por la vida y el futuro del país. La esperanza de vida general tanto para varones como para mujeres pasó de 74,28 años en el período 2000-2005 a 77 años en 2011, con mayor incidencia en mujeres que en varones. Por otra parte, la mortalidad infantil ha evolucionado muy favorablemente; mientras que en 2003 la tasa era de 16,5 por cada mil, para 2012 había bajado a 11,2 por mil.
“Riesgo” es la palabra que define la situación en la que quedaron miles de argentinos luego de las décadas perdidas de ortodoxias neoliberales en nuestro país. Riesgo económico porque el trabajo en condiciones formales terminó siendo un privilegio, y riesgo social porque un Estado dirigido a la valorización financiera dejó de mirar al trabajador como sujeto de derecho.
El proyecto nacional vino a poner certidumbres sobre las diferentes situaciones de riesgo que aquejaban a los argentinos y argentinas luego del estallido de la crisis de 2001-2002. Como ejemplo, mientras que en 2003 la cantidad de jubilaciones y pensiones era de 3.158.164, para principios de este año ya sumaba 5.886.585, ampliando considerablemente la cobertura social de millones de argentinos y argentinas.
Dos programas centrales, el de Inclusión Previsional y la AUH, y varias medidas que los complementaron luego, contribuyeron fuertemente a que hoy seamos un país líder en cobertura de seguridad social en toda América Latina.
La recuperación de los fondos de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (100AFJP) para destinarlos al sistema productivo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (100FGS), creado también por este gobierno; los dos aumentos por año (100por ley) que tienen hoy todas las jubilaciones y pensiones (100abandonando la “era del hielo” de los 90); la ampliación y diversificación de las prestaciones del PAMI, etc., fueron decisiones que se tomaron en pos de tener un sistema previsional que fuera mejor y más inclusivo, asegurando una vejez digna para todos nuestros abuelos y abuelas. Actualmente el sistema es mejor porque la jubilación mínima aumentó 1.443% de 2003 a la fecha y más incluyente porque la Argentina tiene la cobertura previsional más alta de toda América Latina: el 94,3% de los argentinos en condiciones de ser sujeto jubilatorio tiene cobertura social (100en 2003 era 66%). En segundo lugar en la región se encuentra Brasil, con un 89,5%; seguido por Uruguay, con 78,9%; Chile, con 72,8%, y México, con 34,5%. Por supuesto, resarcir las carencias de este grupo extremadamente vulnerable requirió un enorme compromiso y voluntad política, por lo que el gasto en jubilaciones y pensiones como porcentaje del PBI casi se duplicó, pasando de 4,1% en 2003 a 7,7% en 2012.
La puesta en marcha de la AUH y luego de la AUE significó una nueva relación del Estado con los sujetos incluidos a través de los programas sociales respecto de la década pasada. Dejando de lado las políticas sociales asistencialistas, estas nuevas políticas de inclusión vinieron a enlazar de manera directa al Estado con el sujeto, sin intermediarios que pudieran intervenir y desvirtuar sus objetivos; proteger y cuidar a los grupos más vulnerables y otorgar seguridad económica a quienes aún se encuentran desocupados o fuera del circuito formal de trabajo. Son decisiones de justicia redistributiva que hoy se traducen en 64.000 embarazadas con controles periódicos de salud a través del Plan Nacer, y 1,7 millones de familias y 3,3 millones de niños incluidos en el sistema escolar y de salud que ahora gozan de libertad para planificar su rutina familiar, decidiendo qué comer, cómo vestirse y cuándo disfrutar momentos de recreación, fortaleciendo a la familia como unidad central de la organización social. Es importante mencionar que mientras que en 2003 el gasto en asignaciones familiares representaba 0,47% del PBI, en 2012 aumentó a 1,1%.
En esta década ganada, el modelo económico productivo se articula también a través de la economía social y solidaria. Con el objetivo de potenciar el desarrollo de las personas y poner el eje en el trabajo como factor de organización popular y dignificación del ser humano, se pusieron en marcha distintos programas para incluir a personas en situación de vulnerabilidad social a través del empleo digno: Microcréditos, Ingreso Social con Trabajo, Monotributo Social, etc.
Como ejemplo, la promoción del microcrédito a través de la ley 26.117, sancionada en 2006, permitió el otorgamiento de 320.000 microcréditos para microemprendedores, destacándose además el alto porcentaje de devolución de los mismos, lo que permite no sólo reforzar la confianza sobre el sistema sino también reiniciar el círculo de financiamiento entre las organizaciones sociales.
Es así que este 2013 nos encuentra con un país en plena consolidación, con objetivos claros señalados por nuestra doctrina de justicia social. Nunca, ninguna acción de este proyecto nacional fue ni podrá ir en contra de ese propósito que dio origen a nuestro movimiento aquel 17 de octubre de 1945.

 

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