Estamos viviendo en América Latina, una vez más, un proceso que amenaza la estabilidad democrática de la región. Hoy es el turno de Brasil, nuestro socio estratégico y pueblo hermano. Ha sido aprobada por el Senado la resolución que abre el juicio político contra la presidenta Dilma Roussef a través de un proceso viciado e inconsistente jurídicamente al punto de que fue calificado como una “farsa jurídica”.
Desde el momento mismo de la celebración de las elecciones, los partidos de la oposición de Brasil cuestionaron el proceso eleccionario, pidieron recuento de votos, y luego, como esta estrategia no funcionó, comenzaron a trabajar para lograr el impeachment.
Trabajaron sobre la idea de convertir supuestas irregularidades en la gestión en delitos para judicializar la investidura presidencial. La presidenta Roussef está siendo juzgada por algo que la ley le autorizaba a hacer, incluso dichos actos, fueron ejecutados por otros presidentes anteriormente.
Resulta evidente, que lo que está en cuestión no es un delito derivado de la gestión, sino que se trata de impedir la continuidad de las políticas llevadas adelante por el gobierno liderado por el PT, que significaron conquistas sociales, ascenso social para el pueblo brasileño y un proyecto de integración latinoamericana. Aquí no está en juego tan solo un mandato presidencial, la figura de Dilma o el Partido de los Trabalhadores, sino que se está ignorando la voluntad soberana del pueblo brasileño, que hace apenas un año y pocos meses la eligió en forma mayoritaria para que gobierne el país.
Por otra parte, preocupan las declaraciones del gobierno nacional argentino. No han manifestado ningún respaldo a la mandataria brasileña democráticamente electa y se han limitado a señalar su “respeto por los procesos institucionales”. Peor aún, solo les preocupa el “impacto económico” que podría tener en nuestro país como expresó el jefe de gabinete, Marcos Peña. Desde el punto de vista diplomático, la canciller Malcorra apoya implícitamente el impeachment cuando manifiesta su deseo de trabajar con las nuevas autoridades.
Desde Gestar, el Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo al Partido de los Trabajadores, a la presidenta Dilma Roussef y a todo el pueblo brasileño por la gravedad de la situación institucional que están atravesando y hacemos público nuestro deseo de que la voluntad del pueblo sea respetada.
